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Arranca Madrid Central en medio de una guerra política y a la espera de la decisión de los tribunales

Manuela Carmena y Ángel Garrido, el día de la fiesta de la Almudena, en Madrid. / Efe

Sofía Pérez Mendoza / Fátima Caballero

La intensa campaña del PP contra Madrid Central no ha logrado frenar su puesta en marcha, al menos por el momento. La capital estrena este viernes unas restricciones pioneras al tráfico más contaminante en 472 hectáreas del distrito centro. El proyecto, que coloca a Madrid en la vanguardia de la lucha contra la polución, entra en vigor en fase informativa a partir de las 12 de la noche: desde esta hora solo podrán transitar por buena parte del centro los residentes y el transporte público. Los no residentes podrán acceder pero siempre que tengan permiso especial o estacionen en un parking.

Es la medida estrella del Gobierno municipal de Manuela Carmena pero su implantación, enmarcada en una batería de medidas que se toman por salud pública y para evitar una sanción de Europa, ha quedado marcada por el enfrentamiento político. Pese a que Madrid Central se ha retrasado en tres ocasiones, este 30 de noviembre echa a andar sin que las administraciones autonómica (PP) y local (Ahora Madrid) se hayan sentado a dialogar, sin un plan acordado de transporte público y con la incertidumbre de que la justicia frene la medida una vez arrancada.

“Es un proyecto liberticida de Carmena financiado con el dinero de todos los madrileños”, escribía el PP de Madrid en un tuit en la víspera de la puesta en marcha. “Va a ser absolutamente un caos”, anticipaba, esta vez en la radio, el vicepresidente del Gobierno, Pedro Rollán.

La Comunidad de Madrid ha abanderado el boicot al proyecto que pretende reducir un 40% las emisiones contaminantes en el área central. El Gobierno del PP ha encontrado en esta apuesta de movilidad su zapato a medida para mantener el pulso al Ayuntamiento de Madrid en víspera electoral, pese a que nadie en el Ejecutivo ni en el partido se atreve a afirmar que, si vuelven a gobernar en la capital, revertirán las restricciones totalmente.

“Hay que hacer las cosas ordenadamente, de lo contrario, sin alternativa, se garantiza el atasco. Y donde hay un atasco, hay más contaminación”, justificaba el número dos del Gobierno regional en una entrevista este jueves en Onda Cero. En la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, aseguran que no están “en contra de tomar medidas para reducir el tráfico”. “El problema es cómo se ha gestionado”, añaden.

La ofensiva ha llegado lejos. Concretamente hasta los tribunales con dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dejan el proyecto más ambicioso de Carmena en un limbo hasta la semana que viene. La sala ha retrasado su pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas para paralizarlo hasta entonces. Y aunque el propio Gobierno regional confía poco en las posibilidades de éxito, máxime tras el primer fracaso de una petición de cautelarísimas por parte de una asociación automovilística, podría darse la circunstancia de que Madrid Central se frenara una vez puesto en marcha.

Hasta entonces, la Comunidad de Madrid está determinada a estirar la guerra, que también se libra por otros bandos: el PSOE, el aliado de Carmena en el Ayuntamiento, se ha retratado dividido ante la medida y secretario general regional, José Manuel Franco, se ha mostrado partidario de retrasarla.

El enfrentamiento político de todos estos meses ha imposibilitado algo que afecta a todos los ciudadanos: no existe, a 30 de noviembre, ninguna planificación coordinada entre administraciones para crear plan de contingencia ante las restricciones. Ayuntamiento y Comunidad solo han sido capaces de sentarse en una mesa para hablar sobre Madrid Central en una ocasión.

El pasado 26 de octubre, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y la consejera de Transporte, protagonizaban una foto de cese de hostilidades inédita que, sin embargo, solo duró unas horas. El presidente regional, Ángel Garrido, salió entonces a enmendar la plana a su consejera. La guerra continuaba porque los de Carmena solo les habían presentado, argumentaron, “10 folios” para justificar Madrid Central. Un mes después llegó el primer recurso contra el Ayuntamiento de Madrid por, según el argumentario del PP, invadir competencias. Este lunes, llegó el segundo, que se sostiene sobre la idea de que la aprobación de Madrid Central es un acto “nulo de pleno derecho”.

El impacto de la medida en el transporte público se ha cuantificado con cifras muy dispares, en función de quien las aporta. El presidente, Ángel Garrido, agitó el fantasma del caos con la advertencia de que el número de viajeros se dispararía en 300.000, un dato que el Ayuntamiento salió a desmentir. “Si, como dice el consistorio, hay 60.000 viajeros más, si esas son las magnitudes, Metro podría absorberlo”, ha dicho este jueves el número dos de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán.

Se da la circunstancia añadida de que Madrid Central llega en el peor momento posible para el suburbano: los sindicatos están en pie de guerra contra la dirección, a la que señalan por la falta de maquinistas y la gestión de la crisis del amianto. Según los últimos datos aportados por los representantes de los trabajadores, uno de cada cinco trenes no salen de las cocheras por falta de personal que los conduzca. Y los intentos de la empresa pública por reclutar de urgencia maquinistas no ha sido todo lo exitosa que se esperaba.

Pese a ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que “Metro tiene capacidad para absorber más viajeros”. El Ejecutivo accede a regañadientes a tomar a reforzar este medio de transporte para “paliar el impacto” ––Metro de Madrid es de su plena competencia–, aunque vuelca toda la responsabilidad “en la alcaldesa”. “Si se produce un colapso en la oferta, ella será la única responsable”, ha afirmado Rollán.

“Un día histórico”

Mientras desde la Comunidad de Madrid vaticinan el caos, el Gobierno de Manuela Carmena define como “histórico” para la ciudad la puesta en marcha de la medida. “Es un momento muy importante”, ha dicho este mismo jueves Inés Sabanés, la concejala del Área de Medio Ambiente y Movilidad que ha capitaneado la iniciativa municipal. La medida, en palabras de Sabanés, “pone la salud de la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y de la actuación del Gobierno municipal”.

El Gobierno de Ahora Madrid considera un “ataque” a su autonomía local y una “irresponsabilidad” del PP los recursos que la Comunidad de Madrid ha interpuesto contra la medida. Madrid Central se enmarca dentro del Plan A de Calidad de Aire, una batería de 30 medidas para luchar contra la contaminación. Este conjunto de medidas ha librado a España de ser multada por la Comisión Europea por los altos índices de polución, una sanción que podría haber ascendido hasta los 2.700 millones de euros, según los datos de Bruselas. España se libra por el momento de los tribunales comunitarios a diferencia de otros seis países, entre ellos Alemania y Francia.

Para la Comisión Europea, las medidas presentadas por Madrid y Barcelona (que también incumple los niveles de contaminación permitidos), “parece que abordan correctamente los huecos identificados”. Aunque avisó que seguiría “vigilando de cerca la implementación de estas iniciativas y la efectividad en reacomodar la situación lo más pronto posible”.

Inés Sabanés viajó el jueves de la semana pasada a Bruselas para pedir el amparo del Ejecutivo comunitario tras los recursos de la Comunidad. La Comisión europea se comprometió entonces a enviar una carta a los diferentes gobiernos, y en concreto al regional, para recordar la obligación de respetar y cumplir directivas europeas de calidad del aire.

La delegada de Movilidad y Medio Ambiente del Consistorio defiende que el recurso del Gobierno regional que tacha de “deslealtad institucional” quiere desviar la atención sobre los problemas que ya tiene actualmente Metro. “Toda la agresividad de la Comunidad de Madrid contra el Ayuntamiento tiene que ver con tapar los problemas reales de la empresa de transportes”, asegura Sabanés a eldiario.es. “Es una situación seria y nos tenemos que sentar a organizar, pero para eso el Gobierno de Garrido debe admitir que tiene un problema”, defiende la concejala. “Negando la mayor no se va a solucionar el problema y llevando el debate a otros derroteros tampoco”, afirma.

Sabanés volvió a hacer un llamamiento para que el Consorcio regional de Transportes siente a todas las administraciones para abordar las insuficiencias de Metro. “Abogamos por la cooperación institucional y volvemos a poner sobre la mesa la disposición del Ayuntamiento para ayudar a solucionar los problemas”. La delegada de Movilidad y también presidenta de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) asegura que el Consorcio estaría dispuesto a redoblar esfuerzos con el transporte municipal para paliar las deficiencias de Metro como ocurre cuando hay obras de mejoras en las líneas.

Sin sanciones hasta marzo

Hasta al menos el mes de marzo el Ayuntamiento de Madrid no prevé multar por el incumplimiento de las normas de Madrid Central, por eso tachan de “estéril” los ataques de la Comunidad de Madrid a la medida. No será hasta enero cuando comiencen los dos meses de prueba del sistema informático de gestión de multas de Madrid Central. Durante este tiempo, se enviarán comunicaciones sin multa a las personas que incumplan la normativa. En caso de reiteración, se enviará una segunda carta a los 15 días. Hasta entonces, serán los agentes de movilidad los que se encarguen de realizar una labor informativa.

A las tensiones políticas se suman las protestas de varios colectivos (padres y madres de colegios o comerciantes) que rechazan la medida porque consideran que el Ayuntamiento no les ha tenido en cuenta a la hora de ponerla en marcha. El PP se ha volcado con las protestas, que no han cesado, y un día antes de la puesta en marcha de Madrid Central hasta ha anunciado 150.000 euros públicos para financiar una campaña que promueva el comercio de proximidad en las zonas afectadas, según El Mundo. Algunas asociaciones de comerciantes se han quejado de las pérdidas ocasionadas por las obras de Gran Vía y alertan de que el cierre parcial al tráfico privado en el centro les afectará aún más.

Los autobuses tardan menos

En las primeras horas de aplicación de las restricciones al tráfico, el transporte público ha notado el impacto. Según datos provisionales difundidos por la EMT, entre las 7 y las 9 de la mañana los autobuses urbanos que recorren Madrid Central han tardado un 24,2% menos en hacer los recorridos que hace una semana. Las velocidades de recorrido han aumentado un 21,9%.

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