Madrid da el primer paso para blindar por ley un mínimo de personal en las residencias de mayores

La Comunidad de Madrid da el primer paso para poner en marcha una ley que blinde un mínimo de personal e instalaciones en las residencias de mayores. La Asamblea ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de Podemos, con el apoyo de PSOE y la abstención de Ciudadanos, que aumenta las ratios de profesionales por residente y las establece en función de su grado de dependencia, según ha explicado el diputado Raúl Camargo. 

El PP ha votado en contra de la iniciativa porque, a su juicio, el Gobierno ya está actuando para atajar las deficiencias que admitieron el año pasado. Tras la apertura de investigaciones judiciales en dos centros por la muerte de residentes, el Ejecutivo presentó un plan para contratar a 1.000 trabajadores en cuatro años y reconoció que nueve de las 25 residencias enteramente públicas precisaban “una actuación intensiva e inmediata”. 

El texto de Podemos establece las ratios en cada categoría según el nivel de dependencia de los usuarios: de cinco auxiliares en el más bajo a 16 para el más alto por cada 100 residentes. “Una media de una auxiliar para atender a 8 o 9 usuarios, cuando ahora cada una tiene 13 o 14 a cargo y no dan abasto”, asegura Camargo, que defiende la “necesidad” de esta ley ante la “ausencia de voluntad” del Gobierno de aprobar un decreto con estas medidas. “Solo hay un acuerdo interministerial del año 2008”, agrega. 

La propuesta de ley, aplicable a las residencias sostenidas con dinero público (sean públicas o concertadas) obliga también a unas superficies mínimas y dotación inmobiliaria por residente en las zonas comunes, el comedor y las habitaciones; además de ventilación natural en todos los espacios, con ventanas que permitan mirar al exterior estando sentados. También introduce una “persona de referencia” para cada residente y la creación de un órgano de participación de los usuarios: el consejo de residentes. 

“No podemos esperar más y en todo este tiempo lo que ha hecho el PP es negar la realidad y decir, que la situación es penosa en las residencias”, ha criticad Camargo, que ha incidido en las “carencias” que hay en estos centros residenciales, tanto de personal como de atención. 

El parlamentario socialista José Gómez Chamorro, durante el turno de posición a favor, ha instado a “mejorar e intensificar los derechos de los trabajadores de los centros residenciales”, algo que queda reflejado en esta ley que “requiere consenso”. “Esta ley recoge un relato lamentable de lo que está pasando en las residencias públicas tanto de gestión directa e indirecta”, ha lamentado.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero ha reconocido que las residencias “arrastran problemas con carencias importantes en plantilla, ratios e infraestructuras”, que tienen consecuencias de “deficiencias en la atención a los mayores”. “El Gobierno ha sido incapaz de sentarse con los grupos. La inacción del señor izquierdo es el origen de esta proposición”, ha zanjado. Ciudadanos se ha abstenido y “enmendará en profundidad” el texto, “defectuoso en su técnica jurídica”, según el diputado Reyero. 

Tras aprobarse la iniciación de la andadura parlamentaria de esta normativa, el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha señalado en los pasillos de la Cámara regional que su Consejería está trabajando “más que nunca” en el tema de las residencias de la Comunidad de Madrid. Izquierdo asegura que se ha incrementado el personal y el plan de residencias “se va cumpliendo”. “Podemos tenía el déficit de que nunca habían prestado atención a estas personas y por eso han presentado esta ley, porque quieren posicionarse con las personas mayores”, ha concluido el consejero.