Tras meses negándolo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid admite que al menos nueve de las residencias de mayores que gestiona precisan “una actuación intensiva e inmediata” para paliar sus deficiencias asistenciales: más profesionales y reconocer que los ancianos se han convertido en grandes dependientes.

Lo hace presentando un plan sin detallar con una nota de prensa y después de que dos de sus centros estén investigados judicialmente por la muerte de algunos residentes. Lo hace después de que el consejero encargado, Carlos Izquierdo, despachara las críticas de los profesionales ante la falta de medios con un “ladran, luego cabalgamos” en el Parlamento regional.

Dos de las primeras residencias citadas entre las nueve con necesidades urgentes son precisamente las investigadas en los tribunales, las de los municipios de Arganda del Rey y de Alcorcón. El plan se refiere justamente a las carencias que han sido negadas tras los accidentes de los internos, las quejas de los profesionales y las denuncias de los familiares.

Prevén ahora contratar a 1.000 trabajadores en los próximos cuatro años que reducirán la ratio de profesionales por residente, además de reconocer que los internos “presentan cada vez más un perfil de mayor dependencia” y, por lo tanto, sus necesidades han cambiado.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, muy crítica con la gestión de estos centros, dice que no ha sido consultada para elaborar esta estrategia. Aun así se felicitan de que “tanto el Gobierno del Partido Popular como la Consejería reconozcan lo que tanto han negado”. “Para mí, lo único positivo es que esto viene a demostrar que no estaban funcionando bien”, apunta su portavoz, María Ángeles Bueno. El Ejecutivo asegura que invertirá 30 millones de euros en el denominado Plan de Residencias 2017-2020.

Ante la Fiscalía por falta de personal

El equipo gestor del centro de Arganda, fue llevado ante la Fiscalía por uno de sus trabajadores. Un enfermero del turno de noche aseguró que la falta de personal estaba relacionada con la muerte de una residente tras semiamputarse un pie al caer de una cama, un hecho sobre el que ya habían alertado sus compañeros años antes.

En el caso del centro de Alcorcón, los juzgados de primera instancia del municipio están investigando dos fallecimientos, el de una interna cuya familia entiende que se debió a la deficiente atención. También se está instruyendo el caso de un hombre que apareció muerto en el jardín de la residencia, su cuerpo permaneció allí hasta que los trabajadores se percataron.

Las medidas presentadas recogen algunas de las reclamaciones que trabajadores y familiares llevan años realizando, sin que el Gobierno las haya reconocido hasta ahora.

Durante estos meses, en los que la asistencia a mayores se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Cifuentes, la postura oficial se ha limitado a asegurar que la calidad prestada en estos centros era la adecuada, que se cumplían las ratios establecidas y obviaban de esta forma que el cambio de perfil de los residentes, muchos ya no se valen por sí mismos, aumentaba la carga de trabajo.

“Este plan busca mejorar la calidad atención de todos los usuarios, de todos los mayores dependientes. Sobre todo, adaptarnos a las mayores realidades, esa mayor dependencia y una apuesta por lo sociosanitario”, ha reseñado Izquierdo este miércoles. Esta postura es diferente a la que adoptó este verano, cuando llegó a asegurar que no era necesario más personal sanitario porque estos centros “no son un hospital”.

Sobre el aumento de personal, que permitirá rebajar las ratios, una de las reclamaciones que más han repetido trabajadores y familiares, el Gobierno regional asegura que prevén “un incremento superior al 25% en la plantilla de enfermeros y del 15% en auxiliares de enfermería”.

Las infraestructuras precarias, así como la falta de refrigeración en las habitaciones, ha sido otra reivindicaciones que los residentes llegaron a trasladar este verano a la presidenta regional en una concentración que organizaron frente a la sede la Comunidad de Madrid.

La estrategia promovida recoge inversión para material, aunque no cifran la cantidad. De esta manera, informan que intentan centrarse en sistemas de seguridad que puedan sustituir en un futuro a las sujeciones, como camas “superbajas” o sensores para prevenir caídas. También han anunciado un “servicio de apoyo psicológico a los usuarios y sus familiares”.

“¿Por qué no han actuado antes?”

“Si ellos eran conscientes de que existía un problema, ¿por qué no han actuado hasta que no ha habido un fallecimiento? ¿qué hubiese pasado si mi denuncia no hubiese sido pública?”, se pregunta Jesús Navarro, el enfermero de la residencia de Arganda que llevó ante la Fiscalía la muerte de una anciana. Este profesional considera que llega tarde el anuncio y que el Ejecutivo pretende “acallar una situación que es insostenible”, así califica la atención diaria que presta él y sus compañeros en estos centros. “Este plan no está presupuestado, no sé de dónde van a sacar el dinero”, incide.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores lamenta que el plan se programe a cuatro años vista y no se centren desde el Gobierno de Cifuentes en “actuar hoy y ahora”. “Los residentes que hoy padecen esta situación no tienen tiempo para llegar al 2021, son tiempos políticos”, apunta Bueno.

Entre las críticas que reseña, recuerda que solo se va a actuar de forma prioritaria en nueve de las 25 residencias que dependen de la Comunidad de Madrid. “Obvian las de gestión indirecta, que no se tienen en cuenta, se encuentran en una situación peor que las públicas. Ahí se va al beneficio, a un concurso a la baja”, responde.

Esta situación fue denunciada por una doctora del centro San Sebastián de los Reyes, gestionado por el grupo Albertia, que denunció previamente a ser despedida que no podía prestar una asistencia de calidad porque el interés de los gestores se centraba en “ganar dinero”.