Madrid regulará el servicio de coches, motos y bicis compartidas para extenderlo fuera de la almendra central
Los vehículos de movilidad compartida estarán sujetos a control por parte del Ayuntamiento de Madrid. Así se establece en la ordenanza de Movilidad Sostenible que se aprueba este jueves en la Junta de Gobierno y a la que ha tenido acceso eldiario.es. El documento definitivo tiene un apartado específico sobre carsharing, motosharing y alquiler de bicicletas sin base fija (es decir, distintas a Bicimad), servicios gestionados por empresas privadas que tendrán que rendir cuentas con el consistorio al moverse en el espacio público de la ciudad.
El objetivo es que estos vehículos no se concentren solo en la almendra central de la ciudad sino que se distribuyan por todo el término municipal y los usuarios puedan tener garantizado el servicio en más zonas. Por eso, la ordenanza, que aún debe ser aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Madrid para poder entrar en vigor, permite al Gobierno municipal “adoptar medidas para reequilibrar territorialmente” estos servicios y “limitar el número de vehículos en el espacio público por motivos de seguridad vial, ciudadana, protección del tránsito peatonal y otros debidamente justificados”.
Para conocer cómo se distribuyen, el Ayuntamiento obligará a las empresas a que sus vehículos –ya sean coches, motos o bicicletas– se puedan “geolocalizar”, de manera que el consistorio pueda conocer cómo se distribuyen los flujos. En la ciudad de Madrid operan actualmente, según datos del Ayuntamiento, tres empresas de bicicletas (Mobike, Obike y Donkey); cuatro de motos (Ecooltra, Mooving, Movo, Ioscoot, Coup) con una rápida implantación y tres de coches (Zity, Emov y Car2go).
Fuentes del área de Medio Ambiente aclaran que la ordenanza abre la puerta a que, si hay problemas de acumulación de vehículos, se elabore un concurso público para establecer puntos de base fijos para los coches, bicicletas o motocicletas. “Eso se traduciría en distribuir el espacio público de manera que cada empresa tenga la obligación de garantizar que parte de sus vehículos están, por ejemplo, a las 12 de la noche aparcados dentro de un radio concreto para evitar que todos estén en las mismas zonas y haya problemas”, explican las mismas fuentes.
Con las bicicletas (freefloating) esto será una realidad porque el Ayuntamiento ya está trabajando en el concurso público específico para ellas, confirman a eldiario.es desde Medio Ambiente. Ninguna de las tres grandes empresas de alquiler de bicicletas que opera en Madrid cuenta con aparcamientos propios y con esta normativa podrán ocupar como máximo el 50% del espacio de los estacionamientos de uso público. Pero previamente la empresa en cuestión tendrá que haber pasado por un concurso público que regule cómo hacerlo para garantizar la distribución equitativa de las plazas de aparcamiento.
Requisitos obligatorios para las bicicletas
La ordenanza municipal también establece una serie de requisitos de obligado cumplimiento para que las bicicletas compartidas puedan circular por el espacio público. Deben estar sujetas a una serie de “controles técnicos”, “homologadas conforme a normativa vigente”, “no estar construidas con materiales que generen riesgos para la salud” y poder identificarse, por indicaciones en el exterior, a la empresa titular que las arrenda. El titular estará obligado, además, a “disponer de un seguro que cubra la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse”.
Si estos puntos no se cumplen, el Ayuntamiento está habilitado para “retirar los vehículos a costa de su titular al que se impondrá el pago de las correspondientes tasas, sin perjuicio de las sanciones que correspondan”, según la versión definitiva de la ordenanza.
El freefloating de bicicletas ya ha ocasionado problemas en algunas ciudades porque, al no tener bases fijas para dejarse, ocupan en muchas ocasiones aparcabicis de residentes o pueden quedar desordenadas por las calles y, en casos extremos, suponer un problema para el espacio público. En Ámsterdam llegaron a prohibirse en 2017. En Bath (Reino Unido), la empresa Yo-bike empezó a operar sin permiso y las bicicletas fueron retiradas por obstruir la vía pública. En dos distritos de Londres las han prohibido y retirado, y en Dublín se abrió un proceso de consulta pública para elaborar una regulación específica. En algunos lugares se han desgranado propuestas iniciales para cobrar una tasa por cada bicicleta.
La nueva normativa madrileña prevé en su articulado, aunque de momento no se implantará según explica Medio Ambiente, el “pago de tributos que procedan por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local”.
La ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada este jueves regula otras múltiples cuestiones que afectan a la vida en la ciudad. Como ya avanzó el Ayuntamiento, las calles de un único carril y de un carril por sentido estarán limitadas a 30 kilómetros por hora y la velocidad de circulación se reducirá a 20 en los barrios con aceras al mismo nivel que la calzada. Además, los peatones podrán cruzar zonas concretas, llamadas zonas 30, por cualquier punto de la calzada.
