Asociaciones vecinales denuncian que el Gobierno les oculta el convenio entre Adif y BBVA para la Operación Chamartín
El convenio que firmaron en 1993 Adif y Distrito Castellana Norte (DCN), una sociedad integrada por BBVA y la constructora San José, para el desarrollo de la llamada Operación Chamartín sigue siendo secreto 25 años después. No se conoce el texto original ni las sucesivas renovaciones del contrato que cada dos años han supuesto una renegociación de las condiciones por parte de la empresa pública de transportes y el socio privado para el desarrollo de la zona norte de Madrid. Y todo pese a que asociaciones vecinales y oenegés como Ecologistas en Acción, que se oponen a este desarrollo, han solicitado la documentación a Adif repetidamente a través del Portal de Transparencia entre mayo y junio.
Las respuestas por parte de la empresa pública han sido ampliaciones de plazos que las entidades vecinales y ecologista interpretan como una intención de “ocultar” información sobre la operación inmobiliaria más importante de los últimos años en la capital.
Las asociaciones vecinales de los distritos de Chamartín y Fuencarral-, Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de municipios y vecinos (FRAMV) pidieron todo el expediente de Operación Chamartín desde que se firmó el primer acuerdo entre Adif y DCN en 1993.
En todos los casos, Transparencia incumplió el plazo del que dispone para responder las solicitudes y cuando lo hizo fue para posponer el plazo de respuesta.
Fue el caso de la petición realizada el 11 de junio por parte de la Asociación de vecinos Familiar San Cristóbal. No obtuvo respuesta hasta el 12 de julio: la empresa ligada al Ministerio de Fomento contestó que ampliaba el plazo de respuesta 15 días más al tratarse de un asunto que implicaba a Distrito Castellana Norte, al que le remitía la solicitud para que presentara “alegaciones”. Seis días después, el 18 de julio, la asociación San Cristóbal recibió otra respuesta que ampliaba otros 15 días más la respuesta. Esta vez era para que Renfe, también parte en el convenio, pudiera presentar sus alegaciones.
El Gobierno no contestó transcurridos esos 15 días. La asociación vecinal no obtuvo otra respuesta hasta este lunes 27 de agosto, dos meses y medio después de la primera solicitud, una contestación en la que Adif declaraba “compleja” la petición y ampliaba el plazo para contestar un mes más. Para Ana Iglesias, portavoz de la Plataforma Zona Norte que engloba esta y otras asociaciones vecinales de Chamartín y Fuencarral, se trata de una “estrategia para dilatar la entrega de la documentación”.
El ejemplo de la asociación San Cristóbal se repite con otras organizaciones vecinales que solicitaron esta información como son la FRAMV o las asociaciones La Flor Barrio del Pilar. Pero la actuación de Adif fue diferente con Ecologistas en Acción. La empresa pública no contestó hasta dos meses y medio después de su solicitud.
La organización ecológica fue la primera en hacer su petición de información el 23 de mayo a través del Portal de Transparencia. Transcurridos dos meses sin recibir respuesta alguna, pese a que Transparencia está obligada a contestar en el plazo de un mes, el 26 de julio la organización decidió reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Diez días después, Ecologistas recibió una carta de Adif en la que ampliaba 15 días el plazo de respuesta para que terceros afectados presentaran “alegaciones”.
La portavoz de Ecologistas en Acción Ángeles Nieto considera el Gobierno y la empresa pública están “jugando al desgaste” y espera que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelva a su favor. Nieto ve una “clara intención” por parte del Gobierno de ocultar una información que no se ha hecho pública en 25 años. “Alimenta las sospechas de que pudiera tratarse de un convenio irregular”, critica. eldiario.es ha preguntado a Fomento por la negativa a facilitar esta información pero no ha recibido respuesta.
Solicitud de reunión con Ábalos
Veinticinco años después de su inicio, incluyendo modificaciones sustanciales de las condiciones iniciales del concurso, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento y DCN (BBVA y la constructora San José) escenificaron un acuerdo para el desarrollo del norte de la ciudad. El Gobierno de Manuela Carmena quiere aprobar el plan antes de que acabe el año y planea llevar el acuerdo a Junta de Gobierno en septiembre, para que pueda ser aprobado en el pleno municipal este otoño.
La Plataforma Zona Norte -que agrupa a la mayoría de las asociaciones vecinales de los distritos de Chamartín y Fuencarral-, Ecologistas en Acción, la FRAVM y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo han solicitado formalmente este martes una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que “conozca los argumentos de los colectivos y profesionales que reclaman la necesidad de repensar la Operación Chamartín”, explican las organizaciones a este diario. Dados los plazos que maneja el Consistorio para aprobar el acuerdo, reclaman que la reunión se produzca “cuanto antes”.
A juicio de los colectivos, el nuevo proyecto liderado por la alcaldesa Manuela Carmena y su concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, “se presenta como algo novedoso, cuando realmente se basa en un modelo de grandes hitos urbanísticos (rascacielos, alguno de ellos el más alto de España y de Europa) ya agotado”, defienden. “Madrid, no necesita más alardes urbanísticos vacíos de interés social, requiere una planificación sostenible, transparente y participada; algo que se hurta a la ciudadanía desde hace décadas”.
Las organizaciones ciudadanas consideran “necesario y urgente” repensar la Operación Chamartín, “para lo que todavía se está a tiempo”, reclaman. Ponen sus esperanzas en Ábalos pese a que el ministro haya apoyado públicamente el proyecto de Carmena y critican que la alcaldesa “no haya querido escuchar a los colectivos en todo este tiempo”.
