El primer intento de paralizar Madrid Central acaba con duros reproches de la Justicia al PP y a la Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena ha ganado la primera batalla ante el intento de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular de paralizar Madrid Central, la iniciativa más ambiciosa del Gobierno municipal que restringe el tráfico más contaminante y el de paso en el centro de la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelares que pidieron tanto el PP municipal como el Gobierno regional de Ángel Garrido y ha realizado duros reproches a ambos recurrentes por solicitar esas actuaciones.
El Gobierno regional interpuso un recurso contra la entrada en vigor de Madrid Central, al entender que se había llevado a cabo una tramitación “incorrecta” por, entre otros motivos, la falta de informes, la afectación a competencias autonómicas o el no haber estado sometido a información pública y audiencia correctamente. También presentó un segundo recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno del 29 de octubre por el que se desarrolló el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central. El objetivo, según explicó el presidente madrileño, era “defender tanto la salud como los derechos generales de todos los madrileños”.
El grupo municipal del PP presentó antes otro recurso en el que esgrimió que el decreto se firmó “sin previo aviso” debido a una “voluntad de imposición sobre un determinado modelo del centro, que perjudicará no solo al centro sino al conjunto de la ciudad”.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dan la razón al Ayuntamiento al considerar que la medida se ha implementado en favor del interés general. El tribunal argumenta, en los dos autos, que “no puede prevalecer el interés de otras Administraciones públicas ni los intereses particulares de los ciudadanos más intensamente afectados por Madrid Central” frente al interés general.
Lejos de demandar la suspensión cautelar de la vigencia de la disposición impugnada, los magistrados del TSJM “exigen su cumplimiento” y concluyen que “existe un indudable interés público en la aplicación inmediata de las normas que la componen”.
La sala también reprende al PP y a la Comunidad de Madrid porque “no detallan, en puridad, en qué consisten los prejuicios que se califican de irreparables” para los afectados. “El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso de acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica”, critica el tribunal.
Además, los magistrados critican la solicitud de cautelares porque estas tienen como finalidad “que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso” algo que, a su juicio, no pasa en este caso. La adopción de las cautelares “no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso”, añade.
El Ayuntamiento de Madrid celebra la decisión
Desde el Consistorio han celebrado la resolución judicial. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha declarado que la decisión “da soporte fundamental” a Madrid Central porque “reconoce el interés general en la lucha contra la contaminación y para preservar la salud”. “Ese es el verdadero interés general”, ha declarado. La concejala de Ahora Madrid ha añadido que la decisión judicial “reconoce la obligación de cumplir con las normativas europeas y con los compromisos para alcanzar los niveles acordados antes de 2020”.
La portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes, por su parte, que el año que viene los populares revertirán Madrid Central y sostenía que el TSJM solo rechaza la suspensión cautelar de la medida pero no entra en el fondo.
“Nos vamos a comprometer con todos los madrileños a revertirlo y buscar nuevas alternativas, nuevos soterramientos, nuevas líneas de Metro, de autobús, de ayudas, para que la gente vaya poco a poco y en su libertad decidiendo qué tipo de movilidad quiere”, ha defendido la portavoz del PP madrileño.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no consideran un “batacazo” el rechazo de la Justicia a las medidas cautelares, porque la puesta en marcha de Madrid Central es una “pseudoentrada en funcionamiento” del proyecto, que no conlleva multas hasta marzo.
El balance según los datos que maneja el Ayuntamiento de Madrid es “positivo”, aseguró la propia alcaldesa Manuela Carmena este jueves. Tras casi un mes de aplicación de Madrid Central, ha descendido uso del vehículo privado. Además se realizan unos 10.000 viajes más de media al día en EMT a consecuencia de la implantación de Madrid Central. La demanda en EMT ha crecido un 3% en el interior de Madrid Central y un 5% en el perímetro.
Tirón de orejas a Ayuntamiento y Comunidad
En la resolución, más allá de los argumentos que llevan a los jueces a tomar la decisión, los magistrados recuerdan a las administraciones involucradas, Ayuntamiento y Comunidad, que deben respetar en sus actuaciones “los principios de cooperación y colaboración” en aras a la eficaz consecución de los fines de interés general que demanda el ejercicio de sus propias competencias.
Esos principios no han regido en este caso entre el Ayuntamiento y la Comunidad, sentencian los magistrados, “pese a la trascendencia que tiene para los ciudadanos la restricción de la circulación vial que entraña la aplicación de la disposición general impugnada”. Esta circunstancia, continúa la resolución, “demandaba y demanda la implicación activa y coordinada de ambas administraciones territoriales, con el objeto de incumplir el fin primordial de su propia existencia: servir con objetividad los intereses generales”.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha instado a la Comunidad, ante la “contundencia” del TSJM al rechazar las medidas cautelares, a que “desista de seguir por la vía judicial” y que “empiece a trabajar desde la colaboración y la coordinación con el Ayuntamiento en beneficio de la salud y la ciudadanía”.
Por contra, el vicepresidente regional ha declarado que la Comunidad de Madrid siempre “está abierta al diálogo”, una posición que cree que no es la del Consistorio. “Cerro por primera vez el tráfico en la campaña de Navidad” y ellos se enteraron por los medios de comunicación, ha declarado Pedro Rollán. Para el vicepresidente, el Gobierno regional “tienden puentes” pero “dos no se entienden si uno no quiere”.
Madrid Central es el proyecto más ambicioso del Gobierno que dirige Manuela Carmena y el que más oposición ha despertado desde el PP y Ciudadanos. Es la primera medida del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático y tiene como objetivo reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas altamente nocivo para la salud. El Ayuntamiento de Madrid calcula que la puesta en marcha de Madrid Central reducirá la contaminación en un 40%. Nunca antes en la historia de Madrid un Gobierno municipal había adoptado medidas tan drásticas contra el tráfico privado.
El Ayuntamiento de la capital sortea el primer escollo, pero la resolución de este viernes del TSJM no cierra la vía judicial, ya que solo se han rechazado las medidas cautelares. Ahora el tribunal tiene que entrar al fondo de los recursos para decidir si tumba o no la medida basada en los argumentos de los demandantes. A estos recursos se suman además otro de Automovilistas europeos asociados, a los que la Justicia rechazó unas cautelarísimas, y uno nuevo de la asesoría jurídica Pyramid Consulting, especializado en tráfico y transporte, contra la nueva ordenanza municipal sobre Movilidad Sostenible. Desde el Gobierno de Carmena “confían” en que la justicia sea “igual de contundente” para rechazar todos estos recursos.
