Más Madrid denuncia ante el Tribunal de Cuentas el modelo concesional de Aguirre en siete hospitales

Más Madrid ha registrado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue presuntos delitos de fraude, prevaricación y malversación de fondos públicos en el modelo concesional de siete hospitales de la región, unido a presuntas irregularidades en la facturación de la Fundación Jiménez Díaz a través del convenio suscrito con la Comunidad de Madrid.

Así lo recoge en el escrito registrado este lunes por el portavoz de este grupo parlamentario, Pablo Gómez Perpinyà, y los diputados Eduardo Gutiérrez y Mónica García que sospecha de una especie de “estafa piramidal” en la sanidad madrileña en estos hospitales, con un sistema basado en el incremento de deuda y sobrecostes no justificados.

También ha registrado sendos informes a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para que abra diligencias de investigación sobre el modelo “privatizador” del PP en la sanidad madrileña. Frente a esta versión, la Consejería de Sanidad manifiesta que están “tranquilos” dado que los pagos se han realizado conforme a los pliegos estipulados y a la legalidad.

Concretamente, las denuncias de Más Madrid se dirigen contra el modelo concesional de los hospitales Infanta Leonor de Vallecas, Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Hospital Infanta Cristina de Parla, Hospital del Tajo, Hospital del Sureste en Arganda, Hospital del Henares y Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

En su denuncia, Más Madrid recuerda que estas infraestructuras con el modelo de gestión cuestionado se diseñaron en el Plan de Infraestructuras 2004-2007 lanzado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y el entonces viceconsejero del ramo Arturo Canalda.

La formación recalca que este plan se investiga a día de hoy dentro de una pieza separada de la trama Púnica a cuenta de la partida destinada a la publicidad de estos hospitales, con numerosas informaciones apuntan a “irregularidades en el proceso de licitación y construcción de estos hospitales”.

Gestión externalizada

En este sentido, la denuncia expone que en ese plan se optó por un modelo “hipoteca” por el que una concesionaria construía la infraestructura a cambio de un canon por la gestión externalizada del servicio (principalmente no sanitarios como la limpieza).

Dicho sistema, argumenta Más Madrid, ha generado diez años después un incremento “exponencial” de la deuda, lo que se ha traducido “de facto en un mero trasvase de fondos públicos a través de un modelo pensado en la obtención de beneficios privados contrarios al interés público”.

También ha detectado “sobrecostes desproporcionados y una nula transmisión de riesgos al sector privado gracias a la ausencia de mecanismos de control reales”, que ha permitido que las concesionarias hayan obtenido unos “beneficios indecentes” de hasta el 40 por ciento “a costa de descapitalizar el sistema sanitario público”. Por ello, aprecia “claros indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos”.

Esta “opacidad” del modelo para Más Madrid supone que estos hospitales “estarían a punto de amortizarse” y sin embargo quedan por cumplir “dos tercios” del contrato hasta el 2035, lo que nos supondrá un sobrecoste de entre 1.200 y 1600 millones de euros sólo por el concepto de la construcción y entre 1.975 y 3.483 millones por el contrato total“. ”El Gobierno y la Administración autonómica escogió el método más arbitrario y gravoso para las arcas públicas“, concluye.

“Facturación abusiva en la Jiménez Díaz”

Del convenio con la Fundación Jiménez Díaz la formación apunta a sobrecostes en la prestación de los servicios y estima que desde el año 2015 las deudas pendientes de pago alcanzan los 722,3 millones, según el ultimo informe de la Cámara de Cuentas. De hecho, Mónica García ha dicho que estiman que este año se alcancen los 1.000 millones.

Así, la diputada ha señalado que se produce una “perversión” de la libertad de elección dado que este centro realiza una “captación exponencial” de pacientes, que deriva en un incremento de deuda y facturación a la administración regional.

También defiende Más Madrid que la actividad sustitutoria de este centro supone un 40 por ciento más de costes que el resto de hospitales públicos de su misma complejidad y que el coste de los procesos clínicos es superior en un 170 por ciento como mínimo.

Entiende, además, que el ajuste de las tarifas a este hospital hubieran generado un ahorro anual de 61 millones de euros y detecta un “trato de favor y una ventaja competitiva y desleal financiada desde la propia Consejería de Sanidad”.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha señalado que la “privatización sanitaria” del PP supone un “expolio” de los recursos públicos, con algunas partidas investigadas por presuntas “mordidas” para la “caja b del PP”.

A su juicio y ante estos indicios de supuestos delitos, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene dos caminos, el “tapar” a los anteriores gestores de la administración autonómica o “colaborar con la Justicia”.

Para García, en Madrid se ha producido “corrupción sanitaria” y ha dicho que ello es la “peor epidemia” en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que no conoce el contenido de la demanda pero ha recordado que en la Comunidad de Madrid existe libertad de elección de centro.

Además, en el caso de la Fundación Jiménez Díaz, un centro de la red pública con altos niveles de “satisfacción” por parte de los usuarios, ha señalado que existen unos “pliegos muy claros” del pago por prestación de servicios asistenciales y en ese sentido “están muy tranquilos” porque se actúa conforme a dichos pliegos y a la legalidad.