La abogada de Maricarmen: “Quiero pensar que esto ha servido para que los políticos garanticen un derecho básico”

Urbagestión consumó el miércoles el desahucio de Maricarmen. La vecina del barrio del Retiro de Madrid, que llevaba ocho años recurriendo el desalojo, tuvo que abandonar su casa de toda la vida a los 87 y sin más tregua que tres intentos previos paralizados. Al menos, hasta ahora. Ni su espíritu de resistencia, ni la presión sindical, ni el amplio apoyo vecinal, ni los intentos anunciados (aunque no consumados) por las administraciones para dar respuesta a su problema han evitado que la anciana fuera expulsada el miércoles a primera hora y enviada en ambulancia al Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Allí sigue recuperándose de la ansiedad acumulada y continuará ingresada varios días más.

Entretanto, su abogada, Beatriz Duro, compagina el papeleo con las llamadas infinitas de las radios, televisiones y otros medios de comunicación. Mientras concilia el caso como puede, atiende a Somos Madrid un día después del desahucio, cuando su despacho aún recopila información de agresiones, partes de lesiones u otras pruebas con las que plantear su próximo movimiento. Maricarmen ya no podrá recuperar su casa, o eso cree, pero piensa que para el resto aún no está todo perdido: “Si el sufrimiento de esta mujer ha servido para que la gente se mueva y los políticos trabajen por la vivienda, al menos tendremos algo”.

¿Cómo está viviendo Maricarmen todo este proceso? ¿Qué desgaste tiene para alguien de 87 años encadenar varios intentos de desahucio y acabar perdiendo su casa?

En los desahucios mediáticos se habla mucho de la vulneración del derecho a la vivienda y de todos los debates, sociales y políticos, en torno a este hecho. Pero es que una casa significa mucho más: no tenerla te lleva a no poder ejercer muchos derechos, porque sin hogar no puedes tener salud. Es increíble ver cómo ha cambiado a nivel físico Maricarmen desde que vivimos el primer intento de desalojo, en octubre de 2025, y en este último. Ella era alguien que iba andando a todas partes, y que cuando venía a verme al despacho para revisar el caso hacía varios trasbordos y no le importaba. Ahora no puede moverse sin una silla de ruedas, todo en menos de un año de estrés y agotamiento.

A esa edad, el impacto emocional y psicológico puede ser mucho mayor: no solo pierde una casa, sino que pierde su identidad. Esta mañana ya la han pasado a planta y sigue pendiente de varias pruebas médicas; si en dos o tres días no lo han resuelto y el proceso se dilata, imagino que le darán el alta y luego volverá para los exámenes.

¿Dónde va a quedarse una vez que le den alta?

Creo que ni ella lo sabe. Hasta donde sé, Samur Social fue al desahucio y le ofreció un recurso de emergencia distinto al de la última vez, también en Madrid. Pero de emergencia significa temporal, y eso no es una verdadera alternativa habitacional. Además, Maricarmen ha dicho muchas veces que ella no quiere ir a un asilo, y hasta ahora tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid solo le han ofrecido plazas en albergues o residencias públicas, una regional en Alcalá de Henares.

Esta mañana [del jueves 24 de septiembre] he hablado con su primo, pero los dos tienen un nivel tan alto de ansiedad que no pueden ni pensar en eso. Lo más probable de momento es que ella se vaya a casa de él y su mujer, pero aunque sean familiares y la gente pueda creer que está resuelto, no es tan sencillo: este hombre tiene 70 años y su casa está en otra comunidad autónoma, en Segovia; además, ¿va a irse a dormir al sofá para siempre, para que Maricarmen pueda dormir en una habitación? Si un fin de semana vienen familiares o amigos a casa, te aprietas. Pero hacerlo de por vida no es una opción real.

El desahucio se ha ejecutado después de otros tres intentos que fracasaron. ¿Qué papel ha tenido en ello la estrategia jurídica, y hasta qué punto influyen la presión ciudadana, vecinal o sindical para dar la vuelta a un caso así?

Yo creo que ambos, abogados y sindicatos, hemos hecho un buen tándem que ha funcionado a medias. Sin el Sindicato de Inquilinas y si no hubiera sido un caso mediático, no habríamos conseguido estos resultados, que han sido un año de prórrogas. Pero no estamos satisfechos: esta semana hemos visto una nueva imagen de la vergüenza, que es la de Maricarmen saliendo de su casa en camilla y entrando a la ambulancia después de que la Policía reventara la puerta de su casa.

Quiero pensar que, aunque ella ya no vaya a recuperar su hogar, esto ha servido para que los políticos se pongan de verdad a trabajar por garantizar un derecho tan, tan básico. La vivienda es un problema transversal a todo lo demás, y en este momento preocupa a muchísima gente. Sin embargo, el foco desde hace años sigue poniéndose en los discursos sobre okupas o inquiokupas –etiqueta atribuida erróneamente a inquilinos morosos u otros perfiles ajenos a la okupación–. No es que no existan, pero son mínimos respecto a la cantidad de gente que ahora mismo no puede pagarse una casa, ni en propiedad ni de alquiler.

¿Qué margen de maniobra cree que tenían aquí las tres administraciones implicadas: Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda?

Yo creo que la mayoría de competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, así que para mí la Comunidad de Madrid es la principal responsable. Aun así, a día de hoy todos se pasan la pelota cuando ninguno de los tres le ha ofrecido a Maricarmen una alternativa habitacional real, donde verdaderamente pueda quedarse a vivir. El Ayuntamiento también tenía recursos más allá de las residencias o albergues, y no los ha usado. Y el Gobierno central es otro responsable del despliegue policial que vimos el miércoles, todo por el desahucio de una mujer de 87 años.

La represión y la violencia que se ha vivido para echarla tienen que tener responsables. El Ministerio de Vivienda dice que ha intentado mediar con Urbagestión e incluso ha propuesto comprar la casa para ofrecerla en régimen de alquiler social a Maricarmen, a través de Casa 47. Ha habido donantes anónimos y conocidos que han querido hacerse cargo de la renta y no ha servido de nada, no han querido escucharnos. ¿Cómo es posible que el gobierno de un país no pueda hacer nada para que una empresa detenga un desahucio?

¿Qué piensa de la última propuesta de Sumar, que ha exigido al PSOE expropiar la casa de Maricarmen en el próximo Consejo de Ministros? ¿Cree que puede tener recorrido?

Me parece muy bien, pero es lo que se debería haber hecho hace tiempo. Lo que deseo y espero es que no sea solo para entrar en un titular y que le aplaudan por ello. Si esa posibilidad realmente estaba sobre la mesa, definitivamente no se ha hecho nada desde octubre de 2025 hasta ahora. Por mucho que entonces nos llamaran tantos medios y políticos preocupados o preguntando cómo ayudar.

Si el Gobierno central hubiera aprobado el decreto-ley de vivienda –que obligaba a paralizar un desahucio si no había alternativa habitacional, entre otras medidas– esa habría sido otra posibilidad a nuestro favor. Pero aunque no obtuvieran mayorías, seguían teniéndolo en su mano: podían aprobarlo en un Consejo de Ministros y ya se vería después. A día de hoy, una persona con un perfil vulnerable o que ha sufrido malos tratos, por mucho que sea una víctima, no está amparada ante este tipo de desahucios. Aun así, cualquier iniciativa es bienvenida. Una vez que han echado Maricarmen ya no puede hacer nada para recuperar su casa, pero todavía pueden ofrecerle un alojamiento alternativo que se ajuste a lo que necesita.

Hace unos meses, la ONU pidió a España medidas cautelares para suspender temporalmente el desahucio. Ahora se insiste en que la jueza “debería haber suspendido temporalmente el desahucio para evitar un daño irreparable”. ¿Pudo haberlo hecho?

Las Naciones Unidas pidieron al Juzgado que suspendiera el desahucio hasta que las administraciones públicas tuvieran una alternativa. La jueza [Elena Cortina Blanco] podía haberlo parado simplemente atendiendo a que lo pide la ONU, pero no ha querido. No tengo nada en su contra, pero aquí nadie puede decir que no se pudo hacer nada: han hecho mucho, desde activar los mecanismos para expulsarla por la fuerza hasta no frenar el desalojo ni con un informe internacional, al menos de forma temporal.

A nosotros, como tal, la jueza no nos traslada nada directamente porque ellas no hablan con los abogados, solo resuelven y nosotros nos basamos luego en esos escritos. Ella sabe desde hace tiempo que tiene un caso complejo con una demanda de ejecución de desahucio y, aun así, creo que ha preferido seguir la norma sin más en lugar de buscar algún recoveco o escuchar propuestas con las que frenar un tiempo la causa. Yo he tenido casos así que han estado tres años en un cajón, ¿por qué este se resuelve tan rápido pese a tener tanto en contra?

¿Cuánto del resultado final de un caso depende de la autoridad judicial que lo examine, o de la interpretación legal?

Diré que buena parte de los jueces de este país hubieran dado ese mismo resultado, porque el derecho internacional aquí se tiene en cuenta a medias y terminan aplicándose las leyes internas, que no amparan del mismo modo. Al final hemos ignorado a la ONU, pero aquí todo el mundo dice que solo ha cumplido la ley, y que no podían hacer otra cosa. Todos debemos cumplir las normas, pero también podemos decidir qué hacemos y qué no; si participamos, o si nos enfrentamos a una sanción. Ni siquiera judicialmente estamos tan atados como se cree: ya digo que podría haberse suspendido cautelarmente, o alargado la resolución.

¿Cómo ha sido la comunicación con Urbagestión y sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes?

No existe desde hace tiempo. Yo estaba en contacto con ellos antes de que se resolviera la demanda, pero cuando volví a contactarles fue su abogada quien, a través del Juzgado, me señaló por saltarme el código deontológico hablando con clientes directamente. Tenía razón, y me pidieron no comunicarme más con ellos. Así que desde el primer intento de desahucio, aproximadamente, no hemos vuelto a saber nada de su parte.

También se ha dicho que Maricarmen podía haber comprado la casa cuando tuvo la oportunidad –después de adquirir la propiedad, Renta Corporación se la ofreció por 250.000 euros. Su pensión es de 1.450–, pero esto nunca ha sido una opción. No le llega y ellos lo saben, pero tienen la obligación de ofrecérsela primero no porque sean considerados y decidan darle prioridad, sino porque les obliga la ley. Aún no sabemos si presentaremos alguna denuncia contra alguna de las instituciones implicadas, de momento estamos recopilando grabaciones, pruebas o partes de lesiones de los agredidos en protestas, y probablemente llegue a algo más. Mientras tanto, el procedimiento presentado ante la ONU continúa y yo espero que termine en una condena a España, con indemnización para Maricarmen. Será difícil, pero ahí seguimos.