Los trabajadores de la empresa Grupo 5 de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y del Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar (PAIEF) del Ayuntamiento de Madrid cumplen un mes de huelga indefinida. Su objetivo es conseguir los mismos derechos que el resto de centros que realizan la misma labor de atención psicológica, social y educativa con niños y adolescentes en situación de desprotección. “No hemos tenido ningún avance, ninguna negociación ni ninguna disposición de mejorar salarios, aunque haya habido algunas pretensiones”, cuenta Álvaro Prieto, trabajador afectado y miembro del comité de huelga.
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 12 Centros de Atención a la Infancia: tres de ellos son de gestión pública directa y tienen una parte de gestión privada, y los nueve centros restantes están dirigidos por distintas empresas privadas. Tres CAI y tres PAIEF son gestionados por la empresa Grupo 5, que pertenece al fondo de inversión Corpfin Capital, al que los convocantes de la huelga acusan de ser un fondo buitre. Los trabajadores de esta empresa exigen una subida de sus salarios acorde con los pliegos y el presupuesto del Ayuntamiento, porque aseguran que hay diferencias de “entre un 15% y un 45% menos de sueldo anual” en comparación con el resto de empleados.
Sin embargo, Prieto señala que su petición no gira en torno a la equiparación con otros trabajadores del servicio, sino más bien al cobro de uno de los porcentajes que el Ayuntamiento contempla en los pliegos pero que los empleados no están percibiendo. En el pliego de 2016, se reconocía un complemento salarial concreto para los profesionales contratados. El Consistorio incluyó ese complemento a la hora de realizar la memoria económica que, aunque no es vinculante, se tiene en cuenta para realizar las partidas presupuestarias. Sin embargo, conforme explica Prieto, “Grupo 5 nunca lo llegó a aplicar porque entendía que jurídicamente no cabía”. En el pliego de 2020, por el que se rigen actualmente, Prieto indica que no se incluye el complemento salarial, pero que las partidas presupuestarias son superiores a las de 2016, por lo que asumen que ese plus estaría incluido en la partida de salarios. Es decir, el comité sospecha que Grupo 5 se queda una parte de las partidas presupuestarias destinadas a salarios. “Les hemos pedido que económicamente hagan esa subida que supone entre 50 y 200 euros brutos al mes, dependiendo de la trabajadora”, cuenta el miembro del comité. Grupo 5 ha explicado al elDiario.es que ha realizado dos propuestas de mejoras salariales, pero desde el comité señalan que no las han aceptado porque suponían un aumento de solo “15 euros brutos al mes, que el año que viene ascendería hasta 54 euros”.
Fuga de profesionales
Desde el comité también denuncian que la precariedad y los bajos salarios, en comparación con los mismos puestos en otras empresas, producen un cambio constante de la plantilla. “De hace dos años aquí, casi el 50% de la plantilla ha cambiando”, detalla Prieto. “En mi propio equipo, en el puesto de psicóloga he tenido a cuatro personas y en el puesto de trabajadora social han pasado tres, en dos años”, cuenta el trabajador, que lamenta que existan familias que han tratado con hasta 10 profesionales distintos a lo largo del tiempo.
El cambio constante es un “maltrato” para las familias porque produce la sensación de “tener que volver a arrancar” el proceso, que se hace mucho más duro, sobre todo, teniendo en cuenta que la visita de estos profesionales nunca es una buena noticia, ya que se encargan de valorar si el entorno en el que se encuentran algunos menores es el adecuado.
El problema también se produce cuando la empresa no es capaz de cubrir los puestos de personas que dejan el trabajo. “Al final tienes equipos con sobrecarga porque falta alguien”, explica Prieto.
Más allá de los salarios
Otra de las exigencias gira en torno a las medidas de conciliación, porque denuncian que “no existe flexibilidad por parte de la empresa que permita la adaptación de horarios”, lo que obliga a los trabajadores a reducir su jornada. Prieto denuncia que los compañeros nunca terminan los procesos de solicitud de conciliación porque desde la dirección complican los trámites y nunca conceden las solicitudes de los trabajadores conforme las piden, es decir, los trabajadores solicitan unos horarios determinados y la empresa les ofrece otros que no encajan con sus necesidades.
Desde Grupo 5 explican que un “25% de la plantilla tiene una mejora de la jornada”, es decir, “que realizan menos horas de trabajo en el cómputo anual de lo que establece el convenio”. Sin embargo, desde el comité señalan que no se trata de todos los trabajadores, sino que se trata de la plantilla contratada antes de la compra de Grupo 5 por parte del fondo de inversión. “Somos la plantilla vieja, que tenemos reconocidas 1.680 horas en lugar de las 1.750 que reconoce el convenio, porque tenemos las condiciones anteriores”, matiza. “Venden que tiene mejoras pero la experiencia es que si tuviéramos una mejora el 60% de la plantilla no secundaría la huelga”, sentencia el trabajador.
Avances en las negociaciones
Entre el comité y la empresa no ha habido ningún tipo de encuentro por el momento, aunque desde Grupo 5 afirman que están en contacto con el Ayuntamiento para hacer un seguimiento de la mesa de negociación. Por su parte, el Consistorio ha recibido en distintas ocasiones al comité de huelga y se comprometió a llevar a cabo algunas de las exigencias de los trabadores.
Las peticiones que se han aprobado son las de reducir la prorroga del contrato de CAI y sacar un nuevo pliego de cara al próximo año, además de incorporar al los sindicatos en la confección de los nuevos pliegos y crear una mesa de dialogo, que junte a las tres partes y que arranca el 16 de agosto. El comité ve con buenos ojos los avances que han logrado, sin embargo, esperan que el Ayuntamiento se siente como una parte afectada más y no como un mediador.
Guerra de cifras
Desde la empresa indican que solo el 20% de los trabajadores están siguiendo la huelga. Sin embargo, el comité sitúa la cifra en el 80%. Los datos varían por las diferencias de criterios a la hora de hacer el recuento. Mientras que el comité de huelga calcula el seguimiento en base a las personas que pueden secundar la huelga, es decir, sin incluir a los trabajadores que deben cumplir el servicio mínimo y a los que están de vacaciones, Grupo 5 lo calcula en base a toda la plantilla, independientemente de si deben acudir a trabajar o no.
Además, desde el comité denuncian unos servicios mínimos abusivos: “Nosotros en verano tenemos un acuerdo, por el que se queda el 40% de la plantilla y el 60% puede disfrutar de vacaciones. Como ha coincidido que la huelga ha sido en verano, han puesto unos servicios mínimos del 50%”. El comité señala que tratarán de “judicializarlo” a través de CCOO, ya que les están perjudicando.
Dos años con parones
La huelga comenzó el pasado 8 de julio, pero las protestas y quejas se remontan dos años atrás. Empezaron a hacer parones parciales y realizaron algunas movilizaciones para exigir la equiparación de los salarios, pero Prieto asegura que la empresa no atendía sus quejas. “Los ánimos se fueron calentando, el tema del COVID acentuó el desgaste y el panorama socio-económico actual ha agudizado la situación. Muchos compañeros, me incluyo yo, de vez en cuando tenemos que pedir ayuda a familiares para llegar a fin de mes”, explica Prieto, que señala que estas circunstancias extremas son las que les han llevado a la huelga.