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Ayuso recorta plazas públicas de acogida para niños tutelados y aísla a los menores extranjeros

David Noriega

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El plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid para los menores tutelados provocó este jueves la protesta de decenas de trabajadores públicos que salieron a la calle ante la intención de la consejería de servicios sociales de reubicar a 180 menores de hasta media docena de servicios, entre ellos los jóvenes de Casa de Campo señalados por Vox. La iniciativa incluye, además, la clausura del proyecto de la residencia infantil Casa de los Niños, con bebés con patologías y pequeños de hasta seis años de edad.

Los trabajadores de ese centro conocieron la decisión de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) a finales de mayo, de forma apresurada y con poco margen de maniobra. “El gerente nos avisó de que iban a cerrar el servicio en un mes”, denuncia Javier Echarren, que es educador en esta residencia de primera infancia, ubicada en Colmenar Viejo y rodeada de zonas verdes. En ella viven 20 niños y niñas, de entre 0 y 6 años, algunos prematuros o con patologías, que serán reubicados, según la Comunidad de Madrid, en casas de acogidas o en los recursos de la Rosa o El Valle.

“El objetivo de la consejería es la no institucionalización de los menores. En la actualidad, el 60% de los menores en protección están acogidos por familias, que es el mejor contexto para su desarrollo. Nuestra intención es que en el tramo de 0 a 6 años no haya nadie en centros”, señalan. Este es un objetivo que ya se definió en la ley estatal de 2015, a la que ahora se está adaptando la Comunidad de Madrid y con el que coinciden los educadores que ven, sin embargo, que la administración no se ha movido lo suficiente para que pueda llevarse a la práctica de inmediato. “Desde entonces, no se ha hecho un esfuerzo por mejorar el sistema de acogimiento y ahora mismo no hay más familias acogedoras que hace unos cuantos años”, señala Juan Calle, que es educador en un centro y portavoz de la sección sindical de menores y familia de UGT en Madrid.

El proceso para seleccionar una familia de acogida es complejo. Lo más habitual es que los menores acogidos lo sean por su familia extensa. Es decir, tíos, abuelos u otras personas con las que guardan parentesco. Para el resto de los niños que optan a esta forma de protección, la administración realiza una selección que no siempre es sencilla. “Son niños con un bagaje y una historia, por lo que hace falta gente con resiliencia, con recursos... y muchas familias se quedan por el camino. Hay que asegurarse bien, porque un chaval que va a acogimiento y es devuelto multiplica su problema vital de una forma infinita”, razona Calle.

“El motivo fundamental es tratar de ahorrar recursos”, considera Echarren sobre el plan madrileño: “Hay niños que llevan aquí más de un año ¿y ahora encuentran familias de acogida? Es algo que podían haber hecho a lo largo del tiempo, pero no hay políticas a largo plazo”.

“Voladura controlada... o no tan controlada”

Tras la presión por parte del centro, parece que la Consejería ha aceptado retrasar el traslado hasta septiembre. Los bebés y niños pequeños que no vayan con familias de acogida serán trasladados a los centros de la Rosa o el Valle. El edificio donde se encuentra la Casa de los Niños, que ahora tenía capacidad para 40 usuarios, será reconvertido para albergar a menores de 3 a 12 años. Otro de los cambios tiene que ver con la Residencia Infantil Las Acacias, en Carabanchel, donde irán temporalmente los menores del Centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia (ICE) , en Hortaleza, hasta que esté listo el Colegio San Fernando, también en la carretera de Colmenar Viejo, para 2024. Al ICE, por su parte, irán las personas con discapacidad que acuden actualmente al Centro Ocupacional de Barajas.

Esta “voladura controlada, o no tan controlada”, según los sindicatos, que la consejería planea llevar a cabo en los próximos dos años, dibuja un mapa bastante curioso. Bebés, prematuros y menores de seis años, algunos de ellos con problemas de movilidad, deberán dejar la tranquilidad de Colmenar Viejo para encerrarse en centros en los barrios. Los más mayores, con más autonomía para moverse, son relegados al campo. Esta situación pone sobre la mesa el fracaso en la gestión de un modelo de residencias de barrio, que pretendía que los centros fueran parte del entorno y los niños pudieran mantener su colegio, su médico y su red, para favorecer su integración. “En todos los casos se avanza en el sentido contrario a todo principio educativo”, denuncian.

“Lo que han hecho la Comunidad y los sucesivos gobiernos del Partido Popular ha sido lo contrario. Han ido a grandes residencias, de 40 o 50 plazas, donde es muy difícil que eso se parezca a un hogar”, explica Calle. Las Acacias estaba prevista como una residencia territorial, continúa, pero “se va de Carabanchel a la carretera de Colmenar, donde no hay nada. No hay zona residencial, ni médicos, ni parques”. Un entorno que en el caso de los más pequeños es favorable, pero que dificulta la integración de los mayores. También ha criticado los cambios CCOO, que considera que responden “más a compromisos de orden político que a necesidades de mejorar el programa” de protección a la infancia.

Por el camino se pierden las 40 plazas públicas para niños de 0 a 6 años para las que estaba acondicionada la Casa de los Niños, con nidos y espacios especiales para sus necesidades. Desde la consejería afirman que el nuevo plan no supone una reducción de oferta pública porque aunque “aunque cambie el perfil de usuarios, van a seguir siendo públicos”. Los menores de 3 a 12 años para los que se adecuará este centro son los que están en el recurso de Las Acacias. Ahí viven cerca de medio centenar de jóvenes, de 3 a 17 años.

Los mayores irán, no obstante, a pisos que, en este caso, sí serán concertados. Esto, indica Calle, supone de facto una reducción de plazas públicas. Primero, porque los niños de la Casa van a otros centros públicos –El Valle y la Rosa– a ocupar unas plazas que esos recursos ya tenían, aunque no estuvieran ocupadas. Si en algún momento se cubriesen todas, tampoco podrán recurrir a las 40 de 0 a 6 años de las que ahora prescinde la Comunidad. Mientras, la reubicación de los jóvenes de Las Acacias supone que algunos seguirán en la red pública, mientras otros pasarán a la concertada. “Se pierden parte de públicas, que se absorberían por los centros concertados”, insiste Calle.

La Comunidad de Madrid reconoce que la Casa de los Niños no es “ideal” para los mayores, porque está lejos del centro urbano, aunque envíe a los menores extranjeros no acompañados a Barajas, ni para los más pequeños, que están ahora ocupando esas instalaciones, porque “está lejos de sus centros hospitalarios de referencia”. Por eso se ha decantado por dejarlo para los niños de 3 a 12 años que no estén enfermos.

Entre tanto, la Comunidad de Madrid anunció a finales de abril la licitación de un contrato, por valor de 5,3 millones de euros, para la gestión de un centro de acogimiento residencial especializado para menores con medidas de protección. Son 35 plazas, fuera de la red pública, para alojamiento, atención y educación de menores de entre 3 y 17 años.

“Graves problemas psicológicos”

Derivar a menores a otros centros supone un grave perjuicio para ellos. Lo explica Echarren, que trabaja en la Casa de los Niños con pequeños con diferentes patologías, que además vienen de situaciones muy complicadas. No solo de abandono, también de precariedad al nacer en familias con pocos recursos a quienes se les facilita este centro de acogimiento “mientras los padres resuelven la situación” o de situaciones de drogodependencia o exclusión por otros motivos. “Se han vinculado con las personas que les cuidan y ahora tendrán que vincularse a otros. Esto, sumado a la separación forzosa de sus familias genera graves problemas psicológicos”, desarrolla. En su residencia, explica, no entran niños desde 2019. Con la pandemia el trabajo de servicios sociales se ralentizo. Tras el confinamiento, les dijeron que no ingresarían menores porque se iban a realizar obras. “No han empezado”, avanza.

¿Y qué pasa con Barajas? La Comunidad enviará a esa zona a los menores extranjeros no acompañados que en estos momentos se encuentran en el centro de acogida de la Casa de Campo. “Es una instalación a la que se le destino ese uso de manera temporal para hacer frente al incremento de llegada de menores no acompañados que se produjo en los años 2018 y 2019. Este centro se liberará para ofrecer otros servicios, ya sea retomando su actividad como albergue juvenil o para otros usos, una decisión que se tomará próximamente”, señalan desde la consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid.

La consejera, Concepción Dancausa, ya adelantó en diciembre su intención de redistribuir a los menores y de cerrar el centro de Casa de Campo. Los educadores consultados por este medio consideran que la decisión de enviar a los jóvenes extranjeros que no tienen familia en España al recurso de Barajas responde a motivos políticos. De hecho, el cierre del centro de Casa de Campo es una reivindicación de Vox, que ha utilizado a los menores extranjeros no acompañados -a los que la extrema derecha se refiere por el acrónimo de MENAS- como punta de lanza en su campaña contra la inmigración. “No los pueden enviar más lejos”, apuntan. 

El complejo de Barajas está flanqueado a un lado por grandes aparcamientos y al otro por una pista de aterrizaje del aeropuerto madrileño. “Lo ves desde fuera y parece una cárcel. La intención es hacer un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), pero de menores”, advierte Calle, que considera que esto supone “una segregación por origen”.