Las diputaciones provinciales son un nido de constantes sospechas. Un centro en el que surgen constantes dudas de transparencia, o incluso de legalidad. No hay una institución provincial que se libre de tal desconfianza social. Pero son muy pocos, funcionarios o políticos, que se lanzan a denunciar con pruebas.
El Partido Castellano (Pcas) se lanza a ello. Y su secretario de Organización, Luis Marcos, ya ha estado en dos ocasiones en la Fiscalía de Burgos para denunciar “indicios de corrupción” en la Diputación burgalesa. El 26 de agosto pasado presentó una ampliación a una denuncia sobre asuntos de personal en la institución, que preside César Rico, por el PP.
En esta ocasión acusa a la Diputación de Burgos de incurrir en “un presunto delito continuado de prevaricación”, porque, según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso La Meseta, se realizaron “cerca de 5.000 contrataciones” en los últimos siete años “sin las debidas garantías de transparencia y rigor”. Además, también alerta a la Fiscalía de que esos contratos se basaron, “en muchos caso”, en “amistades, parentesco, afinidades políticas o servilismo, más propio del caciquismo del siglo XIX que en un moderno y eficiente acceso a la función pública del siglo XXI”.
En opinión de Luis Marcos, la Diputación de Burgos sacó una bolsa de empleo para 15 categorías profesionales en 2005, que caducó en 2007, que estaba formada por “un sistema de Evaluación de Méritos y/o de Pruebas Selectivas” y en la que se especificó que las contrataciones se harían “entre los aspirantes seleccionados, por el orden establecido en la lista, a medida que las necesidades de personal fueran surgiendo”.
Pese a ello, según se relata en la denuncia, “se han realizado contrataciones de personas que no figuraban en las listas de las bolsas de trabajo” o bien eran contratados saltándose la lista establecida.
Según Luis Marcos, “un porcentaje elevadísimo de dichas contrataciones –probablemente próximo al 50 por ciento de esos 5.000 contratos- lo fueron bajo la motivación de ‘exceso de carga de trabajo para la plantilla existente’, lo cual es manifiestamente contradictorio con el hecho de que la propia Diputación haya promovido un ERE para reducir el número de sus empleados laborales”.
Para el Pcas, todo “este proceso irregular” de contrataciones suponen “un uso fraudulento de fondos públicos”, un “incumplimiento de la Ley”, además de un “grave perjuicio para aspirantes merecedores de la oportunidad de una contratación temporal”. En la denuncia, también se concreta que esos “hechos” han generado una “enorme alarma social” entre la población burgalesa, que “ha interiorizado la existencia de una corrupción generalizada en los procedimientos de contratación de personal por parte de la Diputación de Burgos”.
Con anterioridad, en el mes de julio, este partido castellanista denunció ante la Fiscalía los contenidos de las pruebas de selección, realizadas por una empresa privada que percibió cerca de 18.000 euros, sin que hubiera ningún temario y que no se ajustaban a la evaluación de los conocimientos específicos para su función. Según el Pcas, esas pruebas de selección consistieron en una serie de test psicotécnicos, con entre 160 y 190 preguntas según la categoría, “absolutamente ajenos al ejercicio profesional de la enfermería, que violaban el derecho fundamental a la intimidad de los aspirantes y el principio constitucional de acceso a la función pública, mediante una evaluación transparente del mérito y la capacidad”.
