Lo que hace unos meses no era ilícito, ahora puede ser constitutivo de delito. Lo que antes llevó a un archivo judicial, ahora se toman medidas para evitar mayores deterioros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Béjar sobreseyó en noviembre de 2012 una denuncia de Ecologistas en Acción por la actuación de un coto de caza en la Sierra de Béjar, que construyó un refugio de cazadores en una zona protegida. Sin embargo, en octubre de este año, el mismo Juzgado ordena “el precinto del refugio de caza prefabricado” con el objetivo de “evitar que se agrave la lesión al bien jurídico protegido”.
El inicio de esta nueva acción judicial estuvo en un auto de la Audiencia Provincial de Salamanca, en el que ordenó reabrir la denuncia, interpuesta por el colectivo Ecologistas en Acción en esa provincia, por la construcción de unas instalaciones de 60 metros cuadrados, así como por la instalación de 15 torretas en zona protegida del municipio de Candelario, en la Sierra de Béjar.
Una vez reabierto el caso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Béjar dictó el pasado 9 de octubre un auto, al que ha tenido acceso La Meseta, en el que ordena precintar el refugio de los cazadores, aunque descarta esta medida para las 15 torretas porque “no existe constancia” de que su instalación “no haya sido autorizada o que no sea susceptible de autorización”.
En 2012, el colectivo Ecologistas en Acción de Salamanca denunció en el Juzgado de Béjar que el coto de caza denominado “Club Deportivo de Caza EI Calvitero” había edificado una instalación de 60 metros cuadrados y había levantado 15 torretas, ancladas al suelo “en una zona de alto valor ecológico, con materiales de construcción”. Además, todas esas edificaciones habían sido fijadas “al suelo mediante una solera de hormigón”. Y a todo ello se le sumaba que se había realizado un “cambio absoluto y de facto del uso del suelo” –el actual es ganadero- en suelo protegido “por sus especiales características medioambientales”.
Pero, además, la Junta de Castilla y León sancionó en noviembre de 2010 a este coto de caza con una multa de 300 euros y la “retirada de las instalaciones en el plazo de un mes”. Pero, después de tres años, el refugio sigue en el mismo lugar, pese a que su uso puede “suponer un mayor deterioro de la zona que haga difícil o irreversible la reparación medioambiental”, según el último auto judicial.
Este refugio tiene, según declaró el presidente de la Sociedad de cazadores ‘Club Deportivo de Caza EI Calvitero’, en su interior “un lavadero que coge el agua de la lluvia sacándola por un tubo a la calle, una cocina, un par de camas, una mesa, sillas y un generador”.
