Pablo Carmona, activista de la PAH: “La cuestión de la vivienda se mira desde el punto de vista de los propietarios”

El pasado 5 de febrero, mientras la borrasca Marta, segunda del mes tras Leonardo (nombres populares, para que nos vayamos familiarizando, quizá) tumbaba árboles y abría telediarios, se publicaba la encuesta anual de Condiciones de Vida del INE, reflejando datos que hablan de una tormenta mucho más discreta: más del 25% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 36% no pudo afrontar gastos imprevistos en 2025.

En paralelo, el precio de la vivienda sigue escalando hacia niveles que recuerdan a la antesala del estallido de la burbuja. El metro cuadrado ha superado su máximo histórico desde 2008. Un crecimiento que parece haber pisado el acelerador con fuerza en la Región de Murcia, donde la vivienda de segunda mano se ha encarecido casi un 30%, convirtiéndose en la comunidad donde más han subido los precios en el último año.

Frente a esta tormenta social y económica, el Sindicato de Vivienda de Murcia invitó el pasado viernes 13 al historiador, activista y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Pablo Carmona para presentar su libro ‘La democracia de los propietarios’ (2022) y ofrecer una ponencia sobre la cuestión de la vivienda y el papel de las organizaciones sociales en la céntrica librería Libros Traperos.

Aprovechando su paso por la ciudad, hablamos con Carmona sobre la crisis de la vivienda en España, las políticas públicas que la rodean o el papel de los movimientos sociales frente al conflicto.

Ha dicho en alguna ocasión que las políticas públicas en materia de vivienda no buscan solucionar el problema, las califica de ‘parche’, ¿a dónde considera que van dirigidas?

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios. Esto se traduce en que quienes son propietarios puedan vender sus viviendas a precios de mercado. Se trata de ‘la profecía del propietario’: cuando en la cena de Navidad, el primo dice que su propiedad cuesta medio millón porque lo ha visto en Idealista, y alrededor de esa cifra se construye todo un relato de cómo va a mejorar su vida. El Estado garantiza que eso sea posible, y esas condiciones se reflejan en políticas que benefician al propietario.

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios

A pesar de que hoy se habla mucho de políticas públicas de vivienda, todas han protegido al casero particular, que es el mayor tipo de rentista del país. La Ley de Vivienda permite que los propietarios obtengan beneficios fiscales por alquilar, sin penalizar precios desorbitados, e incluso ofrece desgravaciones por alquilar mientras mantienen su vivienda habitual.

¿Y qué justifica esa voluntad que, a su juicio, tiene el Estado de beneficiar al propietario?

Que el valor de las propiedades inmobiliarias en manos de particulares supera cuatro veces el PIB. Además de los niveles de ingreso salariales, es el principal activo que sostiene a la clase media.

Intervenir el sistema de reproducción de la propiedad y sus beneficios, hacer que bajen los precios y que ese activo valga menos… La realidad es que socializar la vivienda pasa por tocarle el bolsillo a una parte importantísima de población, más de dos millones de personas reciben ingresos por alquileres de vivienda en este país, por eso la cuestión se sigue mirando desde el punto de vista de los propietarios, no digamos ya en el Parlamento. Muchas veces digo que este conflicto se entiende mejor en términos de guerra civil que de guerra de clases.

¿Qué opina de la medida del fondo España Crece, por la que Sánchez ha anunciado que movilizará 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año?

Los anuncios del gobierno siempre tienen un aire grandilocuente demasiado alejado de la realidad. Debemos recordar que Sánchez ha anunciado en los últimos años en sus distintos planes más de 180.000 viviendas que no han terminado de concretarse.

A la espera de los detalles, se puede ver que el objetivo del gobierno es reactivar el sector constructor e inmobiliario español, algo que suele ir de la mano con el aumento de precios y el sobreendeudamiento de las familias.

Existe cierta sensación social de que la izquierda institucional, a la vez que aprueba leyes que terminan por beneficiar al empresario, intenta apropiarse del discurso de la lucha por la vivienda, ¿qué explicaría esta disociación?

El nivel de ilusión en el ámbito institucional es altísimo, y con ilusión me refiero a ilusionismo, como los magos. Incluso aunque la Ley de Vivienda se cumpliera y los precios se moderaran en las zonas tensionadas, el problema seguiría prácticamente igual. Aun así, la Ley fue celebrada por todos los partidos de la izquierda como un gran éxito de la democracia.

Han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron

En realidad, han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron. Ha sido ahora cuando Podemos se ha convertido en adalid del movimiento de la vivienda, y Sumar tres cuartos de lo mismo. Ahora han empezado a buscar otro tipo de alternativas del lado de los movimientos de lucha de la sociedad organizada.

¿Y cómo debe responder la sociedad organizada ante esto?

Tenemos que saber quedarnos huérfanos. Empezar a desconfiar de que las medidas y políticas públicas progresistas van a solucionar el problema de la vivienda. Tiene un punto dramático saber que el Estado en ningún caso va a arreglar el problema, pero tiene un punto positivo saber que nos toca construir las alternativas.

¿En qué consisten esas alternativas?

La problemática de la vivienda tiene un problema fundamental que es el impago: no poder pagar la hipoteca o el alquiler. En 2008, miles de personas no podían pagar su hipoteca, se quedaron endeudados de por vida y de ahí surgió la ‘organización política del impago’. Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad.

Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad

Es el punto de partida de una lucha que incluye también la okupación, atender a que miles de familias se quedarán en la calle sin ningún tipo de alternativa y que la única opción que les va a quedar es okupar una de las más de 400.000 viviendas vacías que hay en zonas tensionadas.

El término ‘okupa’ carga gran un estigma negativo promovido, en gran parte, por medios de comunicación, ¿es posible revertir este discurso y que la sociedad deje de entender la idea de la vivienda como una mercancía para interiorizarla como un derecho?

Esa es una idea que siempre se intenta transmitir, pero sin caer en la ingenuidad. Muchos de los propietarios son de izquierdas, sin ir más lejos, el año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España y profesor de universidad. Por tanto, esto no es una cuestión ética o moral, ni siquiera ideológica, es una cuestión política.

El año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión política

Hay que construir una correlación de fuerzas y de posiciones políticas que permitan defender a quienes se están quedando fuera del mercado de la vivienda.

¿Hasta dónde cree que un Estado o sociedad debería estar dispuesto a limitar el derecho a la propiedad cuando entra en conflicto con el derecho de la vivienda?

Hasta que todo el mundo tenga una vivienda digna, lo que sucede es que esto entra en conflicto con el propio concepto de propiedad. El problema de la vivienda no se va a acabar hasta que no se acabe con el capitalismo.

El centro del capitalismo es la protección y la organización de la propiedad privada, lo que significa la acumulación de propiedades. Es lo contrario al reparto de la propiedad y de los bienes materiales que necesitamos para vivir. Uno de ellos, fundamental, es la vivienda.

La cuestión de la vivienda, ¿es un problema generacional o de clase?

El factor que influye principalmente es el de clase, que tiene que ver con el nivel de ingresos. Frente al mercado del alquiler, quienes peor lo pasan son las rentas más bajas. Es verdad que, en el caso de Madrid u otras grandes ciudades, existe un pequeño porcentaje de inquilinos de renta alta, pero fundamentalmente hablamos de un problema de clase, mezclado, evidentemente, con una cuestión generacional y también con el origen, en relación con dónde has nacido. Los extranjeros, proporcionalmente, viven más de alquiler y también son más jóvenes.

Por otro lado, está el problema de una parte de las clases medias: nuevas generaciones nacidas bajo el paraguas de esa clase media que no están teniendo facilidades para acceder a la vivienda, como sí hicieron sus padres o abuelos a través de la compra y las ayudas públicas, y que ahora se ven sometidos a un mercado de alquiler con los precios disparados.

Frente a este conflicto, alguna vez ha hablado de la ‘crisis de la imposibilidad’, que define como el ‘vivir como se pueda’.

Salvando las distancias, se trata de una crisis que recuerda a la de los años 40 y 50, con grandes movimientos poblacionales hacia Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga… Ahí es donde se produce esa crisis de imposibilidad: personas con trabajo que ni pueden hipotecarse ni, a veces, acceder a un alquiler, ya sea por no tener un contrato indefinido; la suficiente antigüedad; por no ser españoles -el racismo es un elemento del propio sistema de acceso a la vivienda- o, directamente, por la competencia del mercado.

La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega

El resultado es una situación de hacinamiento, alquiler por habitaciones y asentamientos informales. Ejemplos de esto se ven claramente en las periferias de Madrid o Barcelona. La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega.

A día de hoy, ¿ser propietario te sitúa en la clase media o te mantiene en la clase obrera?

Hay que tener en cuenta que el acceso a la propiedad hoy es algo radicalmente distinto a cómo fue en los años 70 y 80, cuando era habitual poder comprar una vivienda en 10 o 15 años, con un coste equivalente a los ingresos de cuatro o cinco años. Esto nos da una idea de la magnitud del problema actual: quien hoy accede a la vivienda sin mayor problema no es el mismo tipo de propietario que entonces.

Si antes hemos hablado de crisis de la imposibilidad, también existe la crisis de la inasequibilidad, marcada por el desajuste entre ingresos y alquileres, que en muchos casos obliga a destinar el 40, 50 o 60% del salario a la vivienda. También está la crisis de la asequibilidad, para quienes aún pueden comprar, pero acceden a hipotecas desde el inicio prácticamente insostenibles.

¿Cree que deberíamos empezar a hablar de la responsabilidad moral del propietario?

Deberíamos hablar de una responsabilidad ‘igual’. Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios.

Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios

La cuestión sería, por un lado, cómo limitar al máximo o incluso eliminar el beneficio de esos propietarios, eliminar la idea de que la vivienda tiene que ser un negocio; y, por otro, cómo proteger a los miles de personas que en los próximos años van a caer en el impago. Personas que no son ‘ellos’ porque podemos llegar a ser nosotros mismos. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial nos dicen que el aumento de ejecuciones hipotecarias, es decir, personas que durante un tiempo dejan de pagar la hipoteca y acaban en desahucio, ha crecido sustancialmente en los últimos años.

¿Cuál es el riesgo de que una sociedad normalice los desahucios?

La normalización tiene que ver con la idea de que a uno no le va a tocar, y eso no es cierto. Las crisis de empleo, como pasó en 2008, donde mucha gente se fue a la calle, también son crisis de impago de vivienda, y eso afecta a quien tiene hipoteca, a quien vive de alquiler, y a quien no tiene ninguna de las dos cosas.

Además, influye la falta de empatía de esa parte de la sociedad propietaria, asentada y todavía mayoritaria, que observa el problema de la vivienda con cierta distancia.