Ha sido desestimada ya la primera denuncia por supuesto cohecho interpuesta contra el presidente López Miras y los tránsfugas de Ciudadanos por supuesta prevaricación y cohecho –soborno, para entendernos–, posibles delitos gracias a los cuales uno habría conservado la primera magistratura regional comprando a los otros tres con los cargos que mantienen y las prebendas y beneficios que llevan aparejados. Sin olvidarnos del cuarto tránsfuga, que figura como abstencionista sentado en la Presidencia asamblearia, y que tiene más morro que sus tres amiguetes juntos.
Hubiera sido una sorpresa que se admitiera a trámite la tal querella, puesto que cuando alguien usa la toga para hacerse propaganda gratuita, mucho más barata que pagar espacios publicitarios, es normal que pase lo que ha pasado. Lo que resulta más discutible es que todo un partido de Gobierno como es el PSOE entre a ese mismo trapo e interponga denuncia con idéntico motivo y fin, sin parar mientes en la efectividad de la misma.
La cosa viene dizque del mismísimo secretario de organización del partido gobernante, puesto que fue él y no otro, a la sazón también ministro de Transportes, quien la anunció en el Senado, caja de resonancia para hacer ver a la ciudadanía algo que solo los obtusos dudarían: que el último ejemplo de golfería tránsfuga por intereses personales, rencillas irresueltas e inquinas africanas se dio en la Asamblea Regional de Murcia cuando Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez se desdijeron de lo que habían firmado cuatro días antes para encontrar cobijo en las faldas protectoras del presidente López Miras y salvarlo de la quema a la que parecía destinado, con la inestimable ayuda abstencionista del ínclito cofrade Castillo quien, según declaró, duerme como un bendito desde el día de la moción.
Lo grande del caso es que José Luis Ábalos había sido precedido en su porfía por el dignísimo peaso líder Pablo Iglesias, quien, en la sesión en la que se despedía de su cargo de vicepresidente segundo del Gobierno, anunció que su Unidas Podemos denunciaría a Teodoro García Egea, Fernando López Miras y Fran Hervías por “comprar diputados”. Al peso, se supone. El secretario de organización del PSOE no podía ser menos, como después se vio.
Aquellos del trío calavera ciudadano-murciano pecaron por acción, y el pérfido presidente asambleario por omisión. Se va a condenar igualmente esta banda huertana de los cuatro, si hemos de creer las leyes morales que proclama su religión de ellos. Sin embargo, no tiene mucha explicación –al margen de la pretendida propaganda fútil y corta de miras– que el partido gobernante y su coaligado respondan a la patochada política que nos ocupa con la inanidad jurídica y, probablemente, judicial. Basta con ver las “pruebas” que aportan los escritos de denuncia: recortes de prensa, para entendernos, aunque en realidad son enlaces electrónicos a artículos de periódicos.
Con el llamado pacto antitransfuguismo, en puridad “Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el transfuguismo político”, haciendo aguas tras el escándalo de Murcia, parecería más adecuado que los partidos que teóricamente se proponen que sea efectivo –y entre los que, obviamente, no se encuentra el PP a pesar de haberlo firmado– intentaran profundizar en ese acuerdo de forma que fuera legalmente imposible que se dieran situaciones político-legales como la protagonizada por los tres más uno tránsfugas de Murcia, con la colaboración de los otros tres prófugos políticos de extrema derecha y la instigación indispensable de los prebostes populares Casado, García Egea y López Miras.
En las actuales circunstancias, probablemente una iniciativa legislativa del Gobierno de coalición para hacer operativo el Pacto sería secundada por la inmensa mayoría del espectro parlamentario, salvo, claro está, PP y VOX. Porque, como es sabido, para que ese texto sea realmente efectivo ha de tener una traslación legal a los reglamentos de las cámaras autonómicas y de los ayuntamientos, además de al Congreso y al Senado junto a las reformas de la ley reguladora de las elecciones (Loreg) y la de los partidos políticos.
Pero, claro, eso es lo difícil y es lo que exige una acción política que no sea cortoplacista ni buscadora de titulares periodísticos espectaculares antes que de efectividad a medio y largo plazo. No obstante, sería una enorme noticia que el juez Ángel Garrote admitiera a trámite la denuncia del PSOE por los “hechos” transfuguistas. O la de UP el magistrado a quien corresponda. Tampoco hay que desanimarse: curados de espanto como estamos, todo puede pasar. Otro numerito judicial sustitutorio de actuaciones de calado para impedir legalmente la repetición de vergonzosos espectáculos como ese del que hemos disfrutado recientemente en primera línea de platea. Vale.
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