Gottfried Leibniz postuló que las almas humanas son “mónadas”, es decir, entidades ininfluenciables por el entorno e incapaces de actuar sobre él, que actúan siguiendo su libre albedrío. La aparente coordinación entre la voluntad y los actos del cuerpo, o lo que parecen acciones sobre el medio, son interpretados por el filósofo alemán como debidos a una armonía preestablecida entre los movimientos de las distintas mónadas organizada por Dios, y no a una relación causa-efecto.
En la actualidad circulan distintas actualizaciones del idealismo filosófico de Leibniz, que adoptan formas libremente inspiradas en filosofías y religiones orientales, y que cambian los principios radicales del autor mencionado por una indefinición borrosa que viene a concretarse en que la realidad no existe, sino que es sólo ilusoria. Las distintas versiones del idealismo coinciden en que el individuo no tiene responsabilidad para con la sociedad, dado que su acción no repercute en ella.
Por otra parte, Jean Jacques Rousseau partía de que los individuos son buenos por naturaleza, y concluía que el único estado legítimo es aquel que no restringe en nada la libertad de los individuos.
Estos enfoques, y otros distintos, afirman la libertad absoluta del individuo frente a presiones sociales y estatales para decidir lo que hacer consigo mismo, tanto con su propio cuerpo como con su posicionamiento social. Así se justifica el derecho de una persona a abortar, a prostituirse, a comerciar con sus órganos o a venderse a sí mismo como esclavo, entre otras posibilidades.
Otras perspectivas consideran que el sujeto tiene unos derechos (y por tanto unas responsabilidades) inalienables, es decir, que no puede desprenderse de ellos, ni bajo la coacción de la sociedad, ni mediante el ejercicio de una voluntad no viciada.
El tema de la prostitución resulta controvertido. Hay quien considera que “el oficio más antiguo del mundo” es una opción vital legítima, un ejercicio de libertad sexual y que quien lo adopta no debe ser perseguido ni censurado. Por otro lado, hay quien piensa que supone una denigración inaceptable de quien lo ejerce, un atentado a la dignidad humana en el que se suele incurrir bajo coacción (económica o de otro tipo) y que, aún en el caso de que se asumiese de forma genuinamente libre, supondría un menoscabo de derechos humanos que se debe evitar.
La cuestión del tráfico de órganos parece menos controvertida. Existe un consenso generalizado en que vender un riñón o una córnea no son ejercicios de libertad que dignifiquen a quien los realiza, sino actos autodestructivos que deben ser evitados mediante la intervención del estado.
Además, por mucho que se defienda la libertad de decisión, cuando una persona realiza actos autodestructivos de los que se aprovecha otra, surge la fuerte sospecha de que en algún lugar del proceso decisorio existe algún elemento de coacción. Esta coacción puede ser ejercida directamente por quien se aprovecha de ella o ser causada por circunstancias psicosociales adversas, en cuyo caso los beneficiarios serían meros canalizadores de la desgracia ajena.
Aún menos controvertido parece el asunto de la esclavitud (forzada o asumida voluntariamente), cuya función fue sustituida por la energía de los combustibles fósiles y por las máquinas, y cuya prohibición generalizada dura ya más de un siglo. Un problema relacionado con éste es el de la necesidad de un sueldo mínimo, frente al derecho a trabajar por el salario que determinen las fuerzas del mercado. Unos entienden que ganar poco es preferible a no ganar nada, y que es bueno para la economía el que se ocupen empleos cuya baja productividad no permite recompensas económicas mayores. Otros, en cambio, consideran que la dignidad del trabajador debe ser protegida de la explotación que supone un pago inferior a cierto umbral.
Más allá del análisis de los problemas concretos desde la perspectiva de que el sujeto que decide es el único que se ve afectado por su decisión, y en contra de los abordajes idealista y roussoniano, existe el enfoque sistémico. Según éste, en un sistema (como la sociedad) las acciones de cada individuo afectan a todos los demás, por lo que no hay actos que no sean sociales y sometibles a la intervención de la comunidad. Desde esta perspectiva podemos entender que promover el enriquecimiento de proxenetas y traficantes de órganos no son acciones constructivas desde el punto de vista social, o que aceptar un salario excesivamente bajo afecta al sueldo que pueden esperar otros trabajadores.
La cuestión de cuán libres podemos ser, cuánto nos debe proteger la sociedad (o el estado) de nosotros mismos y qué impacto tenemos sobre los demás, es un tema que siempre estará abierto, y sobre el que tenemos que seguir pensando, por mucho que parezca que algunas derivaciones de este problema se hayan resuelto definitivamente.
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