Merece la pena repasar lo ocurrido en los últimos días porque, sin constituir cosa de suma transcendencia, sí revela por donde van y van a ir los tiros en el previsible futuro. Esto es, de aquí a las elecciones del año que viene. Hay quien está demasiado nervioso y parece dispuesto a seguir dando puñetazos encima de la mesa para imponer su santa voluntad, pues ya no tiene la primacía que otorga la mayoría absoluta.
Si algo ha quedado medio claro en la controversia sobre las enmiendas al decreto de Medidas Urgentes para el Mar Menor, ha sido el mal perder que tienen algunos y la incapacidad de aceptar las reglas del juego democrático cuando el resultado no es el pretendido. Y no solo sobre ese discutido asunto, sino también sobre otros que azotan a los ciudadanos de la Región, como el del no soterramiento y la llegada del AVE a Murcia.
Entre aquellos “algunos” hay que colocar en lugar destacado a diversos portavoces del partido gobernante que reaccionaron en forma de pataleta tras el revés sufrido. Al lado se han colocado otros también acostumbrados a hacer lo que les viene en gana desde hace ya demasiados años y contar, al tiempo, con la aquiescencia, si no con el apoyo explícito, de los prebostes gobernantes.
Por partes. De lo que se estaba fraguando e iba a pasar dio primera señal un escrito distribuido a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional por la Asociación para la Defensa y Protección de las necesidades de agua en el Campo de Cartagena, que concluía en sus páginas finales 17 y 18 reclamando posibles responsabilidades personales y patrimoniales a los diputados que votaran a favor de las enmiendas, y responsabilidad civil subsidiaria a los partidos políticos a los que pertenecieran.
Además solicitaba, en el mejor estilo policiaco-represivo, información “del resultado de la votación en el Pleno de la Asamblea Regional” que se produciría el jueves día 1 de febrero, así como “del nombre y apellidos de quienes hayan votado a favor y en contra de cada una de ellas”. El amenazante final del escrito concluía por “emplazar a los servicios jurídicos de la Asamblea Regional” para que se pronunciaran “sobre las posibles responsabilidades civiles y penales que se podrían derivar” para los diputados que votasen a favor de las enmiendas.
Fue, en definitiva, toda una muestra de intento de coerción y condicionamiento sobre los votos de los diputados elegidos democráticamente. Como tal fue entendido por la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, que puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía. Por si acaso. Y porque consideró que se trataba de “coaccionar, intimidar y amenazar” a los parlamentarios justo antes de una votación de trascendencia.
Así que este era el ánimo con el que se acercaban algunos al pleno de la Asamblea del pasado jueves primero de febrero. Semejante predisposición no podía dejar de tener consecuencias, puesto que estaba cantado que las enmiendas serían aprobadas con los votos de Ciudadanos, Podemos y PSOE, en contra de los negativos del PP. Sabían que iban a perder democráticamente el asunto, pero era incapaces de asimilarlo a pesar de que también sabían que en las últimas elecciones el PP perdió su mayoría absoluta y soplan otros vientos.
Con tal ambiente, no es de extrañar que alguien jugara el rol de energúmeno tras la votación aprobatoria de las enmiendas. Le tocó el papel a Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), que pasó de las buenas formas a los “Os vais a cargar el sector”, “Urralburu cobra todos los meses, y a veces dos veces”, “No es ni murciano” y demás sandeces publicadas.
Lo más gordo es que se sumara al coro el López presidente de Gobierno compartiendo “la indignación” de los agricultores y declaraciones del nivel de «estocada de muerte» al Campo de Cartagena, «pone el candado y cierra la persiana» de la agricultura... , todo un ejercicio de fair play parlamentario, de saber perder, de aceptación de las reglas del juego… limpio.
Muchos nervios son los que se adivinan detrás de esas actitudes destempladas. Y mucha inseguridad, ante la constatación de que las cosas ya no son como eran y todo pinta que no van a volver a serlo en el previsible futuro.
Sin que se hubiera disipado la polvareda de las medidas urgentes del Mar Menor, quien parece ser el jefe de fila de los diputados murcianos en el Congreso de los Diputados, Teodoro García, recuperó burdamente para el argumentario popular algo que hacía tiempo que cayó en desuso: quien se opone a lo que quiere el PP es anti todo. En este caso, según sus palabras, los que claman No al Muro del AVE son “una plataforma anti AVE, antidesarrollo de la Región de Murcia y anti PP”.
Recordó la mejor época del “Agua para Todos”, cuando quienes se oponían al Trasvase del Ebro eran, por lo menos, “anti murcianos”. Qué casualidad que, apenas tres días después de las palabras de García, el ministro Íñigo de la Serna no pudiera precisar cuándo estarán terminadas las obras de soterramiento del AVE aunque tenía clarísimo que el rápido tren llegará a Murcia del Carmen para el verano de 2018.
La actitud de García está en línea con la del actual delegado del Gobierno, aquel que como alcalde la La Unión se oponía al puerto del Gorguel y como portavoz del PP lo defendía a muerte. Se trata del mismo Francisco Martín Bernabé cuya sobreactuación ha elevado a 70 el número de multas impuestas a vecinos de la zona ––algunas de hasta 2.000 euros–– y hace añorar a algunos al educado anterior representante de Rajoy en la Región.
Posiblemente, el actual estado de nervios no se quede en lo que hay. Conforme se adivine en lontananza la fecha electoral de 2019 y se vaya confirmando la tendencia a una pérdida de poder del PP en la Región, las cajas destempladas serán más habituales. Por llegar, pueden llegar incluso a abrumar al actual inquilino de la Glorieta, si es que la variopinta oposición municipal concreta su esbozo de moción de censura. En manos de Ciudadanos tendrá Ballesta que encomendar su espíritu. Amén.
