La Guardia Civil ha advertido nuevamente de que delatar la presencia de sus controles en carretera favorece a los delincuentes. A la tradicional costumbre de algunos conductores de informar con las luces de los controles de las fuerzas de seguridad, se ha añadido recientemente el aviso más sofisticado a través de medios electrónicos.
Una cantidad significativa de ciudadanos no percibe a las fuerzas del orden como una herramienta del estado, al servicio del pueblo, para preservar la ley, el orden y el bienestar de las personas. Estos individuos sabotean la función policial en un intento romántico de defender la libertad de sus conciudadanos frente a la opresión del estado, entendiendo que existe una oposición de base entre estado y sociedad.
De acuerdo con el Evangelio según san Marcos 3:25 “Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir”. Es decir, la oposición entre sociedad y estado tiende al colapso. Incluso si entendemos que a lo largo de la historia ha habido tiranías estables, en un sistema democrático resulta incongruente que el estado no sea entendido como una extensión del pueblo para servir a sus intereses. Y sin embargo, esa percepción dista mucho de ser compartida de manera unánime.
La legitimación de la autoridad del estado sobre el pueblo es una cuestión problemática. Esta autoridad ya no se justifica por la Gracia de Dios como en las monarquías absolutas del barroco, ni por la gran cadena del ser, como había ocurrido anteriormente.
La ideología de la Ilustración establece que todo gobierno legítimo depende del consentimiento de los gobernados. Incluso Rousseau llegó al extremo de afirmar que la ley no puede restringir legítimamente las libertades individuales sin el asentimiento de cada uno de los ciudadanos.
Esta ideología ilustrada fundamenta tanto la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa, inunda el discurso de la Edad Contemporánea, y continúa constituyendo la base del modelo político de Occidente. A pesar de su imperio, este discurso plantea problemas.
La voluntad del pueblo, como la de cualquier gobernante, es volátil y a veces manifiestamente irracional y perniciosa. Ésta es una de las razones por las que se establecen sistemas de balances y controles en el sistema político, lo que incluye constituciones que se imponen al capricho puntual de los dirigentes y del mismísimo pueblo (aunque puedan ser modificadas por éste en un proceso que requiere unos procedimientos predeterminados que conllevan tiempo y reflexión).
Entiendo que con estos sistemas el pueblo sacrifica parte de su libertad asumiendo un compromiso consigo mismo para ganar a cambio estabilidad, coherencia y tal vez justicia, en un proceso análogo a la renuncia de libertad que yo asumo cuando me comprometo a ir al gimnasio aunque luego a la hora de ir no tenga ganas.
Resulta tiránico utilizar esta renuncia del pueblo a parcelas de su libertad para sujetarlo con imposiciones injustas. Leyes inadecuadamente restrictivas alienan al pueblo respecto a su compromiso y socavan el sistema. Esto ocurre cuando la ley de tráfico impone límites de velocidad excesivamente bajos o coloca un “stop” que obliga a parar en cruces en los que las condiciones de la vía no justifican esa necesidad. Más grave aún resulta observar situaciones en las que el estado afronta conflictos de intereses en su atención al pueblo, como cuando tiene la potestad de multar a conductores y beneficiarse al cobrar las multas el mismo estado que las impone.
Creo que es la percepción de estas dinámicas tiránicas (potenciada por la herencia histórica de regímenes auténticamente tiránicos del pasado) la que alimenta la oposición de determinados sectores de la población a la autoridad del estado y el apoyo de unos conductores a otros frente a la Guardia Civil.
Esta dinámica rebelde puede llegar a canalizarse mediante movimientos políticos estructurados de orientación “populista”, que imponen la voluntad popular (o de una parte del pueblo) a los sistemas políticos establecidos. Ésta es la dinámica que provoca sucesos como el asalto al Capitolio de los Estados Unidos o al ayuntamiento de Lorca.
Más allá de la “chusquedad” de estos episodios, existe una tirantez entre la imposición de la autoridad sobre el pueblo (aunque ésta sea autoimpuesta en su origen) y la libertad de éste. Resulta difícil establecer hasta qué punto el pueblo debe someterse al estado y cuándo la injusticia del estado justifica una rebelión. La historia está llena tanto de rebeliones absurdas como de tiranías intolerables (incluso desarrolladas bajo estructuras formalmente democráticas). En la práctica, podemos ver los dos extremos en acción, tanto medidas tiránicas de los gobiernos, como conatos de rebelión. ¿Dónde se sitúa la razón?
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