El PSOE pide a Garre que se analicen las consecuencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la Región
El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz Andreo, ha manifestado que “la celeridad en la resolución de las causas de corrupción no pasa principalmente por reducir el plazo de instrucción de las mismas, sino de manera esencial, por no escatimar en la implementación de medios técnicos y humanos para que los procesos se desarrollen con todas las garantías”. Muñoz ha hecho estas declaraciones a propósito de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó esta semana el Gobierno central.
En opinión de los socialistas murcianos, el Gobierno de Garre, que viene pidiendo que la instrucción de los procesos judiciales “no se eternice”, no puede interpretar el nuevo marco legal como la respuesta a sus reivindicaciones. Según Muñoz, en la práctica, el nuevo plazo máximo fijado en 36 meses que contempla la reforma “supondría que todos los casos que afectan al PP murciano tendrían que ser archivados por expiración del plazo”. “Y queremos pensar -ha añadido Muñoz- que cuando Garre pide celeridad, se está refiriendo al fondo del asunto, a que quien haya cometido un delito lo pague, y no a que se dicten sentencias absolutorias por defectos de forma o por limitaciones de tiempos de investigación”.
Hace pocos días se hizo público el último auto del juez Castillejos, instructor del caso Umbra -en el que, entre otros, se encuentra imputado el alcalde popular de Murcia, Miguel Ángel Cámara-, y el magistrado lamentaba el hecho de contar con un solo funcionario auxiliar para redactar todos los informes que se le solicitan. “Con estos raquíticos medios”, llegó a decir Castillejos, “poco se puede pedir a esta instrucción”.
Para José Miguel Muñoz, resulta muy extraño que el Gobierno regional, desoyendo a jueces y fiscales que piden más medios, opte por apoyar la limitación del periodo de instrucción: “La precipitación en la instrucción de las causas lleva sin solución de continuidad a errores que desembocan en nulidad ¿Acaso se busca eso?”
El PSRM-PSOE ha pedido al presidente Garre que reúna “con carácter inmediato” a todos los agentes judiciales de la Región -TSJ, Fiscalía, Audiencia Provincial, Colegio Abogados, Colegio Procuradores, sindicatos, asociaciones- “para determinar qué consecuencias puede deparar para la Región de Murcia el Anteproyecto recién aprobado”, ya que, en opinión de los socislistas, “aparte los casos de corrupción existen juzgados absolutamente colapsados en diferentes partidos judiciales de la Región”.
“El presidente debe escuchar a los expertos y sacar conclusiones -ha explicado Muñoz-, y en caso de que la reforma resulte negativa para la Región, deberá convertir esas conclusiones en reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia”. Según el PSRM-PSOE, el Gobierno regional debería realizar las alegaciones oportunas al Anteproyecto “para salvaguardar que el que la hace la paga, y para que la justicia regional tenga todos los medios necesarios para llevar a buen término todos sus procedimientos”.
