Un informe interno alertó de la compra de implantes sin homologar en Murcia y del “grave riesgo” para los pacientes

Se implantaba una prótesis y se facturaba otra. Continúa la investigación sobre la trama de las prótesis cardiovasculares en el seno del Servicio Murciano de Salud, que dejó un agujero a las arcas regionales de 6,9 millones de euros y que ya cuenta con trece personas investigadas. Según un informe del servicio de inspección de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) -la central de compras- manipuló el registro del material empleado en los pacientes del Hospital Virgen de la Arrixaca. El documento, adelantado por el diario local La Verdad y que la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) ha facilitado al juez, fue redactado en el año 2024.

En concreto, el informe alertó de “irregularidades” en la adquisición de prótesis no homologadas y con el precio inflado en el servicio de Radiología Vascular Intervencionista del hospital. El Virgen de la Arrixaca utilizó un tapón de embolización no homologado por el SMS, lo que supuso un sobrecoste de 650.140 euros y un “riesgo grave para la salud de los pacientes portadores de un producto que oficialmente no consta como implantado según la instrucción del gerente del Servicio Murciano de Salud”.

Según la Inspección, al comprobar la facturación detectaron anomalías en el gasto de un embolizador, una especie de bobina metálica, a partir de diciembre de 2022 y a lo largo de 2023. Antes de este periodo, el Servicio empleaba una bobina homologada, con un precio de 440 euros, que se sustituyó en favor de una sin homologar, un “producto sin código” por valor de 1.400 euros: “Desconocemos el precio real del Coil Prestigue Plus [el dispositivo sin homologar]”, reconoce el informe. La diferencia de precios entre ambos dispositivos supuso un coste de 910.140 euros a La Arrixaca y la imposibilidad de ahorrar 650.140 euros. Este producto fue comercializado por la empresa de productos sanitarios Logimed, con dos investigados en la trama de las prótesis caducadas.

Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente: “Es un hecho grave que, al recoger en el programa SAP (de gestión económica) como implantado un producto falso podría haberse causado un riesgo grave para la salud de los pacientes portadores de un producto que oficialmente no consta como implantado según la instrucción del gerente del SMS”.

Trazabilidad comprometida

“Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento sobre el producto C no autorizado, no se podría haber detectado en el programa económico contable del SMS, ya que consta como implantado el producto B [el homologado]. Un hecho también tipificado en la vigente Ley General de Sanidad”. En otras palabras, la trazabilidad de las prótesis implantadas estuvo comprometida. Según La Verdad, la Inspección apunta a que se pudo incurrir en tres delitos durante esta operación: falsedad de documento público-contable, prevaricación y malversación de fondos públicos.

De este informe se acabó descabezando a la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), después de que se apartase a V. F. G., jefe de la UAI y al jefe de sección de este departamento. También se cesó a A. C. A., médico y jefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista. Todos están siendo investigados por el tribunal.

Al tiempo que el informe identifica a los implicados en esta parte del presunto fraude, también descarta la implicación de instancias superiores del hospital o de otros funcionarios de la UAI. “Ni la Dirección Médica, ni la Dirección de Gestión y Asuntos Generales, ni el gerente de La Arrixaca ni la Subdirección General de Asuntos Económicos” del SMS tuvieron conocimiento de la trama.

Desde la Consejería de Salud han apuntado que los hechos recogidos en el informe se denunciaron a Fiscalía “hace dos años” y que “se ciñe a un fraude económico para incrementar la facturación”. Respecto al fraude de las prótesis, que afecta a 378 pacientes, han insistido en que “los servicios sanitarios no han detectado episodios clínicos compatibles con la implantación de material que no sea adecuado y la salud de los pacientes está protegida”.

El juez admite al PSOE como acusación particular

El Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado la incorporación de dos acusaciones populares a la causa del fraude de prótesis vasculares. En concreto, se van a personar el PSOE y la asociación de consumidores UCE Región de Murcia-Ciudad de Murcia y del PSOE, ambos tras la prestación de una fianza de 5.000 euros.

Además, el magistrado instructor ha acordado la práctica de una prueba pericial, solicitando informe a la Administración General del Estado para determinar el importe presuntamente defraudado, tal y como fue solicitado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su atestado.