Proponen un trasvase de 60 hectómetros al Segura y Castilla-La Mancha plantea presentar un recurso
La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura es favorable a transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, tras constatar que los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía superan ya el umbral mínimo que permite trasvasar recursos según la legislación vigente.
Once meses después del último trasvase, este órgano se ha mostrado favorable a una transferencia de 20 hectómetros cúbicos en el mes de abril y de la misma cantidad de agua cada uno de los dos siguientes meses, siempre y cuando los embalses de cabecera se encuentren en la misma situación y acumulen similares reservas.
Tras conocer la posición de esa Comisión y su publicación en el BOE, será el Gobierno el que adopte la decisión definitiva sobre el trasvase, aunque la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha dejado claro hoy que “todo lo que hay que hacer” es cumplir con lo establecido en la ley.
Y la legislación establece la posibilidad de realizar trasvases de agua cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía sumen 400 hectómetros cúbicos, cantidad mínima que se ha sobrepasado con las lluvias caídas las últimas semanas.
A día de hoy, y según los últimos datos que ha hecho públicos el Ministerio de Medio Ambiente, el de Buendía almacena 259 hectómetros cúbicos de agua y el de Entrepeñas 207, lo que hace un total 466 hectómetros cúbicos.
Los datos y las decisiones políticas que se han de tomar han propiciado que se reabran las fisuras políticas y territoriales en torno a la guerra del agua y a los trasvases.
El presidente del Gobierno de Murcia, el popular Fernando López Miras, ha señalado que “ya no estamos en manos de decisiones políticas ni de intereses particulares”. También el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, ha señalado que ve “absolutamente exigible” que se autorice el trasvase Tajo-Segura.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido que recurrirá la aprobación de un trasvase del Tajo al Segura si se tiene “la más mínima sospecha de que el acuerdo puede ser ilegal”.
