“Los gobiernos del PP han blanqueado las inmatriculaciones de la Iglesia”

Andrés Valentín es la cara visible de la coordinadora Recuperando en Navarra, la plataforma estatal que lucha contra el “expolio” del patrimonio público por parte de la Iglesia católica a través de las inmatriculaciones. Consideran que la institución ha abusado históricamente de una posición de poder concedida por diferentes gobiernos para registrar a su nombre entre “30.000 y 40.000” propiedades a lo largo y ancho de España. La moción de censura que acabó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy les ha dado alas y mueven ficha política en busca de una mayor sintonía con los socialistas, y también con el Gobierno de Navarra.

- Los listados de inmatriculaciones han vuelto a la actualidad política estatal, ¿confían en que se produzcan avances con el nuevo Gobierno?

- La situación actual tiene su origen en febrero de 2017, cuando la Coordinadora Recuperando presenta dos iniciativas en el Congreso de los Diputados. Una tenía que ver con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaba al Estado español a pagar una indemnización de 615.000 euros por permitir inmatriculaciones ilegales. La otra pedía la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica al amparo del reformado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que data de 1946.

- Es esa segunda Proposición No de Ley la que ha dado nuevas alas a la causa.

- Sí, esta segunda iniciativa se concreta en dos proposiciones no de ley: una del PSOE y otra de Podemos. A Podemos le pedimos que la retirara, para no entrar en una guerra política, y lo hicieron. La del PSOE se aprobó en abril, que si bien copiaba algunos párrafos de nuestro escrito, otros los alteraba peligrosamente, introduciendo la referencia del año 1998 como inicio del periodo: de 1998 a 2015. Nosotros pedíamos datos de todas las inmatriculaciones, sin un horizonte temporal.

- Todavía no conocemos el número total de inmatriculaciones.

- No, y las respuestas que había habido hasta ese momento eran desalentadoras. Por ejemplo, la respuesta a la petición del Gobierno de Navarra de saber cuántas inmatriculaciones se habían realizado en Navarra, realizada a instancias del Parlamento,  fue que el Gobierno -de Mariano Rajoy- ni tenía ni podía tener esos datos. En 2008 sí había respondido a una petición del Parlamento de Navarra entregando las notas simples de 1.087 inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2007, así que era una mentira evidente del Gobierno central. Era una cuestión de voluntad política. El Gobierno de Mariano Rajoy nunca la tuvo, y los datos entregados por el Gobierno del PSOE en 2008 lo ponen en evidencia. A ver qué pasa con el Gobierno de Pedro Sánchez.

- Los plazos han ido avanzando, y han traído respuestas.

- En octubre de 2017 nos consta que el Gobierno de Mariano Rajoy preguntó a los registradores de la propiedad, ya que se cumplía el plazo de la proposición no de ley impulsada por el PSOE. El diputado socialista Antonio Hurtado preguntó. Tras la moción de censura, el 2 de agosto el Gobierno anuncia que va a publicar los datos de las inmatriculaciones realizadas a partir de 1998.

- No se fían de los datos disponibles.

- No. Hay que analizarlos con cuidado. José María Setién, por ejemplo, utilizó mucho en Gipuzkoa un subterfugio: inmatriculaba un solar, pero luego, en la nota simple, se detalla que en ese solar se ubica una ermita o una iglesia, o una parroquia, o una casa sacerdotal. Esto naturalmente tiene que hacerse con la complicidad manifiesta del registrador de la propiedad, y creemos que hay más de un centenar de estos casos en Gipuzkoa. Otro ejemplo: la inmatriculación de la iglesia de Los Arcos, en Navarra, conlleva algo así como 6.000 metros cuadrados adicionales. Sin entrar en la nota simple, estas cuestiones pasan desapercibidas. Porque la inmatriculación de la iglesia puede ser más o menos discutible, pero los alrededores, ¿a santo de qué se inmatriculan?

- Ustedes pelean por un horizonte temporal más amplio que el de 1998.

- Sí, porque las inmatriculaciones no empiezan en 1998, empiezan en 1946. Se ha cogido como referencia ese año porque fue el de la reforma de la Ley emprendida por José María Aznar, que blanqueó las anteriores inmatriculaciones. Ha quedado muy claro que no puede ser la fecha de referencia. ¿Por qué hemos de ignorar las anteriores si por los datos parciales de que disponemos son muchísimas? Al menos deberíamos retroceder hasta 1978, cuando la Constitución hace de España un país aconfesional y le quita a la Iglesia el carácter de autoridad pública que tenía con el franquismo.

- Ese expolio se ha producido con la tolerancia o incluso con el apoyo de los gobiernos.

- Los gobiernos del PP no solo han favorecido nuevas inmatriculaciones, también han blanqueado las anteriores a 1998, que son ilegales, tal y como ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diga lo que diga el gobierno. Han sido cómplices de un expolio monumental de una manera descarada.

- ¿Qué números saldrán a la luz con estas investigaciones?

- El secretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, ha reconocido entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones. Nosotros sospechamos que son las realizadas a partir de 1998 solamente. Algunas de estas inmatriculaciones son la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Seo de Zaragoza, las catedrales de Pamplona y de Tudela… ¿cuánto vale ese patrimonio?, ¿quién podría tasarlo?

- Y una vez que tengan los datos, ¿qué se puede hacer para revertir la situación?

- El recurso judicial individual no es el camino. Nosotros respetamos evidentemente a los particulares que tratan de defender sus derechos en los tribunales, pero creemos que no es el camino por una cuestión temporal. Decenas de miles de posibles conflictos que pueden llegar 20 años de litigios judiciales… Este es el problema real. Los anteriores han sido para conocer el problema.

- ¿Y qué piensan hacer?, ¿qué camino es el más probable?

- La solución más simple, fácil y razonable -la viabilidad ya es otra cuestión- sería que la Iglesia renunciase a esas inmatriculaciones, devolviese las cosas a la situación previa a las inmatriculaciones. Y a partir de ahí, aquello que considere que es suyo, que lo reclame con la documentación acreditativa de su propiedad y que lo registre. Resulta muy poco probable, pero evidentemente la presión social es cada vez mayor y hay colectivos cristianos cada vez más numerosos que cuestionan las decisiones de la Conferencia Episcopal. La Iglesia ha salido de una manera increíblemente defensiva a este debate: dice que no sabe… ¿cómo que no sabe?, que no aceptarán la información si hay trato discriminatorio… ¿qué trato discriminatorio si han sido ellos los únicos con la potestad de inmatricular además de las administraciones públicas?

- Es una situación que ha durado muchos años, no parece que pueda cambiarse de la noche a la mañana.

- En 1946 se reconoció la categoría de administración pública a la Iglesia para que pudiese inmatricular, y además tenía potestad de certificarse a sí misma la titularidad de ese bien. Palabra de obispo. Esto se extiende hasta 2015, cuando el Gobierno, como consecuencia de la presión social y de la sentencia del TEDH, anula esa excepción que permitía a la Iglesia Católica registrar bienes a su nombre. Han pretendido continuar con eso, pero ha habido varios registros que lo han echado atrás.

- ¿Cuáles son los datos en su poder a día de hoy?

- La Dirección General de Registros y Notariado respondió al Parlamento de Navarra en su día que había 1.087 inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2007. Por otro lado, algunos ayuntamientos de Navarra han conseguido la relación completa de inmatriculaciones en su municipio: Lizoain, Noain… lo han aprobado otros más pero aún están en trámite. Eso nos permite hablar de más de 1.100 inmatriculaciones en Navarra documentadas. A raíz de lo que hemos visto en Lizoain y en Noain, pensamos que antes de 1998 se produjeron otras tantas, lo que nos lleva a pensar que en Navarra podría haber entre 2.000 y 2.500 inmatriculaciones. En Aragón acaban de conseguir el listado de las realizadas de 1998 a 2015, y son 2.022 o 2.023. Ya están tramitando en el Parlamento otra proposición para solicitar las anteriores. En Euskadi se conocen más de 522 inmatriculaciones… en Burgos se habla de 3.000… poco a poco vamos avanzando. Esto nos permite hablar de 40.000, e incluso más. Y el valor de las propiedades es incalculable.

- Parece que las cosas avanzan más rápido que hace unos meses…

- Sí, pero no lo suficiente. Estamos en contacto con el Departamento de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, y nos dicen que están viendo qué equipo tiene que liderar el tema. Y les hemos pedido un poco de celeridad, que se dirijan al Colegio de Registradores de la Propiedad para demandarles esa información. Estamos dialogando con ellos y no hay problemas, pero parece que no forma parte de su prioridad política, pese a que el Parlamento lo aprobó por amplia mayoría. Como no se tuvo éxito al pedirlo al Gobierno central, se pide que se le demande al Colegio de Registradores, que es la vía que han utilizado con éxito en Euskadi y Aragón, por ejemplo.

- En Euskadi ya tienen los datos completos.

- Sí y no. El problema del listado de Euskadi, y lo digo porque lo he trabajado, no es tanto el horizonte temporal, sino que habrá que seguir investigando, porque varios registros de la propiedad contestan que no hay ninguna inmatriculación. Y para nosotros no es comprensible que la Iglesia haya realizado una discriminación por registros. Cada registro tiene su ámbito territorial… para nosotros resulta extraño, no necesariamente falso, pero sí extraño que por ejemplo en Bizkaia el 30% de los registros digan que no tienen inmatriculaciones de la Iglesia. Si fueran registros de zonas de nueva edificación podríamos entenderlo, pero no es así y hay que estudiarlo.

- Vamos, que tienen mucho trabajo por delante.

- Sí. En noviembre celebraremos en Zaragoza la tercera asamblea de Recuperando. Ahí fijaremos las líneas de actuación, pero siguen siendo el conocimiento y el detalle de este expolio. Ya que aunque se consiga el listado quedaría mucho trabajo. Porque habrá que divulgarlo y preguntarnos como sociedad qué hacer con ello.