Educación prueba la solidez del cuatripartito
Nuevo revolcón para la unidad del cuatripartito, en este caso, a costa de la decisión de la consejera ‘apagaincendios’ del Gobierno, la titular de Educación, María Solana. La sustituta del cesado José Luis Mendoza ha anunciado que se admitirá la solicitud que hicieron 12 familias de Tudela y 6 de Villava para que sus hijos pudieran matricularse en dos centros concertados en los que, inicialmente, se les había denegado la matrícula al superarse la ratio de 25 alumnos por aula establecida. Después de que el propio Defensor del Pueblo sugiriese a Educación admitir la matrícula de estos niños, y en contra del criterio mantenido inicialmente por el Gobierno, Solana ha decidido elevar hasta 28 alumnos por clase el ratio en dichos centros. Y la decisión le ha acarreado importantes críticas del resto del cuatripartito.
Directamente, Izquierda Unida ha señalado que se desvincula de esta decisión, ya que su formación está totalmente en contra de incrementar la ratio de alumnos por aula. “Supone una merma en la atención al alumnado”, ha criticado la coalición de izquierdas en un comunicado. “Esto abre una brecha con Educación”, ha advertido. Desde EH Bildu, se ha comparado la decisión de Solana con las “políticas de recorte en la calidad de la enseñanza que ha practicado UPN-PP”. Y desde Podemos han señalado que intentarán que la ratio de 25 escolares por clase termine fijándose a través de una ley foral.
La tormenta política entre los socios de Gobierno se ha desatado después de que el departamento de Educación anunicara que admitirá la solicitud que hicieron 12 familias de Tudela y 6 de Villava para que sus hijos pudieran entrar en los centros concertados de Compañía de María de Tudela y Paz de Ziganda de Villava, pese a que se había superado el ratio de 25 alumnos por clase.
Aunque Educación se negó inicialmente a acceder a la petición de estas familias, la consejera María Solana ya anunció en sede parlamentaria que iba a solicitar un informe a los técnicos para ver si jurídicamente podían mantener su postura, basaba en buena medida en que los centros concertados en enero fijaban el ratio que deseaban para sus clases y éste había sido de 25 alumnos. El informe, al parecer, señala que la ratio se ha fijado a través de una “instrucción” y no de un instrumento de más categoría legal, por lo que la negativa del Gobierno a cambiarla podía ser recurrida en los tribunales. Así que la consejera ha decidido aceptar este año el incremento de alumnos por aula necesario para matricular a los niños que se habían quedado sin plaza, y tiene previsto regular la ratio de escolares por clase a través de una norma legal para el próximo curso.
El anuncio de Educación ha sido como el estallido de una bomba para el ánimo de sus socios de Gobierno, y las críticas no se han hecho esperar. El más duro en su valoración ha sido IU. El incremento del ratio, mantiene la coalición de izquierdas, “incumple la normativa prescriptiva sobre la reserva de plazas para el alumnado sobrevenido” y, de no revocarse, “supondrá la ruptura de Izquierda Unida con este departamento”.
Por su parte, desde EH Bildu han recibido la decisión de Solana con “sorpresa”. “Nos sorprende que, cuando el cambio ha trabajado por revertir los recortes en la calidad de la enseñanza impuestos por UPN y PP, hemos trabajado para devolver ratios dignos a la educación pública, ahora se permita dar esta marcha atrás en estos dos centros” han dicho.
Finalmente, Podemos-Ahal Dugu considera que existe una relación directa entre el aumento de las ratios en las aulas y la pérdida de calidad de la enseñanza, por lo que rechaza las medidas adoptadas en ese sentido por el departamento de Educación.
