Íñigo de la Serna y Gema Igual, denunciados por “presunta malversación de 10 millones” en salarios públicos

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Santander, Cora Vielva, en colaboración con su nuevo partido, OlaCantabria, ha presentado este viernes en el Juzgado de Instrucción de Santander una denuncia contra la actual alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y su antecesor en el cargo y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), por “presunta prevaricación y malversación de fondos públicos por valor de más de 10 millones de euros”.

La edil ex de Ciudadanos se ha referido a un complemento al salario de los funcionarios del Ayuntamiento concedido “sin ningún tipo de criterio objetivo”. Vielva ha asegurado que “varias sentencias desde hace 15 años” señalan que “no deben pagarse a la inmensa mayoría de quienes hoy lo cobran”.

La primera sentencia, del año 2003, fue consecuencia de un conjunto de demandas presentadas en el Juzgado de lo Social y en el Contencioso Administrativo por parte de los funcionarios que no cobraron este complemento. La denuncia hace referencia, según ha detallado la concejala, al 'complemento de pantalla' que, tal y como recogen las sentencias a las que hace alusión, corresponde “a los trabajadores de informática, no a todos los que trabajan con un ordenador”.

“Oídos sordos”

En opinión de Vielva “el Ayuntamiento hizo oídos sordos, desobedeció la orden de los jueces y continuó abonando estas cuantías indebidamente, todo ello a pesar de que también han existido en alguna ocasión reparos por parte de la intervención, lo que indica, a nuestro modo de ver, una actitud de desobediencia deliberada a una orden judicial”.

El pago, según ha detallado la edil tránsfuga, afecta a 241 funcionarios, de los cuales se debe analizar “quiénes cobraron debidamente y quiénes no” 162 euros mensuales de complemento en su salario en 14 pagas, lo que supone 2.274 euros al año por cada funcionario, es decir, un total de 548.000 euros anuales. Vielva no ha podido precisar con exactitud una cifra, pero sí ha estimado que de esos 241, “solo correspondería a seis” la citada retribución.

Sobre los 10 millones, la concejala ha explicado que hay una parte que imagina que sea irrecuperable “porque ha prescrito”. “Pero la parte del presunto delito que no ha prescrito es lo que vamos a poner en conocimiento del juez con la intención de recuperarlo y acabar con este tipo de prácticas”, ha sentenciado.

“Estas situaciones se producen después de tantos años en el poder sin oposición, hasta el punto que hay quien se llega a creer por encima de la ley olvidando que tanto el puesto que ocupa como el dinero que han malgastado, presuntamente de forma ilegal, pertenecen a los santanderinos”, ha concluido la concejala.