Afectados por derribo realizarán su XV Marcha a Santander el 25 de agosto

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a afectados por derribos en Cantabria, ha acordado, en la reunión celebrada este sábado en el Ayuntamiento de Argoños, que finalmente realizará su XV Marcha a Santander el 25 de agosto, tras haberse manejado otras fechas en julio.

Este año, la iniciativa se desarrollará bajo el lema '¡No más engaños. Soluciones reales ya!', según ha informado en nota de prensa el colectivo, que ha vuelto a exigir el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Parlamento regional.

Los propietarios de viviendas sobre las que pesan sentencias de demolición se quejan de que “no levantan cabeza”. “El tiempo pasa y pasa”, dicen, y su situación “sigue deteriorándose sin que lleguen las tantas veces prometidas e incluso aprobadas soluciones propuestas por las instituciones”.

A ello se suma que los PGOU, los planes generales de ordenación urbana, “siguen con su letargo habitual”. Así las cosas, “cuando hay alguna novedad, son providencias de los tribunales que piden fechas para los derribos”.

Con esta perspectiva, los afectados pasan “otro verano entre la zozobra y la rabia” por esa “falta de soluciones”. Por eso, aprovechan para pedir a la Cámara y al Ejecutivo que “cumplan” con las dos resoluciones aprobadas en el último Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en junio, y que piden una “solución final” a este problema antes de que acabe la Legislatura, lo que se une a la Declaración Institucional que en el mismo sentido aprobó en 2017.

“No puede haber más excusas, ni más dilaciones indebidas”, avisa AMA, que llevará sus peticiones e informará “próximamente” al Parlamento Europeo, pues “después de diez años de emitidos sus informes se sigue sin dar las soluciones prometidas por las instituciones”.

También se está estudiando los medios para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el “desamparo e injusticia” que se está cometiendo con este colectivo, que lleva “más de dos décadas” con el patrimonio “secuestrado” sin haber cometido “ilícito alguno”.

En su lugar, recuerdan, son las administraciones públicas -Gobierno de Cantabria y ayuntamientos- quienes han “incumplido” las leyes y han sido “condenados en más de 30 sentencias firmes”, instituciones a las que pide “mayor sensibilidad y, sobre todo, el cumplimiento de sus propias promesas” realizadas, de forma reiterada, al colectivo.