PP pide garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y centro para sus hijos

La diputada regional y portavoz de Educación del Grupo Popular, Mercedes Toribio, ha explicado que a pesar de la “abundante” normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho pretende ser “menoscabado” por el Gobierno con su intención de reformar algunos artículos de la LOMCE como el artículo 109.2 de la LOMCE, suprimiendo la demanda social como factor a tener en cuenta en el marco de la programación educativa.

A través de un comunicado, Toribio ha dicho que el Ministerio de Educación “está creando alarma social” entre las familias y la comunidad educativa, y “rompiendo el primer gran pacto educativo de la democracia”: el del respeto al sistema dual y complementario de enseñanza pública y concertada, consolidado por el artículo 27 de la Constitución.

Por ello, la iniciativa presentada por el PP también insta al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), para que a su vez inste al Gobierno de España, a no modificar este artículo, que es “fundamental” para que las administraciones puedan garantizar las libertades educativas en toda su amplitud, y a mantener la demanda social como factor “determinante” en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa “plural” en redes complementarias, pública y privada-concertada.

En la iniciativa de los 'populares' se defiende la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y por tanto de la libertad de elección de las familias, y la dotación a todos los centros, públicos y privado-concertados, de los recursos necesarios para ello.

A este respecto plantean adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad.

Desde el PP se pide convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE; y también se insta a promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los Centros; a garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada; a potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad; y a incluir en las estadísticas de Educación elaboradas por el Ministerio indicadores de libertad en las políticas educativas y su evolución.

“La reforma de la LOMCE anunciada por la ministra Celaá ha generado preocupación en muchas familias y en el Partido Popular. Es lamentable ver como al PSOE no solo no le interesa ya lograr un pacto educativo, sino que pretenden cargarse el derecho de las familias a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, un derecho que viene garantizado en la Constitución Española, en la Declaración de Derechos Humanos y en las sucesivas leyes educativas, así como en numerosa jurisprudencia”, concluyó Mercedes Toribio.