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Decenas de miles de personas rechazan en Alsasua la sentencia de la Audiencia Nacional

Protestan por la condena de entre 2 y 13 años de cárcel impuesta a los ocho jóvenes de la localidad navarra que apalizaron a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016

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Representantes institucionales y políticos de Navarra respaldan la manifestación contra la sentencia del caso Alsasua

Cabeza de la manifestación.

Decenas de miles de personas se han manifestado hoy en Alsasua para protestar por la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a entre 2 y 13 años de cárcel a los ocho jóvenes acusados de dar una paliza a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra.

Convocada por los padres de los condenados -Altsasu Gurasoak- y la plataforma que les apoya -Altsasuko Aske-, la marcha ha partido pasado el mediodía tras la pancarta No es justicia. Altsasuko aske (Libertad para los de Alsasua).

Entre la multitud destacaban representantes institucionales como la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; el de Alsasua, Javier Ollo; el vicepresidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; los parlamentarios de EH Bildu Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz -además de su candidata al Congresos y miembro de Altsasu Gurasoak Bel Pozueta-; la candidata de Podemos al Congreso Ione Belarra; la senadora Idoia Villanueva y el parlamentario de ERC Gabriel Rufián.

La manifestación ha paralizado por completo la localidad, de unos 7.500 habitantes. Distintas fuentes cifran entre 50.000 y 60.000 personas las participantes en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes, entre aplausos y gritos de libertad para los condenados y contra la Justicia: “Altsasukoak askatu!” y “Hau ez da justizia!”. Las fotos de los condenados, de los que siete, excepto Ainara Urquijo, cumplen condena en la prisión alavesa de Zabala, circulaban entre la multitud, así como las letras con la palabra JUSTIZIA que se han hecho símbolo del movimiento.

La madre de Ainara Urquijo, Edurne Goikoetxea, ha ejercido de portavoz y ha insistido en la “desproporción” de las penas impuestas a los jóvenes, de entre 13 y 2 años de cárcel, “por una pelea de bar”. Ha calificado el juicio de “pantomima” y ha denunciado que “la mayoría de los jueces por los que hemos pasado tiene una condecoración de la Guardia Civil”.

En su opinión, la Justicia ha dictado un totum revolutum porque durante el proceso no se ha podido “determinar qué actuación tuvo cada uno” de los condenados. Asimismo, ha censurado la utilización de Alsasua “como foco conflictivo por intereses políticos y económicos”, en referencia a las distintas visitas realizadas por los candidatos del PP y Ciudadanos a la localidad con objeto de recabar votos.

La portavoz ha confirmado la intención, ya publicada ayer por este periódico, de agotar las vías de recurso judicial: ante el Supremo, el Constitucional e incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, llegado el caso. También ha agradecido “la solidaridad y la dignidad” mostrada por el pueblo y las decenas de miles de visitantes que desde ayer han llegado en autocaravanas, autobuses y coches particulares.

Manifestación en Alsasua contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

Manifestación en Alsasua contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

El portavoz de Altsasuko Aske, Aritz Leoz, ha insistido en su petición de una justicia “proporcional y real”, ya que aunque la Audiencia Nacional desestimó el delito de terrorismo, sí contempló el agravante de discriminación por odio a la Guardia Civil, que refuerza la gravedad de las penas impuestas.

Altsasu Gurasoak ha denunciado al término de la manifestación la falta de “neutralidad y rigor” en el proceso judicial, ya que la investigación corrió a cargo de la propia Guardia Civil, que “apartó” a la Policía Foral del caso. Han insistido en que la acusación de terrorismo, realizada por Covite, sirvió para dirigir el caso a la Audiencia Nacional, que apartó también a la Audiencia Provincial de Navarra. Circunstancias que han “manoseado y retorcido el Derecho” hasta el punto de no haber tenido una “defensa efectiva” en el proceso. Una “vulneración de derechos humanos” como “la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo e imparcial y la proporcionalidad de las penas”.

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