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¿Y ahora, qué?

Otro elemento de inquietud del discurso de Sánchez del pasado jueves tiene que ver con su promesa de respeto a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, como elemento principal de garantía de la estabilidad económica que “necesita” el país

El ministro de Educación ha comparecido este martes en el Congreso

El exministro de Educación EFE

Puede sonar un tanto extemporáneo pretender hablar de educación cuando el país está aún inmerso en asimilar la importancia de los acontecimientos transcurridos recientemente en la capital madrileña. En una semana –dicho a 'grosso modo'- hemos pasado de la indignación/satisfacción tras el conocimiento de la sentencia del caso Gurtel a la incredulidad por la rapidez del cambio del presidente del Gobierno de  España. Medio país clamando porque tal hecho se produjera desde hace años y, en cuestión de horas, una moción de censura contra Rajoy, aparentemente inocua,  termina consiguiéndolo.

No soy creyente de los designios del destino ni de soluciones religiosas, así que me decanto porque, como se ha recordado recientemente, las mareas verdes, blancas, las movilizaciones feministas, las continuadas reclamaciones por unas pensiones dignas, y los plantes de profesionales de RTVE, entre otras, han servido para aumentar el clima de indignación del país; han contribuido al viraje de ciento ochenta grados que necesitaban algunos grupos parlamentarios, reacios inicialmente a apoyar al candidato Sánchez.

Las próximas fechas auguran titulares diarios de impacto, tanto por las informaciones que el nuevo Gobierno irá desgranando, ante un futuro de lo más incierto como por las respuestas del resto de partidos políticos, socios unos (la incógnita es por cuánto tiempo), enemigos declarados otros.

Y sin tiempo para demasiada reflexión, se nos vendrán encima algunas cuestiones relacionadas con la educación, que nos rondan por la cabeza. Dedico las siguientes líneas a asuntos tangenciales como este, cuando el país –en opinión de algunos politólogos- debería estar inmerso en problemas de primer orden, como la cuestión catalana, los compromisos europeos, la inestabilidad bursátil… Será la deformación profesional, que me lleva a poner oídos, esperar respuestas o interpretar silencios sobre este tema. Pido disculpas si ello molesta a más de uno/a.

Para empezar, siento una leve desazón porque el candidato Sánchez durante la moción de censura no mencionó ni una sola vez el término educación, cuando dibujó a grandes rasgos las líneas de su futuro gobierno. Tuvo oportunidad de hacerlo, al recordar a Rajoy su olvido o falta de iniciativa al encarar los problemas de España o cuando le espetó los palos en la rueda que su grupo popular ha puesto continuamente a las iniciativas legislativas de la oposición parlamentaria, mayoría en el hemiciclo actual. Pero no lo hizo.

Siento una leve desazón porque el candidato Sánchez durante la moción de censura no mencionó ni una sola vez el término educación, cuando dibujó a grandes rasgos las líneas de su futuro gobierno

Sí, es cierto que el PSOE que Sánchez encabeza firmó junto con otras fuerzas parlamentarias la derogación de la LOMCE, presentó un recurso de inconstitucionalidad (por cierto, desestimado, desgraciadamente, por el Tribunal Constitucional en fechas recientes) y participó en la Subcomisión parlamentaria nombrada para consensuar los graves problemas que aquejan al sistema educativo español. Hasta acertó cuando la abandonó tras comprender que estaba resultando un elemento de distracción, sin capacidad suficiente para modificar la situación educativa actual. Todo ello, sin embargo, no sirvió  para ser recordado, al menos brevemente, en la intervención parlamentaria.

Otro elemento de inquietud del discurso de Sánchez del pasado jueves tiene que ver con su promesa de respeto a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, como elemento principal de garantía de la estabilidad económica que “necesita” el país. No pretendo entrar en cuestiones económicas, pero, a simple vista, chirría que desde una organización de izquierdas se acepte mantener la situación actual, cuando persisten las nocivas consecuencias de la última Reforma laboral, los índices de segregación social y económica se han disparado y el número de familias en estado de pobreza extrema se ha duplicado en los últimos años. Quizás, además del guiño necesario al PNV para atraer su atención, lo que se pretendía era lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados, entelequia de personas y entidades inversoras con seguridad plena en lugares donde su beneficio crece constantemente, independientemente del nivel de democracia y de cohesión social que tengan.

Sea como fuese, la promesa del nuevo presidente de gobierno significará para el ámbito educativo que el presupuesto aprobado para 2018 retroceda en términos de porcentaje del PIB destinado a gasto, pese al incremento del 3,1 con respecto al año anterior. La explicación, tal y como se desprende del estudio realizado por la Federación de Enseñanza de CCOO (“Gasto público durante la crisis. Evolución por CCAA y financiación del Ministerio de Educación para 2018”) es que los 75 millones de euros adicionales se destinarán básicamente a inversiones de infraestructura educativa canaria, mejoría de becas a la excelencia estudiantil y en porcentaje menor a becas de ámbito general, que son las que más favorecen la equidad, pero las que menos crecen en momentos en que las familias se encuentran en peor situación de gasto. Además es evidente el descenso inversor en los programas de Educación Compensatoria, Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Difícil de gestionar, por tanto, el deseo bienintencionado de sustitución de la LOMCE actual  en un parlamento como el actual, donde PP y Ciudadanos seguirán dinamitando cualquier intento en esta línea. Y más difícil aún, compaginar el proyecto de coordinar desde el nuevo ministerio de educación las necesidades crecientes de financiación con la realidad del momento. El éxito o fracaso de tal misión deberá responder en gran medida al acierto/desacierto del equipo gestor nombrado con tal objetivo. Mimbres aparentes hay, veremos la elección final y el margen de maniobra e iniciativa que se les ofrezca.

También la educación vasca se encuentra implicada en la situación actual de la política española. No sólo ya por la relación institucional obligada por leyes básicas –Constitución y Estatuto- sino por la posible cercanía/lejanía sobre los objetivos propuestos desde ambos gobiernos. El hecho de que el PSOE tenga presencia en ambos ejecutivos no es señal suficiente para augurar un clima de colaboración más allá del estrictamente protocolario.

Es de suponer que, si en ambas administraciones la LOMCE ha sido un elemento disruptivo, convendrá, cuanto antes, encontrar canales de colaboración que permitan superar esta norma y sustituirla por otra más participada, integradora y de mayor proyección temporal. Pero aquí la letra pequeña de los posibles acuerdos tejidos tendrá su importancia. Una nueva ley que sin invadir las competencias plenas educativas del Gobierno Vasco haga también a la CAPV solidaria e integrada en el proyecto común ¿cómo se vería desde Sabin Etxea? ¿Se aceptaría participar en este planteamiento o únicamente se buscará mantener el blindaje competencial? ¿Se participará de forma activa o se asumirá une vez más  -con aparente disgusto formal- el papel de árbitro decisivo, como exteriorizó sin rubor el portavoz jeltzale en el Congreso, afeando la falta de soluciones de los/as españoles/as? (¿Alguien más que yo sintió que alardear de interesar sólo lo vasco al PNV dejaba fuera a personas a las que también les interesa lo que ocurra en Madrid, Alicante, Ciudad Rodrigo o Badalona)?

También la situación actual en la que se halla inmersa la Consejería de Educación, con la continuación del tercer bloque del proyecto Heziberri 2020, la nueva ley educativa vasca, requiere una reflexión. Siendo una iniciativa exclusiva del nacionalismo gobernante y a la que de forma explícita se opuso el PSE-EE durante la legislatura anterior, habrá que ver cómo evoluciona ahora, con el mapa político estatal y autonómico.

De momento, el documento inspirado por la Consejera Uriarte, Bases para el Acuerdo, cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar de Euskadi, aunque sin el apoyo de las y los representantes de las Escuela Pública Vasca, los sindicatos CCOO Irakaskuntza, Steilas, LAB y Ehige, la asociación de familias de la Pública, lo que debería estudiarse con atención desde Lakua. El paso siguiente es presentar un anteproyecto de ley, si es que el propio Gobierno Vasco lo aprueba en un futuro Consejo de Gobierno, y presentarlo para su discusión a los partidos políticos. Será interesante conocer la postura de los grupos parlamentarios –incluido el socio de gobierno actual, PSE-EE- sobre asuntos tan importantes como la financiación, la distribución de las redes educativas –privada y pública- o la segregación escolar (recientemente aupada al debate parlamentario, gracias a la ILP de Zubiak Eraikiz que ha recolectado 17.000 firmas ciudadanas vascas para que sea tratado tema tan crucial), en estos momentos, fuera del debate de la comunidad educativa vasca por propia iniciativa de la Consejería.

En fin, incertidumbres ciertas que presentan, no obstante, un interesante futuro inmediato. Si seguimos las reflexiones de Immanuel Kant, somos personas afortunadas ya que según él, la inteligencia se debe medir por la cantidad de incertidumbres que seamos capaces de soportar. Sólo cabe pedir –para no contradecir al filósofo prusiano- que no sea tanta la inteligencia acumulada que acabe superándonos. Por todo ello, Sánchez, su nuevo gobierno, el resto de partidos políticos y la propia actitud que la ciudadanía serán claves para salir de tal situación.

 

 

 

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