El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que la llamada ‘doctrina Parot’ viola los derechos humanos y que en las cárceles españolas hay presos detenidos ilegalmente.
El fallo avala que la defensa de los derechos humanos es innegociable aunque en ocasiones, duela. Los más de 50 condenados de ETA que podrán beneficiarse de la resolución han generado un sufrimiento de tal magnitud que siempre permanecerá en la memoria colectiva. Y, desde luego, los familiares de sus víctimas difícilmente podrán perdonar. Sin embargo, los terroristas han cumplido sus penas de acuerdo con la legislación que regía en el momento de la condena.
Convendría recordar, porque algunos tienen interés en ocultarlo, que todos los reclusos han pasado en prisión una media de 25 años y que muchos ya han mostrado su arrepentimiento. Algunos, seguramente, ya no son los mismos.
El momento actual tampoco tiene que ver con el tiempo en que se aprobó la doctrina, con ETA en activo, un reguero imparable de asesinatos y una sociedad dolida y alarmada. La organización terrorista lleva cuatro años sin matar y se acaban de cumplir dos desde que el 20 de octubre de 2011 leyera su declaración de cese definitivo de la violencia. No parece que ninguno de los que puedan ser excarcelados vuelva a las armas.
Tampoco la derogación de la nefastamente llamada ‘doctrina Parot’ significa que se abrirán las puertas de las cárceles, como parece deducirse de escuchar algunas voces. Solo saldrán los que tengan derecho a hacerlo. Hay que repetirlo: solo se va a cumplir la ley.
Porque el fallo del Tribunal de Estrasburgo es de obligado cumplimiento. España ha violado dos artículos del convenio de Derechos Humanos; los que hacen referencia a “no hay pena sin ley” y a “derecho, libertad y seguridad”. Un país que no respeta los derechos humanos adolece de déficit democrático. La defensa del Principio de Legalidad debe ser el pilar sobre el que se levante nuestra convivencia.
Eso es lo que diferencia a un Estado de derecho de una banda como ETA. Los terroristas nunca respetaron los derechos humanos de sus víctimas ni de una sociedad a la que aseguraban representar pero que vivió amedrentada durante décadas por las pistolas y las bombas.
De ellos, solo se esperaba muerte pero de un Estado democrático se espera el cumplimiento de la legislación, la defensa de la democracia.
Por eso son tan execrables actuaciones como las del GAL. Por eso es indignante que quienes las ampararon, actuaron en su nombre y fueron condenados estén en libertad sin que hayan cumplido sus penas. El caso más reciente es el del general Galindo, quien solo ha permanecido en prisión 4 años de un total de 75 de condena.
Comprendo el dolor de los familiares de las víctimas al saber que los asesinos volverán a pisar las calles. Su angustia, no es imposible, a cruzárselos un día en cualquier esquina. Su pena infinita. Todos respetamos su dolor.
Pero, también es cierto que hay familiares silentes, incluso tan generosos que perdonan a los verdugos. Y, también asociaciones que respetan la ley. Por eso, me parece desorbitada la declaración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) conminando al Gobierno español a no acatar la sentencia e incluso advirtiendo de que estarán vigilantes con las actuaciones de los fiscales.
Espero que sea una actitud rabiosa ante una situación que les rompe el corazón nunca recompuesto del todo. Pero, amparados en ese dolor no se pueden lanzar acusaciones y falacias como algunas de las que se están vertiendo. Un Gobierno no puede hacerse eco de estas aspiraciones que contravienen la ley.
Por el contrario, todos los partidos políticos, salvo el PP y su Gobierno, han coincidido en demandar la aplicación de la ley, tal la derogación de la ‘doctrina Parot’. Me gustaría resaltar las palabras sin ambages de Idioa Mendia, portavoz del PSE-EE. Mucho más clara y valiente que su compañero de filas, el secretario de Organización del PSOE, que ha dicho que acata pero le “repugnan” las consecuencias.
La sociedad vasca estalló de alegría hace dos años. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Lo saben mejor que nadie todos aquellos que vivieron obligados a estar pegados a un escolta que velara por su vida.
Vivimos nuevos tiempos aunque no sean perfectos y el camino de la paz justa será largo y sinuoso. Pero, seguimos caminando.
La sentencia de Estrasburgo debería ser un gran paso de gigante en esa búsqueda. No espero mucho, más bien nada, de un PP que sortea la ley y sigue gestionando la política penitenciaria según sus intereses políticos.
Suscribo las palabras del Gobierno vasco que le reclama una política de Estado para la paz. No se comprende, al menos en Euskadi, esa parálisis del Ejecutivo central. Esa cerrazón. Ciertamente, le beneficia en el resto de España. Su objetivo es ganar las elecciones no crear las condiciones para allanar ese anhelado camino de la reconciliación y paz.
El fallo también debería servir para que la izquierda abertzale no solo estalle de algarabía sino para que gestione con responsabilidad sus consecuencias. En definitiva, se aproximan tiempos nuevos. Deben ser una oportunidad para la paz. La derogación de la ‘doctrina Parot’ avala la defensa de los derechos humanos sobre cualquier otra consideración. Es el momento de recordar los derechos de todas las personas. También los derechos de los muertos.
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