Carta abierta al Presidente del Gobierno sobre las exportaciones de armas de fabricación española al Reino de Arabia Saudí

Sr. Presidente del Gobierno:

Desde la plena convicción de que V.E. comparte con quienes suscribimos esta carta el más hondo respeto por la vida y la defensa de los derechos humanos, queremos trasladarle nuestra preocupación por los hechos que a continuación se exponen.

El día 13 marzo de 2017, un suceso imprevisto saltó a los medios de comunicación. Un bombero de Bizkaia se negó a participar en el retén de seguridad formado en el puerto de Bilbao para vigilar el barco saudí 'Bahri Jeddah', con 26 contenedores a bordo. La carga que contenía el buque consistía en 17.000 proyectiles de artillería de la empresa 'Expal Systems', perteneciente al 'Grupo Maxam', con sede en Quintanilla de Sobresierra (Burgos). Este suceso fue clave para que saliera a la luz un secreto guardado a voces hasta entonces: el Gobierno de España estaba autorizando la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes, países que acumulan numerosas condenas por violaciones de derechos humanos en el conflicto de Yemen.

A raíz de aquel hecho, miembros de la organización Greenpeace integrada en la plataforma Armas Bajo Control, junto con activistas independientes, buscaron pruebas de que las tropas saudíes utilizan armas de fabricación española en la frontera de Yemen, y localizaron, en la red 'TikTok', un vídeo (colgado por el usuario “mohmad12349”) en el que aparecen dos vehículos Toyota usados por la Guardia Fronteriza saudí, con el mortero 'Alakran' de 120 mm integrado y cubierto por una lona. La 4ª secuencia del vídeo muestra varios momentos donde se dispara el 'Alakran' 120mm, tras ser desplegado. Ese vídeo (publicado también en la cuenta “ksa__994” de la Guardia de Fronteras Saudita) confirma el despliegue de armamento español en la frontera saudí-yemení, ya que el mortero 'Alakran' de 120 mm se fabrica por la empresa 'New Technologies Global Systems', en la que participa al 50% el grupo 'Everis Aerospace, Defense and Security', cuya sede y laboratorios están ubicados en la Calle Buril, 65, de Collado Villalba (Madrid). Y, según el instituto sueco Stockholm International Peace Research Institute, en el año 2016 la Guardia Fronteriza de Arabia Saudí compró 100 unidades del porta-morteros 'Alakran' 120mm.

En la frontera saudí-yemení se realizan ataques sistemáticos de artillería con morteros que alcanzan a la población civil. Y, en los últimos meses, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 7.825 civiles yemeníes muertos y 12.416 heridos como resultado del conflicto armado, desde cuyo inicio han fallecido más de 85.000 niños por armas de fuego, desnutrición y otras causas relacionadas con la guerra. Además, 16 millones de personas tienen problemas graves para alimentarse en Yemen, país que, según Naciones Unidas, avanza hacia “la peor hambruna del mundo”.

No obstante estas cifras atroces, la exportación de armas españolas continúa aumentando. Los barcos de la naviera saudí Bahri, siguen haciendo escala en los puertos de Bilbao, Santander, Sagunto y Motril, para cargar material bélico. Documentar esas visitas no es fácil porque la naviera procura ocultarlas y, en ocasiones, desconecta el Sistema de Identificación Marítima para impedir el rastreo de su navegación. Pero los buques 'Bahri Jeddah' y el 'Bahri Tabuk' fueron detectados en Motril, en marzo y mayo de 2020, y recientemente en Sagunto. Según la Agencia Tributaria, desde Bilbao se han realizado envíos de “bombas, granadas, torpedos, minas, misiles y demás proyectiles”, del subtipo “de guerra”.

El Gobierno de España que preside V.E, al igual que los anteriores, no ofrece información sobre dichas exportaciones, y ese silencio impide conocer exactamente qué material se ha vendido y si su uso final tendrá un impacto negativo en los derechos humanos del país de destino. En España no hay ningún organismo encargado de fiscalizar la venta de armas y su posible utilización ilegal, ni una forma reglada de comprobar si el Gobierno cumple la ley al autorizar su exportación. Las actas de la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones (JIMDDU) son secretas, lo que posibilita que nuestro armamento llegue a países que incumplen el Código de Conducta fijado por la UE.

Por eso, el pasado 20 agosto de 2020, Greenpeace España, a través del portal de transparencia de la Administración General del Estado, procedió a solicitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo “una copia del expediente o expedientes administrativos referidos a las autorizaciones o licencias concedidas para la exportación a Arabia Saudí de porta-morteros 'Alakran' 120 mm, de la empresa NTGS, desde el año 2016 a la actualidad.”

En su respuesta, la Dirección General de Política Comercial del Ministerio citado dictó una Resolución por la que denegaba el acceso a dicha información, al amparo de la Ley de Secretos Oficiales (LSO) de 1968, que limitó el derecho a la información sobre venta de armas al considerar que el Consejo de Ministros puede declarar secretos “los asuntos que pongan en riesgo la seguridad del Estado”. En realidad, la LSO no establecía ese carácter secreto: fue un Consejo de Ministros el que adoptó el Acuerdo de 18 de marzo de 1987, por el que se calificaron “materia clasificada” las actas de la entonces Junta Interministerial Reguladora del Comercio de Armas. Y no cabe aceptar que un Acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, adoptado para una Junta Interministerial diferente de la actual y en un contexto histórico distinto, satisfaga el requisito exigido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que la limitación del derecho a la información pública esté amparada por una ley.

Así pues, al entender Greenpeace que la Resolución del Director General de Política Comercial vulneraba el derecho a la información reconocido en el artículo 20.1.d) de la CE, acudió al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Este Tribunal recabó el parecer de la Abogacía del Estado sobre la cuestión planteada por Greenpeace y, en su respuesta, la representación legal del Estado sostiene que acceder a la información sobre licencias de armas “pondría en peligro tanto los intereses económicos y comerciales de España, como los de la entidad exportadora”. Añade además que “las relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí descansan en un principio de confianza mutua” y que “la publicidad de los detalles de las operaciones comerciales en materia de armamento.... supondría una pérdida de confianza hacia España como socio comercial”. Concluye el informe de la Abogacía afirmando que el acceso a dicha información “dañaría la posición competitiva de la entidad solicitante de la licencia, debilitaría su posición en el mercado y produciría un perjuicio económico a la empresa…”.

¿Qué intereses ampara la Abogacía del Estado, Señor Presidente del Gobierno? Anteponer los intereses comerciales a los derechos humanos es inmoral además de ilegal, según la normativa nacional e internacional en materia de armas. Y la Abogacía del Estado, en su lamentable informe, no solamente ignora cualquier referencia a esos derechos sino que se limita a proteger la actividad de la entidad exportadora, sin mencionar siquiera la necesidad de que dicha actividad cumpla la normativa española sobre control de comercio de armas y el Tratado Internacional de Comercio de Armas suscrito por España. Conviene recordar que una de las funciones atribuidas a la Abogacía del Estado es precisamente la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cualesquiera órganos internacionales en materia de salvaguarda de esos derechos.

La información solicitada por Greenpeace responde a un interés público innegable por su vinculación con la protección de los derechos humanos, ya que hay constancia de que las armas españolas están siendo utilizadas para cometer crímenes contra la población de Yemen. Nos hallamos, pues, ante un conflicto entre dos bienes jurídicos protegidos: 'derecho de acceso a la información' versus 'seguridad nacional' (o, en el peor de los casos, versus  'actividad económica de una empresa') conflicto que debe resolverse en favor del primero. La información sobre la legalidad de la venta de armas tiene como objetivo proteger la vida y la integridad física, derecho ha de prevalecer sobre cualquier otro.

Una Ley de Secretos Oficiales aprobada en la dictadura no puede amparar el silencio sobre la venta de armas. Y, en caso de que el Gobierno considere 'reservada' determinada información relativa al comercio de armas porque acceder a la misma podría suponer un peligro cierto para la seguridad nacional, esa limitación no debería afectar en ningún caso al Congreso de los Diputados ni al Senado, que han de tener acceso a cuanta información reclamen. Lo único que la Constitución “prohíbe” a las Cortes Generales es que desconozcan el “contenido esencial” de los derechos fundamentales.

Recientemente, Italia y Estados Unidos han paralizado el comercio de armas con Arabia Saudí. Pero a España siguen llegando barcos de la naviera Bahri para cargar armamento. Según el Ministerio de Comercio, entre 2015 y junio de 2020, se vendieron armas a la coalición que lidera Arabia Saudita por valor superior a los 2.050 millones de euros, de los que 1.234 se facturaron al gobierno saudí. ¿Quiénes son las personas o entidades que se lucran con la guerra en República de Yemen?

Una democracia plena, como la que V.E. afirma que hay en nuestro país, señor Presidente, exige una sociedad bien informada. No cabe el hermetismo en materia de derechos humanos. El Gobierno más progresista de la historia de España no puede seguir autorizando en secreto la venta de armas a Arabia Saudí mientras contempla impasible que miles de inocentes mueran asesinados. Basta de sangre derramada con armas españolas. Basta de negocios oscuros con la muerte. Basta ya de silenciar el crimen, señor Presidente del Gobierno.