Morteros españoles usados por Arabia Saudí en la frontera de Yemen: la prueba de que España sigue incumpliendo las leyes de exportación de armas

La guardia fronteriza de Arabia Saudí utiliza actualmente morteros de fabricación española en zonas de combate en la frontera con Yemen, según ha podido demostrar una investigación conjunta de elDiario.es y Greenpeace. Los morteros fueron exportados en 2018, cuando el conflicto entre ambos países llevaba ya más de tres años activo y la normativa española e internacional prohibía mandar armamento susceptible de ser usado en esa guerra.

Los resultados de esta investigación, iniciada hace un año en el marco del proyecto #EUArms de Lighthouse Reports, suponen la primera evidencia de que armas españolas exportadas tras el estallido del conflicto se están utilizando en Yemen, donde desde 2015 se enfrentan los rebeldes hutíes apoyados por Irán contra el Gobierno yemení y una coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Ambos bandos han llevado a cabo violaciones de los derechos humanos, según afirman numerosas organizaciones internacionales, en una guerra que en los últimos cinco años se ha cobrado la vida de 7.700 civiles según la ONU, una cifra que Human Rights Watch eleva hasta 17.000.

En 2016 ya se encontraron en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudí lanzagranadas y blindados españoles, pero el material se había exportado antes del inicio del conflicto y por tanto su venta no contravenía de manera tan evidente la legislación nacional e internacional sobre exportación de armas. 

Tanto la legislación española como la europea prohíben expresamente enviar material bélico cuando existan “indicios racionales” de que puede ser usado para “perturbar la paz” o “exacerbar tensiones o conflictos latentes”.

Morteros a tres kilómetros de la frontera

En diciembre de 2019 apareció en la red social TikTok un vídeo de la guardia fronteriza de Arabia Saudí en el que se ve a miembros de este cuerpo disparando los mencionados morteros españoles, conocidos como Alakran, de 120mm y producidos por la empresa NTGS con sede en  Collado Villalba (Madrid). Estos morteros tienen un alcance de hasta 8,2 kilómetros y se pueden integrar fácilmente en cualquier vehículo todoterreno. Según asegura la propia compañía, el Alakran permite disparar y replegarse rápido del lugar en 10 segundos tras efectuar el disparo. 

En las imágenes, que volvieron a aparecer en enero de 2020 en una cuenta no oficial de Instagram de la guardia fronteriza saudí, se observa a los soldados trasladando estos morteros en vehículos todoterreno así como disparando diversos proyectiles. Al final del vídeo se ve el humo producido por los disparos, presumiblemente en territorio yemení.

Esta investigación ha podido geolocalizar imágenes del mencionado vídeo a solo tres kilómetros de la frontera yemení. En la grabación se observa a los todoterreno saudíes equipados con los morteros en dirección a la ciudad fronteriza de Najran. La orografía del resto de imágenes, donde se ven los disparos, coincide con la de la región de Saddah, en el norte de Yemen, junto a Najran y donde se han producido un gran número de enfrentamientos entre los rebeldes hutíes y los soldados de Arabia Saudí.

Según la base de datos de ACLED (Proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados, en sus siglas en inglés), entre enero de 2019 y enero de 2020, el ejército saudí llevó a cabo más de 300 ataques de artillería o misiles únicamente en la mencionada región de Saddah. Según este observatorio de prestigio internacional, buena parte de los ataques de artillería en la zona son obra de la guardia fronteriza saudí.

A pesar de que no se ha podido determinar exactamente cuándo fue grabado el vídeo, el lapso de tiempo desde que se exportaron los morteros españoles y se mostraron por primera vez al público en Arabia Saudí –a finales de 2018, en una exhibición militar– permite acotar la grabación en la frontera yemení entre principios de 2019 y finales de ese año, cuando fue subida a la red.

Una exportación durante la guerra

A finales de 2016, el Ministerio saudí del Interior firmó un contrato con la empresa española NTGS para la compra de 100 morteros Alakran de 120 mm. Pocos meses después, el Gobierno español –en ese momento liderado por Mariano Rajoy– autorizó la compraventa y exportación de estos morteros a pesar de que el conflicto en Yemen escalaba exponencialmente y el riesgo de que se acabasen utilizando contra la población civil era elevado. 

La producción de los morteros empezó en 2017 y en 2018 se exportaron las primeras 21 unidades, según consta en el informe anual que el Gobierno debe enviar como firmante del Tratado sobre el Comercio de Armas. El cruce de los datos de aduanas sobre exportaciones de armas a Arabia Saudí en 2018 con las visitas de los buques de la naviera saudí Bahri al puerto de Motril (Granada) apuntan a que este fue, al menos en parte, el método de envío de los morteros Alakran al régimen de Riad.

El contrato con Arabia Saudí catapultó la facturación de la española NTGS, que según su balance anual de cuentas pasó de facturar 1,5 millones en 2017 a facturar 30,5 millones al año siguiente tras cerrar el acuerdo para vender los morteros a Riad. 

En una declaración firmada que figura en el balance de cuentas, el consejero delegado de NTGS, Julio Estrella, asegura que el contrato con Arabia Saudí les reportó una facturación de 28 millones de euros en 2018, una cantidad que supuso el 90% de lo que facturó la compañía ese año. 

En la misma declaración, el directivo señala que la renovación de este contrato se suspendió en enero de 2019, pocos meses después de la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo. El cambio de Gobierno llevó aparejada una congelación de la mayoría de exportaciones a Arabia Saudí, una política que pocos meses después fue revertida al pasar de suspender nuevas autorizaciones a multiplicarlas por 30 en 2019. 

Si bien se desconoce si la autorización se renovó en 2019 –no constan exportaciones de morteros en las estadísticas oficiales de 2019–, las visitas de la naviera Bahri a Motril se retomaron a partir de 2020 y hasta el momento de la publicación de este artículo ya ha realizado tres paradas en ese puerto andaluz en lo que va de año. 

Una empresa y un sistema de exportaciones opaco

La empresa NTGS mantiene una política de discreción e incluso disimulo de sus actividades. La fábrica donde tiene domicilio social la compañía, en el polígono 29 de la localidad madrileña de Collado Villalba, ni siquiera tiene un rótulo de la empresa y se esconde tras un cartel con el nombre de CyP imports. Imágenes obtenidas a través de Google Street View y de fotografías tomadas por miembros de Greenpeace en el polígono muestran que, sin embargo, en su interior hay camiones de NTGS.

La empresa, que también participa en el accionariado de compañías de biotecnología, diagnóstico molecular y secuenciación de ADN, no ha respondido a las múltiples llamadas y correos de elDiario.es ofreciendo la posibilidad de comentar esta publicación. Tampoco la consultora Everis, que ostenta el 50% de esta compañía, ha respondido a las peticiones de esta redacción alegando que el personal responsable de estos asuntos estaba de vacaciones.

Tampoco son transparentes las decisiones gubernamentales de exportar armas a dictaduras como Arabia Saudí. Quien toma la decisión en España sobre a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), integrada por representantes de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, de Economía y Hacienda y de Interior. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles gracias a una decisión de 1987 en base a la ley de secretos oficiales, aprobada durante el franquismo en 1968.

Las organizaciones no gubernamentales más destacadas del país llevan años denunciando la necesidad de una mayor transparencia y facilidad de acceso a las actas de estas reuniones para saber cuáles son los criterios para autorizar exportaciones a según qué países, en vista de que se aprueban ventas que contravienen abiertamente lo que establece la legislación.

“No nos consta ni en la Secretaría de Estado de Comercio ni en la JIMDDU que haya indicios de utilización de material de empresas españolas fuera de Arabia Saudí”, señaló hace un mes la Secretaria de Estado de comercio, Xiana Méndez, en la comisión parlamentaria de Defensa. “La situación en Yemen es una preocupación esencial de la JIMDDU”, remachó.

Desde el Ministerio de Industria, órgano al que está adscrito la Junta Interministerial de Material de Defensa, responden que el Gobierno está “firmemente comprometido con la normativa nacional e internacional” de exportación de armas y aseguran que España cuenta con uno de los mecanismos de control de material de defensa “más robustos” tanto “a nivel legislativo” como “procedimental”.

Esta investigación ha sido coordinada por Sara del Río y Conrado García (Greenpeace) y ha contado con la participación de los investigadores independientes Bart Libaut y Leone Hadavi.