Cuerpos de mujeres y derechos humanos: ¿qué debate?
Solo Ciudadanos aboga abiertamente por el derecho a alquilar el útero de una mujer para uso reproductivo, pero en todos los partidos políticos encontramos líderes que nos obsequian con la expresión “hay que abrir el debate”. Así lo ha declarado el reciente Congreso del PP, y muchos medios de comunicación se han lanzado a la tarea a bombo y platillo.
En este debate, la referencia principal parece ser el deseo, convertido en un supuesto derecho, de alquilar cuerpos de mujeres como vasijas para gestar óvulos y/o espermatozoides; y la ausencia principal es el deseo y los derechos de las mujeres objeto de esa operación. La pretensión de los arrendatarios es que se reconozca validez legal a los contratos privados por los que las madres se comprometen a entregar a sus futuros bebés; que se permita la reproducción asistida consecuente; y que los arrendatarios se consideren los padres de los bebés a todos los efectos desde el mismo momento de la firma, incluyendo la futura inscripción a su nombre en el registro civil, e independientemente de la voluntad posterior de la madre. Son muchas cuestiones, relacionadas pero diferentes.
Junto a la afirmación “¡son nuestros hijos!”, nombre que hábilmente han elegido como nombre de su asociación, aparecen idílicas imágenes de niños. Esconden así el problema de cómo los han adquirido. Si comprar niños no es legítimo, ni por tanto legal. ¿Por qué debería serlo comprarlos en un mercado de futuros?
Esta podría parecer una cuestión nueva, de ahí la impresión de que “hay que abrir el debate”, pero se trata ni más ni menos que del viejo debate sobre la mercantilización del cuerpo. Es sabido que algunas personas con dinero intentan conseguir el uso o la apropiación del cuerpo de otras personas, parcial o totalmente. Por ello, los Estados de Derecho protegen a las posibles víctimas de abusos por encima de los argumentos de la parte interesada y por encima de sus propias declaraciones de voluntariedad o altruismo. El mejor test para saber si lo están haciendo con éxito es la existencia y/o tamaño del mercado correspondiente.
En España no hay negocio en torno a las adopciones simplemente porque la Ley se encarga de hacerlo imposible. En particular, la Ley de Adopción Internacional declara que “se pretende evitar y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños” y atribuye la responsabilidad de los procesos a la Administración Pública. Consulten internet y no encontrarán ofertas.
Tampoco hay un mercado significativo de compra de órganos, médula osea, sangre u otras partes del cuerpo humano. Ahí está para prevenirlo la Organización Nacional de Transplantes y la Ley: “El sistema español de trasplantes está basado en los principios de solidaridad, transparencia, equidad, anonimato y acceso universal” (así la Fundación Josep Carreras).
En cuanto a la donación de semen y óvulos, la Ley de Reproducción Asistida también se ocupa de evitar abusos, y para ello establece un Registro Nacional de Donantes, impidiendo la identificación y, por tanto, la donación directa entre particulares. En estos casos, no cabe ninguna duda de que la madre es la receptora, o sea la que da a luz.
El Artículo 10 de la Ley 14/2006 de Reproducción Asistida también previene contra la gestación por sustitución (a la que sus defensores llaman eufemísticamente “gestación subrogada”):
“1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.1.
2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.2.
3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales“.3.
En resumen: la única madre es la gestante, aún cuando ella haya dicho otra cosa. Sin embargo, en este caso sí hay un negocio floreciente de alquiler de úteros que se salta a la torera esa previsión legal tan clara. Las empresas operan en España y en otros países a la luz del día para captar clientes; alquilan úteros de mujeres pobres en países que sí lo permiten; y se presentan de vuelta exigiendo su paternidad por la política de hechos consumados. Todo supuestamente “en interés del menor”.
Algo falla si la Ley actual no alcanza a prevenir esta práctica fraudulenta. ¿Por qué, entonces, no se penaliza al comprador? Y, si la Ley establece que la madre es la mujer gestante, ¿cuál es el argumento para reconocer como progenitores exclusivos a otras personas? ¿No debería negarse esa posibilidad a futuro, con la debida moratoria? Así se impediría, o reduciría al mínimo, este negocio de compra, tráfico y explotación de personas. Sin embargo, en lugar de avanzar en ese sentido, lo que se está intentando es “abrir el debate” para eliminar las escasas protecciones que hoy existen.
Evidentemente que debatir es saludable pero la cuestión es: ¿por qué abrir este debate y no otros igualmente relacionados con la mercantilización del cuerpo? Y, sobre todo, ¿por qué abrirlo sin poner los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico? Aunque se cometen abusos por doquier, no hay duda de que los derechos humanos son la línea roja que ninguna actividad debe traspasar. El problema es que estos criterios, que parecen estar claros en otros casos, no se aplican a los abusos contra los cuerpos de las mujeres.
Es muy curioso que, en países como el nuestro, la falta de rechazo a la mercantilización del cuerpo de las mujeres abarque todo el arco ideológico, afectando incluso a personas que en cuanto a otros fenómenos sí se declaran anti-neoliberales o anti-mercantilización de la vida. Los ingenuos argumentos en torno al alquiler de vientres o a la prostitución, que ignoran todas las evidencias empíricas y todos los principios, tienen su raíz en la insensibilidad colectiva hacia el sufrimiento y hacia los derechos humanos de las mujeres, mayor cuanto más patriarcal es la sociedad.
No es sorprendente que sean los países escandinavos, como Noruega o Suecia, los abanderados contra el alquiler de vientres y contra la compra de servicios sexuales. Debatamos, pues, pero sin perder el norte.
