La desregulación no tiene que ver con el mercado, sino con el poder

La desregulación se presenta como técnica, neutra y lógica: menos presión normativa, más competitividad. En Europa y Estados Unidos vemos cómo ese relato se traduce en decisiones concretas que están reconfigurando la economía global. Pero detrás de la retórica de la “simplificación normativa” en Bruselas o del desmantelamiento de leyes ambientales en Washington impulsadas por Trump, se esconde otra realidad: no se trata de liberar al mercado, sino de concentrar poder. 

Los proyectos de ley denominados “ómnibus” prometen eficiencia administrativa, pero, en realidad, reducen obligaciones de información, aplazan controles y debilitan la protección social y ambiental. El planteamiento es el mismo en todas partes: las normas ralentizan las empresas y una comunidad empresarial ralentizada nos empobrece. Pero ese razonamiento parte de una premisa que no es cierta, la de que todo el mundo quiere lo mismo del mercado.

Dos agentes, un mercado

Hace más de un siglo el economista estadounidense Thorstein Veblen expuso una distinción que rara vez se ha tomado en serio desde entonces. En la teoría de la empresa comercial (1904) escribió que el capitalismo tiene dos lógicas fundamentalmente diferentes. Por un lado, está la «industria», que organiza a las personas, los conocimientos y los recursos para fabricar algo útil. Por otro lado, el «negocio» acumula capital sin importar lo que cueste.

Ambos operan en el mercado, pero los fines nos son los mismos. La persona al frente de la empresa utiliza el mercado para producir y vender. Su interés radica en una economía saludable con clientela que tenga poder adquisitivo, una competencia leal e instituciones que funcionen. La persona “de negocios” utiliza el mercado para maximizar los beneficios, no necesariamente con una producción mejor, sino que paga menos a las personas empleadas, al gobierno y a la sociedad. Para esa persona el mercado no es un lugar de intercambio, sino de extracción. Todo lo que no hay que pagar aumenta la rentabilidad (impuestos, costes laborales, daños medioambientales, riesgos para la salud, etc.). 

Eso explica por qué la desregulación resulta tan atractiva para quienes acumulan capital, aunque rara vez sea la persona al frente de la empresa quien más la exige.

La clase política que impulsa la desregulación tiene en mente a quienes dirigen o poseen grandes empresas con influencia. Considera que las normas son una carga general, desde el panadero que quiere crecer hasta la start-up innovadora, pero precisamente estas pequeñas y medianas empresas son las que menos capacidad tienen de influir en Bruselas. El poder de presión detrás de los proyectos de ley ómnibus europeos proviene de sectores lo suficientemente grandes como para ayudar a redactar las normas que los alivian. Quien hornea el pan no se beneficia de un ómnibus. La industria química, el sector financiero y la agroindustria sí lo hacen. 

El derecho a repercutir los daños

La desregulación no elimina costes, los transfiere a la sociedad. En 2023, las empresas del IBEX 35 generaron alrededor de 84 millones de toneladas de CO₂ de emisiones directas, cerca del 30 % del total nacional, pese a que representan aproximadamente el 10% del PIB y el 7,1% del empleo. Si se incluyen las emisiones declaradas a lo largo de toda su cadena de valor, la cifra asciende a 369 millones de toneladas. Son costes climáticos que no figuran como pasivo en sus balances, pero que sí reaparecen después en forma de deterioro ambiental, presión sobre el sistema sanitario y pérdidas económicas colectivas. De hecho, en España los costes sanitarios y laborales asociados a la contaminación se sitúan ya en torno al 3,5% del PIB.

Eliminar normas para “ahorrar costes” es trasladar la factura a la sociedad: Permitir daños a la salud aumenta los beneficios de las empresas, pero acorta la esperanza de vida de la población; pagar salarios insuficientes a las personas empleadas mejora los resultados operativos, pero aumenta la pobreza. 

Contracción disfrazada de crecimiento

Lo que se presenta a priori como crecimiento económico es, desde un enfoque social, empobrecimiento colectivo. Los costes no desaparecen, reaparecen en otros lugares, como en las facturas de los hospitales, en los costes de purificación del agua, en las cosechas fallidas y en las condiciones meteorológicas extremas. No se trata de tener menos normas, sino normas más efectivas, justas y alineadas con el interés común. 

El lenguaje de las fuerzas del mercado sugiere un mecanismo neutral de oferta, demanda, precio y equilibrio. Pero un mercado nunca es neutro, es un conjunto de reglas que determinan quién gana. Las grandes empresas con grupos de presión en Bruselas y Washington ayudan a redactar los proyectos de ley generales que las eximen de sus obligaciones. Eso no son las fuerzas del mercado. Son las fuerzas del poder. Y mientras la confusión entre ambas cosas continúe, siempre ganará el mismo lado.