De la falacia a la violencia

Las derechas hispanas están desatadas. Se suele decir que siempre lo están cuando pierden el Gobierno y se recuerda las épocas de González y Zapatero. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que la naturaleza de la arremetida sea la misma. En la actualidad, no son sólo el PP y Vox los que embisten contra Pedro Sánchez y su Gobierno, sino que están movilizando diferentes fuerzas sociales con situaciones de poder: asociaciones de jueces y fiscales; colegios de abogados; inspectores de Hacienda; sindicatos de policías o guardias civiles; sectores de la Iglesia o empresariales e instituciones de todo tipo, ayuntamientos, comunidades autónomas y, por supuesto, todo el aparato mediático, analógico y digital. Aunque en el pasado también se utilizó la calle como ariete, ahora se pretende dar un paso más y, dándole la vuelta a la famosa tesis de Trotski de la “revolución permanente”, se inicia la fase de la “permanente revuelta callejera”. Una movilización azuzada desde las más altas esferas de la derecha, que empieza a producir episodios de violencia e intimidación, al son de los símbolos más rancios del franquismo. Los ataques a personas, sedes de partidos o medios de comunicación son actos antidemocráticos y delictivos que deben de ser cortados de raíz. No creo, en fin, que en el pasado se fomentase el odio hacia la figura del presidente del Gobierno y lo que representa. Repito, o cortamos esta deriva ultra tóxica o podemos acabar muy mal.

Pero, ¿hay motivos para tanta agresividad por parte de las derechas? Todo parece centrarse, aparentemente, en los acuerdos del PSOE con Esquerra y Junts con el fin da sacar adelante la investidura/legislatura. Sólo se me ocurre pensar que esta desaforada abominación trae su causa en un sistemático falseamiento de la realidad. He leído con detenimiento los acuerdos del PSOE con Esquerra, Junts y PNV y no he visto en ellos nada que pueda soliviantar de manera tan ultra radical al PP, Vox y sus acompañantes. Desde luego se puede estar en desacuerdo, pero de ahí a que se acaba la democracia es tan sumamente falsario que resulta argumento inane y ridículo si se tiene un mínimo de inteligencia. 

En el de ERC se dice que hay un conflicto político sobre el futuro de Cataluña que hay que resolver por medio de una negociación equilibrada, y respetar “el principio de seguridad jurídica y los procedimientos y el ordenamiento democrático”. Supongo que se refiere al español. Además, se establece el compromiso con el ordenamiento estatal e internacional en materia de derechos humanos, civiles y políticos. Supongo que el ordenamiento estatal no es el de Nigeria, sino el de España. El debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña, a través del ordenamiento jurídico y de las instituciones, “respetando el principio de legalidad y el democrático”. Reconozco que, en mi criterio, en un país democrático ambos principios son lo mismo. Se refiere al compromiso de culminar la “desjudialización” de la vida política por medio de una amnistía, hacia la plena normalidad política, institucional y social. Es obvio que dicha “desjudialización” se mantendrá siempre que no se cometan delitos. A cambio, el voto a la investidura y la estabilidad de la legislatura, en especial en tema presupuestario, fondos europeos, etc. Luego aparecen dos anexos. Uno sobre el traspaso de Rodalies, que no creo sea motivo de tirar cañonazos, cuando en un país tan centralista como Francia los ferrocarriles regionales los administran las regiones. Y otro, que ha sido tergiversado, aviesamente, por casi todos los medios, dice: “Se procederá a tramitar una modificación legal de ALCANCE GENERAL PARA TODAS LAS CCAA DE RÉGIMEN COMÚN, que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con éste”. Para el caso de Cataluña, en torno al 20%, lo que supondrá unos 15.000 millones, y un ahorro alrededor de 1.500 millones en intereses. Deducir de aquí que esta quita es sólo para Cataluña es una falsedad siniestra encaminada a enfrentar unas comunidades con otras y unos ciudadanos frente a otros. 

Veamos los acuerdos con Junts. A expensas de analizar, en detalle, el proyecto de ley de amnistía conviene precisar que los acuerdos alcanzados lo son entre dos partidos: el PSOE y Junts, y no entre el Gobierno de España y la Generalitat. La introducción histórica, sin valor jurídico alguno, es subjetiva y no refleja fielmente lo que sucedió en octubre de 2017. Sin duda los acuerdos deben de responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Cataluña, representante del pueblo catalán, pero también, en su caso, a lo que decida el Parlamento español, igualmente representante del pueblo catalán, como parte del pueblo español. Luego, el texto se dedica a plasmar los desacuerdos sobre la autodeterminación y la financiación, lo que no tiene efectividad alguna. Cada cual puede plantear lo que quiera, otra cosa es concederlo. Sin embargo, tiene gran valor político que Junts plantee el derecho de autodeterminación dentro de la Constitución española, invocando el art. 92 de la CE. Aparte de la viabilidad o no de poner en marcha dicho precepto en este tema –yo creo que no es posible–, lo que indica es que Junts renuncia a la unilateralidad, tema central de este acuerdo, pues el 92 CE exige la convocatoria del rey, la propuesta del presidente y la autorización del Congreso. Algunos, ingenuamente, se preguntan: ¿Y quién garantiza que van a respetarlo? Primero, porque lo han firmado; segundo, porque si no lo respetan se les volverá a aplicar la ley y, tercero, porque cualquier unilateralismo supone el rechazo internacional, sin cuya aceptación estos procesos no tienen recorrido alguno, lo que ya han comprendido los más realistas. Lo que es seguro es que, si gobernasen PP y Vox, el independentismo crecería como la espuma y ya veríamos el resultado.

A mí no me gusta ni el facilitador “internacional” ni la referencia al lawfare. Pero no exageremos ni engañemos a la gente. Dicho facilitador, como queda dicho, es entre dos partidos políticos y no entre dos gobiernos; además, no decide nada y ya ha sido utilizado en otras ocasiones sin aspavientos. En cuanto al lawfare, se refiere a las dos comisiones parlamentarias ya previstas sobre 'Pegasus' y la llamada “policía patriótica”, y no tiene nada que ver con controles parlamentarios sobre decisiones judiciales. El PSOE ya ha explicado el alcance de ese desgraciado anglicismo, que no tiene efecto práctico, aparte de dar armas a los adversarios de los acuerdos para organizar la zapatiesta.

Respecto al “debate” sobre el reconocimiento nacional de Cataluña –que también aparece en el acuerdo con el PNV–, es factible que se siga debatiendo, pues lo venimos haciendo desde 1978 y aun antes. No obstante, si el art. 2 de la CE habla del “derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones”, no me parece sencillo modificar dicho artículo y donde dice “nacionalidades” poner “naciones”. Siempre he pensado que dichos conceptos son bastante parecidos, a tenor de las acepciones de la Academia sobre nacionalidad: 1. Condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. 2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. Pero, por lo visto, no deben de ser lo mismo cuando se solicita con tanto empeño. La amnistía merece comentario aparte cuando analice el texto, pero es un insulto a la inteligencia y a la decencia afirmar que es el “fin del mundo”, cuando se han concedido decenas en países democráticos que ahí siguen.

Un par de comentarios sobre el acuerdo PSOE-PNV. No creo que suscite mayores problemas. Parece razonable que se traspasen las competencias que están recogidas en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica. El traspaso de la “gestión” del régimen económico de la Seguridad Social está en casi todos los estatutos y no ofrece inquietud, siempre que se garantice la caja única de la misma, que debe de ser intocable.

En fin, pretender “incendiar” políticamente el país –estamos en una dictadura, el fin del Estado de derecho, se rompe España, un Gobierno ilegítimo, etc.– sobre la base del contenido de los anteriores acuerdos me parece intelectualmente siniestro y políticamente peligroso, carente de justificación posible. Se puede estar o no de acuerdo con la amnistía, pero es legítimo que la mayoría absoluta de un parlamento la apruebe, y ya dirá lo que tenga que decir el Constitucional. Son leyes que se han aprobado en muchos países para resolver conflictos enquistados y mejorar la convivencia. Que medios como Financial Times o The Economist, tan moderados, liberales y expresión de sectores económicos relevantes la apoyen me parece significativo, y demostración de lo lejos que están nuestras derechas de los niveles europeos. Por eso pienso que toda esta desaforada y peligrosa hostilidad tiene otras causas que se ocultan. Lo que intentan esas fuerzas es evitar y, en todo caso, deslegitimar en origen un Gobierno progresista que se pueda mantener cuatro años más en la Moncloa. Una hipótesis que les pone los pelos como escarpias, les dan ataques de nervios, especialmente por las políticas sociales y fiscales que puedan desarrollar en el futuro, lo que no va a ser fácil. Lo que pone en riesgo la democracia española no es desde luego una ley de amnistía que, en última instancia, será controlada por el Constitucional, sino que desde el principal partido de la oposición se afirme que estamos ante un “fraude electoral”, que entramos “en una dictadura”, que es el “final del Estado de derecho”. Que en el fondo no dejan de ser arriesgados “fuegos artificiales”, pero hay que procurar por todos los medios que sigan siendo artificiales, pues sería una tragedia que se transitase de la falacia a la violencia, que siempre empieza por la “artillería” verbal.