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¿Grandes empresas vs. la ciudadanía?

Colectivos de afectados por las hipotecas, en una protesta ante el Supremo

Ricardo Chiva Gómez

Catedrático de Organización de Empresas de la Universitat Jaume I —

La decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, o, mejor dicho, la presión evidente que ha ejercido y ejerce la banca sobre las instituciones y sus decisiones en este país; o el caso Volkswagen, en el que el exministro Soria prefirió no sancionar a esta gran empresa, aun implicando una multa posterior sobre el Estado por parte de la Unión Europea, para luego empezar a formar parte de su consejo de administración; entre otros muchos casos similares, dejan clara una cosa: los intereses de la gran empresa se oponen a los de la ciudadanía.

Cuando empecé a estudiar al mundo de la empresa, hace ya algunos años, resultaba menos obvio o palpable lo que hoy día es más que evidente. Quizá ciertas redes sociales, o la existencia de medios de comunicación financiados por la ciudadanía, en vez de por las grandes empresas, ayuden, pero lo que también está claro es que a las grandes empresas o a la banca no parece importarles mostrar su poder e intereses, e incluso lanzar un discurso amenazante a la población: si les toca pagar ese impuesto, buscarán formas para recuperar ese mayor coste, es decir, lo pagará la ciudadanía; o si les hacen pagar los impuestos justos o lo que proporcionalmente paga un asalariado, sus fábricas se irán de España o del país que sea, con lo cual aumentará el paro. Ese discurso además se inocula y transmite continuamente, por parte de ciertos partidos políticos y medios neoliberales y conservadores, para convencernos de que las cosas son así, que no hay nada que hacer; y que quien nos trate de convencer de lo contrario es un populista, un inocente o un “buenista”. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, ya que los gobiernos tienen o deberían tener instrumentos para frenar o desarticular tales amenazas o chantajes. Pero para ello, tales gobiernos no pueden ser chantajeados a su vez por dichas empresas, con lo cual éstas, incluida la banca, no deberían financiar a los partidos políticos.

Por otro lado, el propósito de toda empresa no debe ser maximizar los beneficios, sin importar cómo. Obviamente, esta idea responde a una conciencia muy limitada de la empresa, pero parece que buena parte de la sociedad la acepta sin más. “Un buen directivo o empresario hará lo que sea para que la empresa maximice su rentabilidad; lo que sea”. Esta frase parece socialmente admitida y hasta se tacha a estos directivos de “listos”.

Una empresa debe ser rentable al igual que un ser humano debe comer o beber; es algo necesario, pero no es o debe ser su propósito o fin último, sino el ofrecer productos o servicios de calidad, generando empleo y calidad de vida tanto para los que trabajan en la empresa como para los que consumen sus productos o servicios. Es verdad que hay pocas empresas así, pero las hay, y cada vez más. Así que basar la existencia de una empresa en pagar salarios ínfimos a los trabajadores, u ofrecerles jornadas extenuantes, u ofrecer productos dañinos para las personas o el planeta, entre otras cosas, es un grave error, porque no están cumpliendo su función social y económica, sino que más bien están abusando de los ciudadanos. Así que todo el debate sobre el incremento del salario mínimo debería zanjarse con este argumento.

Se trata de decidir entre entrar en un círculo vicioso o en uno virtuoso. El primero es competitividad basada en costes, baja calidad, salarios bajos, explotación, baja motivación, toxicidad directiva, etc. El segundo es competitividad basada en calidad e innovación, salarios justos o altos, jornadas reducidas, motivación, dirección participativa y formativa etc.

Si bien es verdad que el sistema no deja de recordarnos que los intereses de las grandes empresas son “así” y que nada o casi nada va a cambiarlos, al menos desde arriba, también procura ofrecernos un hilo condescendiente de falsa esperanza que no es más que un engaño: cambia tú o, quizá ¿es tu culpa? Así que ponte las pilas: deja de consumir el producto de esa empresa si no te gusta lo que hace con la mano de obra, o recicla y mejorarás el planeta, o preocúpate tú de comer productos sanos o de elegirlos bien, o fórmate mucho y en todo y te pagarán bien o te darán un buen trabajo. Con este discurso, una vez más, la culpa y responsabilidad recae en las manos equivocadas. Y la idea es que si las cosas van mal es porque todos lo hacemos mal o porque nos lo merecemos. Aunque este discurso es cínico y falso puede que consiga adormecer a la población. Como consecuencia, la mayoría permanece inmóvil ante subidas eléctricas, legislaciones laborales abusivas, corrupción, etc. Si esa mayoría se movilizara, puede que las cosas cambiaran.

Así pues, la cuestión es que las grandes empresas y sus dirigentes tomen conciencia de su abuso, o de que los gobiernos les paren los pies. Para eso es necesario que nuestros representantes gobiernen defendiendo los intereses de los ciudadanos, y no de las grandes empresas. Supongo que pensar críticamente y elegir a los representantes adecuados, sí que es nuestra responsabilidad.

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