La crisis económica de 2008 supuso un duro golpe para la investigación y la ciencia en nuestro país, con un efecto demoledor sobre la innovación tecnológica, la inversión productiva, la modernización industrial y la capacidad de resiliencia y crecimiento futuro de la economía. También sobre la carrera profesional científica, favoreciendo la precariedad y fomentando la fuga de un talento valioso y difícil de recuperar.
Durante el gobierno del Partido Popular, y en especial entre los años 2012 y 2015, más de 10.000 puestos de trabajo se perdieron en el sistema público de ciencia. Por cada plaza de científico que se jubilaba no se incorporó ningún investigador. Toda una generación de jóvenes tuvo que emigrar y los que se quedaron padecieron salarios bajos, condiciones laborales peores y la imposibilidad de consolidar su posición y promocionarse en sus puestos de trabajo.
Para enmendar esta situación, desde 2018 el Gobierno ha fijado el impulso de la ciencia entre sus prioridades, con un importante aumento de las inversiones públicas, la progresiva mejora de las condiciones laborales de los investigadores e investigadoras, la reordenación de los organismos públicos y el impulso de una nueva Ley de Ciencia que proporcionase un marco moderno y estable para apostar por este motor de crecimiento y progreso. Proteger la ciencia es garantía de prosperidad y bienestar. Un estudio de la Comisión Europea estima que un incremento en inversión en I+D equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto genera un aumento del PIB de 1,1%, es decir, cinco veces mayor en términos absolutos.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada por las Cortes Generales el pasado 25 de agosto, es, sin duda, una de las principales reformas estructurales del Plan de Recuperación. Se trata de poner fin a los estragos de una década perdida, garantizando una financiación pública estable y creciente de la I+D, dotando de mayor estabilidad la carrera profesional del personal de investigación, facilitando la atracción y retención del talento científico en nuestro país, favoreciendo la igualdad de género y fortaleciendo las capacidades del Sistema Español de Ciencia y su imbricación en las redes internacionales de centros de investigación de primera fila.
Con el objetivo de una inversión pública del 1,25% del PIB en 2030 y alcanzar el 3% en conjunto con la privada (lo que supondrá doblar la inversión actual en ocho años), la Ley se alinea con el Acuerdo por la Ciencia y la Innovación de la Unión Europea y el Pacto por la Ciencia respaldado en España por más de 80 organizaciones científicas, académicas, empresariales y sindicales. En la lucha contra la precariedad, la nueva Ley propone un nuevo tipo de contrato indefinido, que recoge las singularidades del sistema de I+D y proporcionará estabilidad a los investigadores, con un nuevo itinerario posdoctoral para reducir la edad de entrada al sistema y nuevos derechos laborales, tanto para los jóvenes como para los investigadores consolidados. Todo ello impulsará la inversión y el talento, favoreciendo su atracción, la movilidad profesional y la colaboración en empresas tecnológicas.
Otro de los pilares fundamentales de la Ley es su apuesta por reforzar los aspectos sociales de la política científica, tecnológica y de la innovación. Así, se avanza en igualdad de género y conciliación en el ámbito de la ciencia, se considera a esta como un bien común, se avanza en políticas de ciencia abierta y se incluye la participación ciudadana y la divulgación como pilares del sistema.
Resolver los problemas más acuciantes de la ciencia demandará la implicación de todos los actores del sistema. Por ello, se potencia la transferencia de conocimiento a las empresas, la administración y la industria, mediante el desarrollo de la compra pública de innovación y la posibilidad de la inversión pública en sociedades mercantiles, para impulsar el papel del sector público como agente emprendedor, que invierte y estimula la innovación tecnológica. De igual modo se reconocerán las actividades de transferencia en los procesos de promoción y en los complementos salariales de los investigadores.
Finalmente, la Ley facilita la reducción de cargas administrativas y prevé la creación de la Agencia Espacial Española, que coordinará las actividades para el desarrollo tecnológico y el uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización o las comunicaciones, y se encargará de la coordinación estatal e internacional de la política espacial española.
El fomento de la I+D es una condición necesaria para cualquier país que quiera avanzar hacia la modernidad. Su importancia resulta vital para el desarrollo de nuevos productos y procesos que permitan mejorar la competitividad de las empresas, diversificar la economía, impulsar la sostenibilidad y, en definitiva, responder a los grandes retos del futuro. Como admitía una de nuestras científicas más importantes, Margarita Salas: “un país sin investigación es un país sin desarrollo”.
Con esta visión, el Plan de Recuperación apuesta por la ciencia, como elemento de crecimiento inteligente y factor crítico para incrementar la productividad y competitividad de España, con reformas estructurales y un aumento significativo de la inversión pública en I+D+i, que se ha doblado desde 2018. En definitiva, se trata de poner a nuestras universidades y centros de investigación en la primera liga; de situar a España, por fin, en el lugar que corresponde en el grupo de los grandes países motores de la UE; de construir un futuro mejor para las generaciones más jóvenes.