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Opinión - Réquiem por el 15M, por Elisa Beni

La nivelación del campo de juego

Portavoz de Economía del Grupo Socialista en el Senado. Profesor de Economía Aplicada (Universidad de Santiago de Compostela) y subdirector de RIFDE
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En los últimos días han surgido dos noticias conectadas de interés en el ámbito de la tributación internacional. El último jueves de febrero el Consejo de Competitividad informal de la Unión Europea decidió que el proyecto de Directiva sobre cumplimiento de información fiscal por parte de ciertas multinacionales estaba suficientemente madura técnicamente como para seguir su curso hacia el Parlamento Europeo, que esperemos actúe con rapidez. Se trata de aplicar transparencia a las prácticas fiscales de las grandes empresas con presencia en varios países, como paso previo para la adopción de estándares que las obliguen a una contribución equitativa a la hacienda de los países en los que desarrollan su actividad. La OCDE ("Base Erosion and profit Shifting. Country-by-country exchange relationship", 2019) señala que la recogida e intercambio de datos sobre la fiscalidad de las empresas globales comienza a ser una realidad. Por ello debiera ser más fácil que la Unión Europea dé este paso, necesario pero aún insuficiente.

De forma casi simultánea la Agencia Tributaria hacía pública su explotación estadística de la información contenida en el "Informe País por País" para 2017. Ciento doce empresas españolas que facturan más de 750 millones de euros tienen ya la obligación de indicar donde pagan Impuesto de Sociedades por su actividad mundial -y cuanto abonan-. Y aquí aparece una buena noticia y una mala. La buena es que el tipo efectivo global es razonablemente elevado: el 16,7% en términos de devengo. La mala, que existen dos comportamientos muy divergentes.

Una veintena de grupos, los más grandes por volumen de negocio, que concentran un tercio del beneficio son responsables de dos tercios del impuesto abonado, con un tipo superior al 30%. Por el contrario, aproximadamente el 40% de las empresas, que concentran dos quintos del beneficio conjunto, abonan sólo el 5,53% del impuesto pagado, con un tipo efectivo del 2,35%. Si éste ascendiese al 10% estarían obligadas a contribuir con 2.662 millones de euros adicionales. La elusión fiscal les otorga más capacidad de crecimiento y mayores retornos para sus accionistas, aumentando sus opciones para afirmarse en sus mercados frente a compañías con mayor carga fiscal, sean multinacionales o no.

Saez y Zucman (El triunfo de la injusticia, Taurus, 2021) defienden con pasión que cada país puede controlar fiscalmente a sus multinacionales, aplicando "impuestos correctivos" que suplementen aquellos que los paraísos fiscales deciden no aplicar. Pero es mejor (más eficaz y menos discriminatorio) que se haga de forma coordinada entre los integrantes del G 20 -o al menos en el ámbito de la Unión Europea-. Porque evita cambios en la nacionalidad de las empresas para buscar entornos más benignos así como las ventajas competitivas injustas que beneficiarían a las compañías con menor presión. La adopción de un estándar mínimo en el impuesto de sociedades por parte de los países más desarrollados establece un campo de juego más nivelado.

La globalización precisa domeñarse con marcos regulatorios y fiscales que dirijan los esfuerzos competitivos hacia la producción de riqueza en vez de a la búsqueda de rentas derivadas de la explotación de las divergencias entre estados. El triunfo de Joe Biden en Estados Unidos constituye una oportunidad para avanzar conjuntamente hacia un modelo más homogéneo y justo de tributación corporativa que corrija los fallos de los mercados globales. No la desaprovechemos.

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