Paraísos fiscales en España

¿En qué se parecen Panamá y el municipio de Sarratella en Castellón o de Rozas de Puerto Real en Madrid? ¿Qué une a las Islas Vírgenes con la valenciana Puebla de San Miguel o la catalana Rajadell? Efectivamente, aunque parezca mentira, en que en todos los casos se trata de paraísos fiscales, tal como suena. Panamá y las Islas Vírgenes son conocidos paraísos fiscales internacionales mientras que Sarratella, la Puebla de San Miguel, Rozas del Puerto Real o Rajadell son paraísos fiscales para las grandes flotas de vehículos que se refugian en estos municipios, para no pagar lo que les corresponde del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el más conocido como Impuesto de Circulación. 

Así, Sarratella con solo 101 habitantes tiene censados hasta 9.718 vehículos, es decir, ¡96 coches por habitante! En la misma línea, la Puebla de San Miguel con 61 habitantes les constan 5.525 vehículos, 91 por habitante; Rozas de Puerto Real, 26.297 vehículos para 527 habitantes, 50 vehículos per cápita; y Rajadell, 18.481 vehículos para 539 habitantes, 34 coches para cada rajadellano. 

¿Cómo es esto posible? La Ley Reguladora de las Haciendas Locales que regula el impuesto fija la cuota pero, como es lógico para los que creemos en la descentralización y la autonomía local, permite que los ayuntamientos varíen esta cuota dentro de unos márgenes. Y aquí nace la picaresca. Algunos ayuntamientos como los señalados reducen al mínimo la cuota del impuesto (normalmente, la mitad de la cuota que tienen establecida la mayoría de los grandes municipios), con lo que consiguen ingresos astronómicos atrayendo empresas de grandes flotas que domicilian fraudulentamente sus vehículos en estos pueblos pequeños en los que no realizan realmente ninguna actividad. La picaresca llega hasta el extremo en el que algunos de estos vehículos tienen su domicilio, a falta de cualquier establecimiento de la empresa, en la misma sede del ayuntamiento paradisíaco. Solo en Barcelona, esta práctica ilegal, supone una evasión de casi tres millones de euros anuales. 

El Ayuntamiento de Barcelona, dentro de su plan de lucha contra el fraude fiscal con el que ya lleva globalmente recuperados 150 millones de euros, ha incorporado la lucha contra estos paraísos fiscales internos. Recientemente se han conseguido las primeras sentencias favorables en las que se califica la domiciliación de estas grandes flotas en pueblos donde no ejercen ninguna actividad como un fraude de ley. Así lo señala, por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Barcelona en relación a Aguilar de Segarra, otro paraíso fiscal: “cabe indicar que resulta sorprendente que una sociedad con sede en Barcelona, tenga sus vehículos domiciliados en un pueblecito del Bages de unos 280 habitantes, cuya principal actividad es la agrícola y ganadera y no se acierta a entender qué necesidad tendrán de arrendar vehículos los habitantes de dicha población. Además no existe ningún establecimiento comercial de ningún tipo ni rótulo, ni nada que indique que allí se arriendan vehículos y por otra parte está claro que el domicilio de la entidad actora está en Barcelona. Todo parece indicar que estamos en presencia de un fraude de ley, en el sentido de utilizarse una hipotética posibilidad legal para evitar pagar los impuestos en la ciudad en la que la actora realiza su actividad comercial, Barcelona, evidentemente con un tipo impositivo muy superior al de Aguilar de Segarra. No es que no sea legítimo que la entidad actora busque reducir tanto como pueda su carga fiscal, es que lo que no se puede hacer con esta finalidad es utilizar un domicilio simulado o inexistente, establecido sola y únicamente para eludir impuestos”.

La lucha contra el fraude fiscal es esencial para la igualdad real y los paraísos fiscales son colaboradores necesarios de los evasores. Es necesaria la condena sin paliativos para aquellos contribuyentes que para beneficio personal ponen en juego el estado del bienestar (el fraude supera los 60.000 millones de euros en España, según datos de la Unión Europea) pero también con aquellas administraciones públicas que lo hacen posible. A veces, la mejor manera para pagar menos impuestos es una buena política contra el fraude fiscal. El objetivo no es que las personas paguen más, sino que pague quien tiene que pagar.