El pasado, presente y futuro del lobby energético en el Estado español

Hablar del lobby energético no es hablar de una anomalía o excepción, sino de una constante que le da forma y determina el panorama político actual. Desde la liberalización del mercado eléctrico en los noventa hasta las actuales disputas en torno a la transición energética, el oligopolio ha ejercido una influencia persistente y eficaz. El resultado es un modelo energético altamente concentrado, opaco y reactivo a cualquier reforma que amenace sus márgenes de beneficio

Vivimos en un contexto marcado por la instrumentalización de la transición energética en plena ola de disputas partidistas y previamente a nuevos ciclos electorales. Mientras las grandes compañías anuncian beneficios récord y lanzan campañas de lavado de imagen “verde” cada vez más agresivas, el debate público se desplaza hacia la criminalización de la pobreza y hacia falsas problemáticas. ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la energía? ¿A quién estamos otorgando el poder de liderar las soluciones y los relatos sobre transición energética justa? Las grandes empresas energéticas nos venden campañas de marketing sobre sostenibilidad y empleo, para que no miremos a lo que realmente importa: la crisis climática, social y de vivienda que vivimos. Este desplazamiento no es inocente: responde a una estrategia deliberada del lobby energético para presentar cualquier intento de regulación ambiciosa —ya sea la fiscalidad sobre beneficios extraordinarios, el refuerzo del autoconsumo o el control de precios— como una amenaza a la estabilidad económica del país. Así, medidas que buscan corregir desigualdades o injusticias se convierten en moneda de cambio en negociaciones parlamentarias opacas. Así, el interés general queda subordinado a los márgenes de rentabilidad de un sector privatizado que, paradójicamente, sigue dependiendo en gran medida del respaldo público.

El episodio más reciente que ilustra esta realidad es la derogación del Real Decreto-Ley 10/2024, que pretendía imponer un gravamen temporal a los beneficios excesivos del sector energético en 2025. La norma, presentada como una prórroga de la Ley 38/2022, cayó en enero de 2025 tras el voto en contra del Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya, el PNV y UPN. El resultado confirmó el blindaje político del oligopolio energético, incluso en un contexto de crisis energética e inflación.

Los frutos de esta injusticia son palmarios. En 2023, Repsol recibió cerca de 23 millones de euros en compensaciones públicas por los costes de emisiones de COâ‚‚. Al mismo tiempo, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Moeve continúan concentrando el control del sistema energético y desplegando estrategias de lobby para condicionar la legislación y proteger sus intereses. Diversos estudios coinciden en que esta concentración de poder dificulta seriamente una transición energética justa, democrática y socialmente redistributiva.

El pasado reciente ofrece ejemplos clave de la captura de intereses en cualquier modificación regulatoria o nueva legislación. El más conocido es el Real Decreto 900/2015, popularmente bautizado como el “impuesto al sol”. Bajo el pretexto de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, la norma penalizaba el autoconsumo y protegía de facto la posición dominante de las grandes eléctricas. No había razones técnicas ni económicas de peso que justificaran aquella medida: su única lógica era política y respondía a los intereses de un oligopolio decidido a frenar cualquier democratización del sistema energético.

Tal y como recoge el estudio «Así decide el lobby fósil el presente y futuro del Estado español» de Ingeniería Sin Fronteras, estas prácticas no son episodios aislados, sino parte de una estrategia estructural del oligopolio energético para proteger sus intereses y moldear el marco político y social de la transición energética. Además, lejos de corregirse, estas dinámicas se han agravado con el tiempo. En el presente, el lobby energético ya no actúa únicamente presionando despachos ministeriales o influyendo en la redacción de decretos. Su estrategia se ha diversificado y ha encontrado en el ámbito académico un espacio clave de legitimación. Entre 2017 y 2022, empresas como Repsol, Iberdrola o Moeve inyectaron centenares de miles de euros en universidades públicas españolas en forma de cátedras, convenios y proyectos de investigación. Solo la Universidad Complutense de Madrid recibió más de un millón de euros, de los cuales más de 525.000 procedían de Repsol. Estas aportaciones no son filantropía desinteresada, sinó #AcademicWashing. Financiando másteres, becas predoctorales o investigaciones sobre “transición energética” y “sostenibilidad”, el oligopolio -eminentemente fósil- contribuye a moldear el discurso hegemónico desde el cual se analiza el futuro del sector. La universidad, en teoría un espacio de pensamiento crítico, corre el riesgo de convertirse en una correa de transmisión del relato corporativo. Se blanquean y justifican prácticas que poco tienen que ver con una transición justa y alineada con proteger la justicia social y climática.

A esta influencia académica se suma una alarmante falta de transparencia institucional. En el Congreso y el Senado, sólo una minoría de representantes políticos publica su agenda de reuniones. Apenas el 13% de los diputados y el 24% de los senadores han publicado en algún momento con quién se reúnen. Desconocer la agenda del 80% del poder legislativo no es un detalle menor: es el caldo de cultivo ideal para que los lobbies operen a sus anchas, pero en la sombra.

Este poder no se limita a la influencia legal, académica y económica. En su área de influencia salen a la luz tramas de corrupción que revelan hasta qué punto son difusas las fronteras entre negocio, política y delito. La llamada Trama de Hidrocarburos es un ejemplo paradigmático: empresas como Hafesa, vinculadas a figuras del Partido Popular y beneficiadas por favores institucionales, defraudaron al Estado más de 150 millones de euros en IVA. La posterior condena de José Norberto Uzal y las conexiones con paraísos fiscales, los Pandora Papers y el caso Koldo muestran que no se trata de episodios aislados, sino de un entramado de impunidad.

Ante este panorama, el futuro del lobby energético en el Estado español plantea una disyuntiva clara. O se avanza hacia una regulación estricta, transparente y democrática que limite la influencia corporativa y priorice el interés general, o se consolida un modelo donde la transición energética será solo un eslogan vacío, diseñado para preservar los beneficios de siempre, pintado de “progreso” y de “verde”.

Romper esta dinámica exige medidas valientes: registros de lobbies obligatorios, agendas públicas completas, fin de las puertas giratorias, financiación suficiente para la investigación pública independiente y una reforma profunda del mercado eléctrico y del sector energético. Sin ello, el pasado seguirá dictando el presente y secuestrando el futuro de la política energética en el Estado español.