Ataque sobrevenido de dignidad
Al final es lo de siempre. “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. El 10 de marzo de 1820, el nefasto Fernando VII pronunciaba estas palabras al jurar la Constitución de Cádiz. A partir de aquel día, conspiró durante tres años hasta que un ejército extranjero, los franceses Cien Mil Hijos de San Luis, invadió España para ayudarle a traicionar su juramento y reinstaurar la monarquía absoluta. Durante el apasionante siglo XIX, la expresión “marchemos francamente, y yo el primero' sostuvo toda una corriente de cachondeo político. Si los españoles no despreciáramos nuestra historia tanto como la ignoramos, seguiríamos utilizándola, porque ocasiones no nos faltaban”. Son palabras de Almudena Grandes en su columna publicada en El País el 5 de diciembre de 2016 con el título Marchemos.
Coincido plenamente con ella. De hecho, es lo primero que se me vino a la cabeza tras el “ataque sobrevenido de dignidad” del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, una vez que El Español hizo público el WhatsApp del senador Cosidó explicándole a los senadores del PP las bondades del pacto alcanzado con el Gobierno del PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que incluía el compromiso de designación del juez Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Justamente en esa designación estaba para el PP la garantía de que era un buen pacto, que permitiría controlar “desde atrás” la Sala Segunda del TS y la Sala 61 LOPJ, que es la que puede tomar una decisión sobre suspensión o disolución de un partido político. Esto es lo que transmitió el senador Cosidó a sus colegas del PP. Tranquilos: Marchena es uno de los nuestros.
Manuel Marchena había sido parte de la negociación y no había manifestado el más mínimo reproche ni a la forma ni al fondo del pacto y había aceptado su futura designación como presidente por unos miembros del CGPJ que todavía no habían sido elegidos. Hasta el momento en que se hizo público el WhatsApp del senador Cosidó, no existía el más mínimo problema para que la renovación se hiciera como se había hecho y para que él fuera designado presidente del CGPJ y del TS. Su nombre como presidente “in pectore” se había hecho público sin que se produjera reacción alguna por su parte. Su dignidad estaba incólume.
Con la publicación del WhatsApp del senador Cosidó es con lo que Manuel Marchena descubrió que “su dignidad” se veía afectada por el pacto alcanzado y que, en consecuencia, le resultaba imposible aceptar la parte que le había sido atribuida en el mismo, a la que hasta ese momento había dado su asentimiento. Fernando VII tuvo que jurar la Constitución de Cádiz en 1820 porque salió adelante el golpe iniciado por Rafael de Riego en Las Cabezas de San Juan y Manuel Marchena ha tenido que renunciar a ser elegido presidente del CGPJ y del TS porque el senador Cosidó hizo público en qué había consistido la negociación y qué lugar ocupaba Manuel Marchena en la misma.
Manuel Marchena no ha renunciado a nada. No hay nada en su conducta en este asunto que guarde relación alguna con el concepto de dignidad. Ha sido el senador Cosidó el que lo ha inhabilitado al hacerse público su WhatsApp. Su “imparcialidad” se ha visto comprometida de manera insoslayable. Esa pérdida de imparcialidad es “objetiva”, esto es, independiente de lo que el juez Marchena pueda pensar. Es una pérdida de imparcialidad que no desaparece porque haya hecho pública posteriormente su renuncia a que su nombre sea tomado en consideración para la presidencia del CGPJ.
Esta es la razón por la que no puede mantenerse como presidente del Tribunal que va a conocer de la conducta de los exconsejeros del Govern y otros políticos nacionalistas catalanes por varios delitos, entre ellos el de rebelión, con ocasión de los acontecimientos de los meses septiembre y octubre de 2017. Sería una temeridad enorme que no se entendiera así.
En todo caso y al margen de lo que se decida en sede judicial, debería abrirse una investigación en el Congreso de los Diputados y en el Senado sobre las circunstancias que han concurrido en el proceso fallido de renovación del CGPJ. La dimensión política del acontecimiento es todavía más relevante que la judicial. Estamos ante un ejercicio desviado de una función de suma importancia que la Constitución atribuye al Congreso de los Diputados y el Senado, para la que exige que ambas Cámaras se pronuncien con la mayoría exigida para la reforma de la Constitución. Saber exactamente qué es lo que ha pasado, en qué medida un juez que preside una Sala del Tribunal Supremo puede participar en negociaciones sobre la composición del CGPJ y sobre su posible designación como presidente de dicho órgano, es imprescindible para que no pueda a volver a ocurrir nada similar.
