Corporativismo como ariete

La acertada postura del Ministerio de Justicia ante la insólita petición por parte del CGPJ de utilizar fondos públicos para defender a un juez concreto, Pablo Llarena, en un asunto civil privado en Bélgica ha suscitado la airada reacción de las principales asociaciones conservadoras de jueces y de fiscales. En un duro comunicado conjunto llegan a dejar sobrevolar la amenaza de acciones penales sobre la ministra y su equipo por “la pasividad al no adoptarse medidas para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad de la jurisdicción de España” a la par que exigen al Gobierno que adopte las medidas instadas por el CGPJ en el amparo concedido. Nada dicen de las condiciones extemporáneas en las que este fue acordado ni por supuesto se inquietan por las consecuencias penales que tal actuación de la Comisión Permanente del CGPJ pudiera tener. Me temo que esto se lo están trabajando otros.

Entiendo que el comunicado asociativo se produce sin haber leído la demanda civil belga puesto que afirman que se trata de una demanda “por su actuación en el asunto en el que ha sido instructor”. Lo cierto es que la demanda afirma en reiteradas ocasiones que lo que consideran vulneración de derechos durante la instrucción se sustanciará en otras instancias y que en ningún caso es motivo de ese procedimiento civil. No cabe duda de que, usando la necesidad de contextualizar la petición, la demanda aprovecha para compilar no sólo algunos hechos del procés, sino también párrafos de los autos de Llarena en los que a éste se le fue la pluma y acabó afirmando que es la ideología independentista que mantienen los procesados la decisiva para mantenerlos en prisión. Tienen buen cuidado, no obstante, de remachar que su demanda no se refiere a eso. El contexto también sirve para recoger manifestaciones del Gobierno anterior y de otras instancias en las que se afirma que el delito de rebelión se ha cometido y que estas personas fueron quiénes lo cometieron. Algo que ha acabado por resultar casi normal en España pero que puede escalofriar a más de uno fuera.

La cuestión, según la demanda, es que el juez Llarena, instructor de un caso, manifestó públicamente que entre las dos opciones que deben dilucidarse en un juicio, a saber: que se trate de una acusación penal por hechos políticos no tipificados (postura de las defensas) o que se trata de un delito de rebelión tipificado (postura de la Fiscalía), el instructor se decanta por una. Lo que hace Llarena en sus declaraciones, en opinión de los abogados de Puigdemont, es manifestar públicamente que se está en el segundo supuesto. Cuando dice “un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política estos comportamientos son perseguidos (sic)” está mencionando la opción A pero sigue “no es el caso que estamos llevando ahora en el TS, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal” que sería la opción B. Lo que la demanda belga viene a decir es que el objeto del juicio que aún no ha tenido lugar es dilucidar si estamos en la opción A, tesis de la defensa, o en la opción B, tesis de las acusaciones, y que por tanto el juez de instrucción nunca hubiera debido pronunciarse dando por sentado que la tesis de las acusaciones es la buena. No es la única intervención a que se refieren, dado que también mencionan otras, pero esta es importante. ¿Puede decir eso un instructor? Los jueces belgas lo verán a la luz de su legislación y de la jurisprudencia del TEDH, que es muy estricta respecto a la expresión privada de un juez respecto a sus casos. No obstante, pudiera ser que Puigdemont no gane la demanda. Nadie afirma que vaya a hacerlo. De facto hasta hace unas semanas todo era un jolgorio y unas risas respecto a este caso que ahora se convierte en un ariete contra el Gobierno, una vez que la conjunción de fuerzas CGPJ-Abogacía-Ministerio para salvar el bolsillo del soldado Llarena se rompió con el cambio de signo político.

Tampoco es cierto que el Gobierno vaya a permanecer inactivo ante un supuesto ataque a la inmunidad de la jurisdicción española por parte de un tribunal extranjero. El Gobierno se personará si tal caso se produce, pero, en principio, entienden que la demanda no habla de ello y, desde luego, que la independencia de ningún juez se ve menoscabada. Olvidan muchos que Llarena pudo ser más prudente. Olvidan que pudo decirles a los periodistas, simplemente, “no hago declaraciones sobre ese caso que instruyo”. No es tan difícil. Yo se lo he oído decir a muchos magistrados a lo largo de mi carrera. O podía haber dicho: “Eso que me preguntan es precisamente lo que se debe sustanciar en el juicio que, cuanto antes se producirá...”. No fue así. Eligió hacer la declaración que hizo tras una conferencia privada pagada por BMW. Él decidió darla y cobró por ella y no lo compartió con el Estado ni con los contribuyentes, lógicamente, y también decidió hacer unas declaraciones que fueron una decisión individual. ¿Por qué compartir ahora los daños o consecuencias que pudieran derivarse?

Ahora se produce un movimiento de prietas las filas en torno a él, en un corporativismo que puede ser de bolsillo, no por pequeño y manejable, sino porque se base en el miedo de otros magistrados a que algún día pudieran verse en un supuesto así. Difícil. Lo cierto es que toda esta estrategia procesal extranjera y extraña responde a una situación excepcional. La constatación de que es imposible obtener respuesta imparcial por parte de la Sala II a nada que sea perjudicial para alguno de sus miembros es una realidad. Esto no sucede en el caso de la herencia de su prima o del cruento asesinato de no sé quién. Esto sucede en el caso que afecta al procès y no cabe duda de que las posibilidades de que un recurso sobre cualquiera de las anomalías procesales que se han sucedido o sobre la imparcialidad de un magistrado o sobre la contaminación que supone que la misma persona admita a trámite una querella y luego presida el juicio por ella son nulas. Esa certeza y no otra cosa ha provocado todo este universo paralelo en Europa en busca de una frialdad que no se da en España. Sobre este flaco servicio a la patria que se está haciendo sí debería reflexionar el Tribunal Supremo.

Así que ahí tenemos esa respuesta agresivamente corporativa de algunas asociaciones judiciales que, indudablemente, están haciendo política y que de paso que se indignan por algo que no es rigurosamente cierto, pues le largan una carga de profundidad a la nueva ministra. Ya estaba históricamente claro que no hay peor astilla que la de la misma madera, y que no le iban a conceder ni una semana de tregua, pero ahora queda palmariamente manifiesto lo vistan como lo vistan.