El patriotismo bien entendido, al igual que la generosidad bien entendida, empieza siempre por uno mismo. Sólo en un país con tanta inseguridad jurídica como España no se entiende este sencillo principio que rige el capitalismo, que no conoce de pasiones ni banderas. La mano que guía el mercado puede que sea invisible, pero no es gilipollas. Ferrovial tiene todo el derecho del mundo a irse donde le plazca y nosotros todo el derecho del mundo a criticarlo hasta que se nos cansen las neuronas. Es el mercado, amigo.
A falta de una buena razón, Ferrovial y la familia Del Pino, clientes VIP de la agencia tributaria, han dado tres excusas regulares y confusas para explicar la marcha de Ferrovial a Países Bajos, apenas un mes después de que su presidente, Rafael del Pino, le dijese en público a Núñez Feijóo que si ganaba las elecciones España tendría un buen plan inversor y que contase con su empresa para convertir a España en un destino atractivo para invertir.
Alega Ferrovial que se va porque en el 80% de su negocio ya no está en España, porque así le será más fácil cotizar con acciones propias en Wall Street y por la seguridad jurídica que se disfruta allí frente a la inseguridad jurídica que padecemos aquí. Dicho así todo seguido, casi dan ganas de lanzar una campaña solidaria con Ferrovial. Promovamos un gran crowdfunding patriótico para impedir que semejantes héroes nacionales se vean impelidos a buscar asilo fiscal para ponerse a salvo de la horda neopopulista que inflama este Gobierno rojosatánico, con la feroz y radical Nadia Calviño a la cabeza.
No sería nuestro primer crowdfunding solidario con Ferrovial. Los gobiernos Aznar regaron con más de treinta mil millones en ayudas para la internacionalización a las grandes empresas españolas, entre ellas Ferrovial. Si hoy el negocio de Ferrovial se halla fuera de las fronteras de España se debe, en parte, a una costosa inversión pública. Entonces España era un paraíso de seguridad jurídica. Tanta había que la Justicia europea declaró ilegales la mayor parte de esas ayudas una década más tarde.
¿Qué hemos recibido a cambio nosotros y nuestro Estado? Pleitos pendientes con Hacienda por valor de más de trescientos millones de euros, sufragar con cuantiosos créditos fiscales a Ferrovial durante los años duros de la Gran Recesión y la pandemia y pagar a mayores contratos de obra pública por valor de más de nueve mil millones desde los años noventa; mientras Ferrovial y las demás contratistas operaban como un cartel fijando precios al alza y pactando un saqueo sistemático y organizado de las arcas públicas; no lo digo yo, lo dijo y lo sancionó el regulador.
En el año 2013, la familia Del Pino pactó abonar a Hacienda doscientos millones de euros para evitar la imputación de un delito fiscal. Entonces gobernaba el inquisidor Mariano Rajoy y era ministro de Hacienda el insaciable Cristóbal Montoro. Entonces no lo sabíamos, pero seguro que España ya era un infierno fiscal y un purgatorio de inseguridad jurídica provocado por un Gobierno empeñado en demonizar a los empresarios y acabar con nuestras grandes empresas por puro populismo.
También en esto España es diferente. Aquí no existen esas que en otros países llaman “élites extractivas” (Acemoglu, Robinson 2012), grupos organizados para depredar sistemáticamente los recursos comunes en su exclusivo beneficio y minimizar al máximo su aportación a los esfuerzos colectivos. En España, familias como los Del Pino siempre son víctimas inocentes de un sistema cruel.