No es la derecha la que amenaza la estabilidad política

La derecha ha levantado el pie. Porque no tenía más remedio que apoyar el ingreso mínimo vital. Porque su situación en la Comunidad de Madrid empeora cada día. Y porque resuenan cada vez más claramente los desacuerdos internos con Pablo Casado. Volverá a acelerar cuando pueda. Pero el temporal ha amainado un tanto. Y lo que aparece nítidamente en el horizonte son los verdaderos problemas del Gobierno: las decisiones que tiene que tomar contra la pandemia y la crisis económica; las dudas que crecen sobre el apoyo final que vendrá de Europa. Y el riesgo de que la posible inculpación de Juan Carlos I divida al Gobierno. Y esta vez, de verdad.

Aunque se diga poco, el Ejecutivo de coalición ha resuelto bastante bien los gravísimos problemas que se ha encontrado delante. Seguramente cometió errores en la primera fase de la pandemia. Hasta que la cosa no estalló de forma dramática no tomó decisiones drásticas. No prohibir las manifestaciones del 8M figurará siempre en las crónicas del desastre como una posición discutible. Porque así son las cosas en política. Pero no porque los histéricos que ahora le acusan de criminal tengan un ápice de razón: ¿cuántos de esos listos advirtieron de los riesgos en los días previos a la marcha feminista? ¿Quién sabía entonces lo que iba a pasar? ¿Eran suicidas las dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos que salieron a la calle?

Por mucho que se empeñe la jueza Rodríguez Medel, el asunto no va a tener recorrido jurídico. Lo afirma hasta gente muy de derechas. Y puede que esa perspectiva también haya influido en la nueva actitud de Pablo Casado. Al PP se le han ido agotando las causas con las que en las pasadas semanas ha querido incendiar el panorama. La del supuesto ultraje al coronel Pérez de los Cobos y a la Guardia Civil, que amenazaba con meter a Pablo Casado en el debate sobre una trama golpista. La de las muertes de mayores en las residencias, que lo ocurrido en Madrid ha terminado por volverse en su contra. Y la de que el estado de alarma es un atentado contra la libertad, que muchos ciudadanos de derechas, asustados como todos por la epidemia, no han entendido en ningún momento.

Aunque los aznaristas del PP lo han considerado una adecuada estrategia política, el ruido insoportable de este último tiempo aparece en buena medida ridículo una vez que ha bajado el diapasón. El Gobierno ha sabido aguantar bastante bien el temporal, sin perder los nervios y las formas. Y ha seguido haciendo su trabajo sin hacer mucho caso de la diatriba. El resultado, hasta ahora, no es malo. La infección ha sido contenida. La mortalidad de la COVID-19, también. Y el drama de los hospitales se ha paliado significativamente. Podía no haber ocurrido, un gobierno que nunca se había visto enfrentado a nada parecido podía haber fallado estrepitosamente. Hay que congratularse de que no haya sido así.

Pero ahora hay otros problemas. Que si se complican pueden terminar en drama político. En el terreno sanitario, el más grave es el de la atención primaria, clave en la lucha contra la pandemia y fundamental para evitar que futuros rebrotes, muy posibles en otoño según dicen los expertos, se conviertan en un nuevo drama. Es cada vez más amplia la percepción ciudadana de que la causa principal de las enormes carencias que sufren los ambulatorios son los recortes del gasto sanitario decididos por los anteriores gobiernos, sobre todo los del PP. Pero aunque ese pueda ser un argumento en una futura campaña electoral, esa evidencia vale hoy para poco.

Lo importante en estos momentos es paliar esos déficits lo más rápido posible. El Gobierno está tratando de articular una ofensiva de gasto para hacerlo. La pregunta es si sus resultados llegarán a tiempo. Y hay serias dudas al respecto. Entre otras cosas porque la eficacia de ese gasto depende de una adecuada gestión de las comunidades autónomas.

Seguramente las incógnitas que existen en ese terreno son las más inquietantes. Porque un rebrote de grandes proporciones, cuya posibilidad no excluye ningún experto, sería un drama. Y no sólo porque obligaría a decretar de nuevo el estado de alarma. Sino porque supondría un golpe a nuestra economía aún más fuerte del que ya ha sufrido. Esperemos que el gobierno central y los autonómicos estén haciendo, y vayan a hacer, todo lo posible por disminuir ese riesgo.

La otra gran incógnita, para Pedro Sánchez y para todos los españoles, es la del dinero que, al final, va a venir de Europa para hacer frente a la crisis económica. De eso depende casi todo. Porque una eventual reforma fiscal para aumentar los ingresos del estado no va a solucionar las cosas en los plazos que son necesarios. Porque su tramitación política será muy complicada y llevará tiempo y porque pasarán al menos dos años para que las nuevas reglas impositivas den resultados económicos de fuste. Es algo que hay que hacer. Es incluso imprescindible. Pero no se puede pensar que nos va a sacar del agujero en el que estamos metidos.

La ayuda más consistente y, sobre todo, en plazos útiles, es la que puede venir de la UE. Las buenas noticias que existían hasta hace un par de días se han redimensionado un tanto cuando se ha sabido que no sólo Holanda, Austria o Finlandia, los duros de siempre, ponen graves pegas, sino que también Alemania empieza a manifestar serias dudas. La imagen de división política que está dando España fuera de nuestras fronteras no debe animar mucho a los más reticentes. Es de esperar que nuestros medios más poderosos empiecen a seguir el asunto con más interés del que hasta ahora han mostrado. Que en el caso de los de derechas ha sido nulo. Porque hablar de eso no beneficiaba precisamente a Pablo Casado. O a Vox.

Aunque hay otros cuantos problemas más, Cataluña entre ellos, el otro asunto que podría amenazar gravemente a la estabilidad política que existe en estos momentos -marcada sobre todo porque está claro que ni va a haber elecciones ni moción de censura- es el del eventual procesamiento del rey emérito por graves delitos ligados a la corrupción. Se dirá que ya se sabe lo que va a pasar. Que el PSOE y el PP se opondrán, como han hecho hasta ahora.

Pero puede que el momento actual sea distinto a los anteriores. Porque ahora se conoce, y lo sabe todo el mundo y no gusta a casi nadie, la cantidad ingente de dinero que el anterior monarca se embolsó con sus tráficos irregulares. Porque el papel de su sucesor, Felipe VI, no ha sido precisamente impoluto en este embrollo. Y porque Unidas Podemos no parece dispuesto a dejar pasar el contencioso y que Juan Carlos salga otra vez de rositas. ¿Hasta el punto de romper el Gobierno de coalición con el PSOE? No se puede excluir ni esa ni otras hipótesis.