Desandar el odio antes de que sea demasiado tarde
Hay palabras pronunciadas con odio y hay palabras que construyen odio, no es lo mismo. Las primeras pueden ser desagradables, ofensivas, incluso profundamente hirientes, y seguir formando parte de una libertad de expresión que también protege aquello que molesta, incomoda o indigna. Las segundas hacen algo bien diferente: identifican a alguien (que pertenece a un grupo especialmente vulnerable desde el marco de los derechos humanos) como enemigo, lo convierten en amenaza, en peligro, lo deshumaniza y buscan que otros lo reconozcan también como tal para violentarlo. Distinguir unas palabras de otras, un lenguaje de otro se ha vuelto especialmente importante en este momento en España. Identificar cuándo el odio deja de ser una emoción o un lenguaje desagradable y se convierte en una herramienta de movilización contra alguien es, en este momento, fundamental porque nos estamos jugando la democracia en las calles, ya no solo en las instituciones.
Esta semana hemos asistido a situaciones que deberían marcar un antes y un después, se ha cruzado otra línea roja. Los ataques sufridos por periodistas de TVE y de otros medios mientras cubrían las manifestaciones del pasado 2 de septiembre tienen una especial gravedad. Fueron insultados, rodeados, amenazados, golpeados y agredidos por manifestantes en cuyos rostros y comportamientos solo se veía ira y descontrol, se veía odio. El objetivo eran las y los profesionales de la información que estaban allí para informar, si bien para quienes les atacaban eran “títeres” de esa televisión que PP y Vox llevan tiempo señalando como «la televisión de Pedro Sánchez». No eran personas, eran “títeres”, los habían deshumanizado, se hablaba desde el odio y con odio.
Estas agresiones tienen una dimensión particularmente grave. Cuando alguien intimida o agrede a un reportero para impedirle trabajar no está atacando únicamente a la persona que sostiene el micrófono, sino que está interfiriendo en el ejercicio de la libertad de información y, con ello, en nuestro derecho a recibirla, está interfiriendo en uno de los millares de la democracia. Las amenazas, coacciones, lesiones o daños que puedan haberse cometido contra estos profesionales deberán investigarse y recibir, en su caso, la correspondiente respuesta legal y, cuando proceda, penal. Pero precisamente porque el Derecho penal puede entrar en escena, (e incluso debe entrar en escena) conviene no utilizar el odio como una categoría en la que cabe todo.
Hace años, cuando participé en la elaboración de la Guía práctica para la Abogacía sobre delitos de odio, insistíamos en la necesidad de no confundir el lenguaje con odio con el lenguaje del odio. El Derecho penal no puede convertirse en un instrumento para perseguir opiniones políticamente incorrectas, ofensivas o molestas, ni podemos llamar discurso de odio a cualquier manifestación que nos resulte intolerable. Lo relevante es cuándo ese discurso deja de limitarse a expresar rechazo y empieza a cumplir otra función, empieza a ser parte de la cadena de violencia que se dedica a señalar, humillar o denigrar, a construir un “ellos” frente a un “nosotros” y a generar un clima de hostilidad que pueda favorecer la discriminación o la violencia.
Lo ocurrido con los periodistas no surge en el vacío, forma parte de un discurso que la extrema derecha lleva tiempo construyendo y en el que la identificación de enemigos ocupa un lugar central. Lo estamos viendo estas semanas con Ceuta: las personas migrantes se convierten en «invasores», la crisis humanitaria en una «invasión», los hombres migrantes en un «agresores sexuales» y quienes los apoyan o defienden sus derechos en traidores a la patria y cómplices de una amenaza. En ese mismo relato de invitación al odio y la violencia, se refuerza la idea construida en el marco del relato del PP y de Vox de que determinados periodistas y medios no informan, sino que “mienten”, “manipulan”, “ocultan” o trabajan al servicio “del enemigo” (Pedro Sánchez). Obviamente, no significa que todas esas expresiones constituyan jurídicamente delitos de odio, pero sí -al observar este laboratorio del odio en el que se ha convertido la crisis de Ceuta- nos permite reconocer un mecanismo de construcción de intolerancia y hostilidad que resulta peligroso.
Un mecanismo que no se dirige únicamente contra la persona que recibe el insulto, sino que busca intimidar y crear un estado de opinión en el que el desprecio y la deshumanización se extienda, en el que otros reconozcan a quien ha sido señalado como inferior, peligroso o merecedor de un trato indigno y que esa percepción se vaya extendiendo entre una audiencia, unas veces atemorizada y que calla y otras, crecida y dispuesta a compartirla. En todo esto, las redes sociales están multiplicando exponencialmente esa capacidad de difusión y están permitiendo que el prejuicio irracional y falso encuentre comunidad, repetición y legitimidad hasta hacer que determinados hechos, expresiones y conductas dejen de parecernos excepcionales.
Necesitamos volver a distinguir entre el lenguaje con odio y el lenguaje del odio, a sabiendas de que estamos entrando en un contexto de excepcionalidad y mucha emocionalidad para hacer distinciones que requieren de matices y sosiego. Pero es necesario tener presente que el primero puede expresar rabia, desprecio o rechazo y resultar profundamente ofensivo sin dejar de estar protegido por la libertad de expresión, y que es el segundo el que debe activar los mecanismos del Estado, porque pretende algo más; pretende convertir el prejuicio irracional y los sesgos inconscientes en un mensaje de odio y rechazo compartido al señalar a determinadas personas como una amenaza. El lenguaje del odio busca una audiencia que legitime la exclusión, discriminación o incluso la violencia contra esas personas por quienes son o lo que representan, por motivos prohibidos de discriminación.
No todo lo que se dice con odio es discurso de odio, ni todo discurso de odio constituye necesariamente un delito, pero esperar a que las palabras y los relatos terminen convirtiéndose en amenazas, coacciones o golpes contra los grupos señalados para empezar a preocuparnos significa llegar demasiado tarde. De hecho, ya llegamos tarde. No basta con actuar cuando la violencia ya se ha producido. Desandar el camino del odio exige impedir que el prejuicio encuentre en el lenguaje una forma de legitimarse y que ese lenguaje encuentre después una audiencia dispuesta a convertirlo en discriminación o violencia. Por eso, junto a la respuesta jurídica cuando corresponda, necesitamos sensibilización y educación capaces de romper esa cadena antes de que el odio se convierta en acción. Antes de que sea demasiado tarde, o todavía más tarde.