Un plan de emergencia social para comenzar el cambio en Madrid
Hay cuestiones que nunca deberían ser objeto de intercambio, mercadeo o competencia política y electoral. La dignidad de las personas es una de ellas. Ésta depende en buena medida de que todos y todas tengamos garantizada la base material sobre la que construir nuestras vidas: acceso a los alimentos, la energía y el agua como bienes de primera necesidad, derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y a una sanidad universal para toda la población madrileña.
Cualquiera de las fuerzas que se encuadran dentro del campo democrático deberían tener como referente principal el marco de los derechos humanos. Es en esta situación de crisis y creciente desigualdad en la ciudad de Madrid donde es necesario un acuerdo de todos los agentes y la propia ciudadanía que tenga como fondo ese marco que supone la Declaración de los Derechos Humanos. Por este motivo, Ahora Madrid invitó el pasado mes de abril a todos los partidos políticos que aspiraban a tener representación en el Ayuntamiento de Madrid a comprometerse y trabajar conjuntamente por la erradicación de dichas desigualdades para garantizar que el futuro de las personas en situación de vulnerabilidad en Madrid no dependiera de los resultados electorales. Esta invitación continúa abierta a todas las formaciones políticas a pesar de que hasta el momento, y a pesar de la insistencia, sólo han respondido con un “acuse de recibo”.
Desconocemos los motivos por los que el resto de partidos políticos no han mostrado interés por este compromiso, pero queremos volver a insistir en que hablar de una situación de emergencia social no es baladí. Hay estadísticas abrumadoras: durante todo el año pasado, 2014, el número de personas atendidas por los Servicios Sociales fue de casi medio millón (499.378), lo que supone un 15,80% de la población total de Madrid. El paquete de medidas propuestas está basado en una sólida base ética, pero también pragmática. Sin castillos en el aire. Suscribimos e incorporamos en nuestro programa la propuesta de la Plataforma Carta contra el Hambre que presupuesta en 78 millones, tan sólo un 1.8% del presupuesto total del Ayuntamiento. En 2014 hubo 400 millones de superávit, o más bien de recortes en derechos que fueron a pagar la deuda del Ayuntamiento.
Si hablamos de pobreza energética hay distintas vías de evitar el incremento de muertes en la estación invernal. Estamos hablando de una tasa de mortalidad adicional de 24.000 personas en el Estado español. Por supuesto, ampliar el bono social que en la actualidad tiene un alcance restrictivo. Apostar por aumentar la calidad energética de los edificios, medidas de ahorro y aislamiento, ayudarán al ahorro de energía y a controlar el gasto. Mientras tanto, a corto plazo, con 55 millones de euros se puede pagar íntegramente las facturas de 250.000 familias que tienen cortado el suministro por impagos. Hay que recordar que las compañías cobran por la reconexión a la red, por lo que si una familia tiene problemas para pagar un recibo de luz, la posibilidad de poder pagar la reconexión se aleja, la empobrece aún más.Aumentando así el ciclo que lleva a la exclusión social.
Y sin duda la paralización de desahucios de primera vivienda, sin alternativa habitacional. La administración local tiene el deber de poner poner todos los recursos de los que disponga al servicio de garantizar que ninguna famila se va a ver en la calle por no disponer de una renta suficiente: recursos mteriales (vivienda publica disponible), recursos políticos e institucionales (capacidad de negocación con las entidades financieras, etc). Merecen especial atención los desahucios que se vienen produciendo en la Empresa Municipal de la Vivienda, que consideramos inadmisibles. La EMV no puede, en ningún caso, dejar familias en la calle, si su fin social es garantizar el derecho a la vivienda recogido en la constitución. Entendiendo además, que la protección de los menores es una prioridad, no por ello podemos abandonar a su suerte a las familias diversas que no tengan menores a su cargo o a personas que vivan solas. En Madrid hay alrededor de 178.377 viviendas vacías.
Estas cifras señalan de qué modo y con que intensidad han atacado las políticas de austeridad y ajústese a amplios sectores de la población que se han visto sometidas a situaciones de mayor exclusión y vulnerabilidad. En Madrid existen 117.000 familias cuyos ingresos medios se sitúan por debajo de 339 euros/mes.Las instituciones tienen la responsabilidad de desarrollar políticas públicas que garanticen los derechos humanos. No podemos esperar al voluntarismo personal o la caridad de alguna organización que solucione la situación de unas pocas familias. Un plan de choque ante la emergencia social que vivimos se plantea como una necesidad crucial, que no sólo sirva para aquellas que están en riesgo de exclusión social, sino que sitúe los cauces para reducir la desigualdad social.
Para los primeros 100 días de gobierno nos parece posible, y para nada descabellado, usar los recursos municipales al servicio de las personas. Un cambio de políticas públicas necesario ante la situación descrita. Ante todo, un ejercicio de responsabilidad y un compromiso que apela al conjunto de fuerzas políticas, agentes sociales y mas allá: a toda la ciudadanía.
