Un esqueleto de cristal para el CNI

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“Todo cuanto el judío acaudille económicamente, es un problema moral, o mejor dicho inmoral”

Una democracia no puede admitir cualquier premisa ni mucho menos vulnerar la ley para comprobarla. Pocos de los que hoy día conducen un Ford a toda mecha sabrán que el padre de su vehículo, Henry Ford, escribió una obra furibundamente antisemita, racista, totalitaria, “El judío internacional” y que declaraba en entrevistas asumir el contenido de los llamados Protocolos de los sabios de Sión. Pero sí, el industrial daba pábulo a un libelo, utilizado al ritmo por Goebbels y de Hitler, que contenía el delirio de que los judíos llevaban a cabo sacrificios de bebés humanos. Ante tal cuestión ¿qué hacer sino masacrar a la raza infame?

Vengo a traer el ejemplo histórico de que no toda justificación tiene valor ni es asumible. Primero debe ser plausible, real, haber indicios de la misma y, finalmente, debe ser comprobable. No toda justificación vale. No valía contra los judíos y, desde luego, tampoco vale contra los independentistas catalanes. Me he quedado de piedra leyendo en un diario afecto a la oposición, que les han filtrado la justificación que aparece en los autos firmados por el magistrado del Tribunal Supremo para autorizan la violación total de la intimidad del vicepresident de la Generalitat y que esta se basa en la posibilidad de que él fuera el coordinador de una nueva organización terrorista, los CDR. Si eso es como dicen, es para temblar porque significaría que un magistrado ha autorizado, sin ninguna proporcionalidad, la violación de toda la esfera de intimidad de un miembro del Gobierno catalán basándose en una premisa propia de los protocolos de Sión. Quiero decir que si los águilas del CNI le hubieran preguntado a cualquier informado, periodista o político, de la relación del líder de ERC con Tsunami Democràtic y las protestas callejeras tras la sentencia, le hubiera dado la risa floja por lo absurdo. Al parecer, según tales filtraciones, el CNI le llegó a un juez diciéndole que como las protestas costaban mucho dinero, a ver si la Generalitat iba a estar detrás y que como Aragonès era el conseller de Economía, pues que había que tomarle por asalto todo el móvil, la cámara, el micro, las cuentas bancarias, los mensajes, las llamadas, la geolocalización y toda la pesca, no fuera a ser que. 

Es absolutamente imprescindible que se proceda a la desclasificación de esos autos judiciales porque es absolutamente imprescindible que comprobemos bajo qué premisas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad se está aplicando ese arma a políticos españoles. La ministra Robles ha asegurado retadora que “está deseando” esa desclasificación y el Gobierno ha manifestado que sólo lo hará a petición de un juez. Como el juez sea el de la Audiencia Nacional llamado a servir de vía muerta al asunto, mal vamos. 

La lección verdaderamente importante de todo lo que está ocurriendo tiene que ver con los fundamentos democráticos, es decir, con la existencia de contrapesos y controles efectivos para que un instrumento necesariamente opaco del Estado no se vuelva un Estado dentro del Estado o un instrumento antidemocrático. Les dirán los sacerdotes de la nueva fe en San CNI y en sus mártires, que todo eso es antipatriótico e imposible. Esa es la gran diferencia de España. Un servicio puede moverse en zonas no iluminadas, puede ser muy práctico, pero su esqueleto debe ser transparente para poder coexistir con un estado democrático. 

Eso es tan cierto como que toda la legislación publicada en el BOE lo pretende. No podía ser de otra manera. El esqueleto y los contrapesos deben ser transparentes porque nos debe bastar con saber si el fiel de esa balanza está bien regulado y si todas las piezas están engrasadas y en su sitio correcto, sin que sea necesario conocer qué es lo que se ha pesado en sus platillos. El problema es que aquí se pretende que hasta el esqueleto legal sea oscuro. Los servicios interior y exterior no están diferenciados. El organigrama está tan poco claro que ha sido posible establecer una pugna por la protección de los teléfonos del Gobierno cuando la ley dice en su artículo 4 que es su función: “Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población”. Que si eso no incluye proteger de acciones exteriores a tu gobierno, y descubrir ataques masivos de fuente desconocida a tu población, que venga Dios y lo vea. 

Hay que actualizar esos controles democráticos. La ley utiliza como palanca el control parlamentario en su artículo 11 y deja claro que: “El Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del Congreso de los Diputados -en la forma prevista por su Reglamento, a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, presidida por el Presidente de la Cámara- la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto” y es obvio que en una frase tan endemoniada y ambigua -“la información apropiada”- la decide la Casa y que en la práctica hacer fenecer tal control. Lo mismo sucede con un control judicial que es individual y sin posibilidad de revisión por otros magistrados, lo que en la práctica nos deja en el buen criterio jurídico y democrático y en la honestidad de una sola persona que no va a ser supervisada. Pólvora del rey como ya expliqué en “Un juez como coartada”. Controles diseñados para ser escamoteados. Tenemos una legislación que sabe que en una democracia debe haber controles pero que no se fía de los llamados a controlar. Eso es lo que tenemos. 

No es así en todos los países de nuestro entorno. Los servicios exterior e interior están diferenciados. La vigilancia de la integridad territorial no es palanca que mueva per se el mundo. Las dependencias jerárquicas y la organización interna -servicio asuntos financieros, servicio de investigación general, etc.-  figuran en un organigrama público y están claras. En caso de fallo no hay que destripar todo el sistema para saber dónde está el error. Las leyes de secretos oficiales contemplan un secreto temporal y una desclasificación inmediata en un periodo tasado y asumible; los parlamentos no son fuente de sospecha. Desde el punto de vista judicial debe estructurarse un procedimiento y un sistema que asegure la aplicación de los principios básicos por más de un individuo. Hay que asegurar que en algún momento las decisiones de ese juez pueden ser revisadas. Hay que prescindir de armas como Pegasus que “per se”, por su mera forma de actuar, son anticonstitucionales y diferenciar bien qué tipo de información interna compete al espionaje y cuál debe ser meramente tratada por los servicios de información de las diferentes policías de las que disponemos y cuya actuación, finalmente, es controlada por la jurisdicción ordinaria. Es necesario poder controlar el criterio aplicado por el centro para llevar a cabo sus tareas. Y no pasa nada por decir que te han espiado, que Merkel no sólo lo dijo en público sino que llamó a Obama para quejarse de que la NSA le hubiera infiltrado a ella el móvil.

Incluso es necesario poder de algún modo controlar la constitucionalidad de las tareas encomendadas por el gobierno de turno. Como dice siempre una gran amiga: para formarse un criterio piensen siempre en que las decisiones las toma su peor enemigo, ¿vería bien que se tomaran así? ¿Qué hubiera pasado si hubiera trascendido que el CNI hubiera infiltrado con un arma como Pegasus los teléfonos de Vox? Imaginen. Y eso que a muchos la ultraderecha nos da más miedo que los independentistas sean vascos o catalanes, porque podríamos vivir con cuatro provincias menos pero no podríamos vivir sin libertad. ¿Y si gobierna Vox y declara espiables a los rojos peligrosos?

Más allá del uso político inmediato del escándalo hay todo un trabajo democrático que hacer en un campo en el que no se ha metido mano desde Aznar. Serán los complejitos de la izquierda que tiene tanta legitimidad como la derecha para proveer de controles verdaderamente democráticos a todas las instituciones del estado. En el fondo, no nos engañemos, es eso lo que se intenta cuestionar. 

“Todo cuanto el judío acaudille económicamente, es un problema moral, o mejor dicho inmoral”

Una democracia no puede admitir cualquier premisa ni mucho menos vulnerar la ley para comprobarla. Pocos de los que hoy día conducen un Ford a toda mecha sabrán que el padre de su vehículo, Henry Ford, escribió una obra furibundamente antisemita, racista, totalitaria, “El judío internacional” y que declaraba en entrevistas asumir el contenido de los llamados Protocolos de los sabios de Sión. Pero sí, el industrial daba pábulo a un libelo, utilizado al ritmo por Goebbels y de Hitler, que contenía el delirio de que los judíos llevaban a cabo sacrificios de bebés humanos. Ante tal cuestión ¿qué hacer sino masacrar a la raza infame?

Vengo a traer el ejemplo histórico de que no toda justificación tiene valor ni es asumible. Primero debe ser plausible, real, haber indicios de la misma y, finalmente, debe ser comprobable. No toda justificación vale. No valía contra los judíos y, desde luego, tampoco vale contra los independentistas catalanes. Me he quedado de piedra leyendo en un diario afecto a la oposición, que les han filtrado la justificación que aparece en los autos firmados por el magistrado del Tribunal Supremo para autorizan la violación total de la intimidad del vicepresident de la Generalitat y que esta se basa en la posibilidad de que él fuera el coordinador de una nueva organización terrorista, los CDR. Si eso es como dicen, es para temblar porque significaría que un magistrado ha autorizado, sin ninguna proporcionalidad, la violación de toda la esfera de intimidad de un miembro del Gobierno catalán basándose en una premisa propia de los protocolos de Sión. Quiero decir que si los águilas del CNI le hubieran preguntado a cualquier informado, periodista o político, de la relación del líder de ERC con Tsunami Democràtic y las protestas callejeras tras la sentencia, le hubiera dado la risa floja por lo absurdo. Al parecer, según tales filtraciones, el CNI le llegó a un juez diciéndole que como las protestas costaban mucho dinero, a ver si la Generalitat iba a estar detrás y que como Aragonès era el conseller de Economía, pues que había que tomarle por asalto todo el móvil, la cámara, el micro, las cuentas bancarias, los mensajes, las llamadas, la geolocalización y toda la pesca, no fuera a ser que. 

Es absolutamente imprescindible que se proceda a la desclasificación de esos autos judiciales porque es absolutamente imprescindible que comprobemos bajo qué premisas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad se está aplicando ese arma a políticos españoles. La ministra Robles ha asegurado retadora que “está deseando” esa desclasificación y el Gobierno ha manifestado que sólo lo hará a petición de un juez. Como el juez sea el de la Audiencia Nacional llamado a servir de vía muerta al asunto, mal vamos. 

La lección verdaderamente importante de todo lo que está ocurriendo tiene que ver con los fundamentos democráticos, es decir, con la existencia de contrapesos y controles efectivos para que un instrumento necesariamente opaco del Estado no se vuelva un Estado dentro del Estado o un instrumento antidemocrático. Les dirán los sacerdotes de la nueva fe en San CNI y en sus mártires, que todo eso es antipatriótico e imposible. Esa es la gran diferencia de España. Un servicio puede moverse en zonas no iluminadas, puede ser muy práctico, pero su esqueleto debe ser transparente para poder coexistir con un estado democrático. 

Eso es tan cierto como que toda la legislación publicada en el BOE lo pretende. No podía ser de otra manera. El esqueleto y los contrapesos deben ser transparentes porque nos debe bastar con saber si el fiel de esa balanza está bien regulado y si todas las piezas están engrasadas y en su sitio correcto, sin que sea necesario conocer qué es lo que se ha pesado en sus platillos. El problema es que aquí se pretende que hasta el esqueleto legal sea oscuro. Los servicios interior y exterior no están diferenciados. El organigrama está tan poco claro que ha sido posible establecer una pugna por la protección de los teléfonos del Gobierno cuando la ley dice en su artículo 4 que es su función: “Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población”. Que si eso no incluye proteger de acciones exteriores a tu gobierno, y descubrir ataques masivos de fuente desconocida a tu población, que venga Dios y lo vea. 

Hay que actualizar esos controles democráticos. La ley utiliza como palanca el control parlamentario en su artículo 11 y deja claro que: “El Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del Congreso de los Diputados -en la forma prevista por su Reglamento, a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, presidida por el Presidente de la Cámara- la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto” y es obvio que en una frase tan endemoniada y ambigua -“la información apropiada”- la decide la Casa y que en la práctica hacer fenecer tal control. Lo mismo sucede con un control judicial que es individual y sin posibilidad de revisión por otros magistrados, lo que en la práctica nos deja en el buen criterio jurídico y democrático y en la honestidad de una sola persona que no va a ser supervisada. Pólvora del rey como ya expliqué en “Un juez como coartada”. Controles diseñados para ser escamoteados. Tenemos una legislación que sabe que en una democracia debe haber controles pero que no se fía de los llamados a controlar. Eso es lo que tenemos. 

No es así en todos los países de nuestro entorno. Los servicios exterior e interior están diferenciados. La vigilancia de la integridad territorial no es palanca que mueva per se el mundo. Las dependencias jerárquicas y la organización interna -servicio asuntos financieros, servicio de investigación general, etc.-  figuran en un organigrama público y están claras. En caso de fallo no hay que destripar todo el sistema para saber dónde está el error. Las leyes de secretos oficiales contemplan un secreto temporal y una desclasificación inmediata en un periodo tasado y asumible; los parlamentos no son fuente de sospecha. Desde el punto de vista judicial debe estructurarse un procedimiento y un sistema que asegure la aplicación de los principios básicos por más de un individuo. Hay que asegurar que en algún momento las decisiones de ese juez pueden ser revisadas. Hay que prescindir de armas como Pegasus que “per se”, por su mera forma de actuar, son anticonstitucionales y diferenciar bien qué tipo de información interna compete al espionaje y cuál debe ser meramente tratada por los servicios de información de las diferentes policías de las que disponemos y cuya actuación, finalmente, es controlada por la jurisdicción ordinaria. Es necesario poder controlar el criterio aplicado por el centro para llevar a cabo sus tareas. Y no pasa nada por decir que te han espiado, que Merkel no sólo lo dijo en público sino que llamó a Obama para quejarse de que la NSA le hubiera infiltrado a ella el móvil.

Incluso es necesario poder de algún modo controlar la constitucionalidad de las tareas encomendadas por el gobierno de turno. Como dice siempre una gran amiga: para formarse un criterio piensen siempre en que las decisiones las toma su peor enemigo, ¿vería bien que se tomaran así? ¿Qué hubiera pasado si hubiera trascendido que el CNI hubiera infiltrado con un arma como Pegasus los teléfonos de Vox? Imaginen. Y eso que a muchos la ultraderecha nos da más miedo que los independentistas sean vascos o catalanes, porque podríamos vivir con cuatro provincias menos pero no podríamos vivir sin libertad. ¿Y si gobierna Vox y declara espiables a los rojos peligrosos?

Más allá del uso político inmediato del escándalo hay todo un trabajo democrático que hacer en un campo en el que no se ha metido mano desde Aznar. Serán los complejitos de la izquierda que tiene tanta legitimidad como la derecha para proveer de controles verdaderamente democráticos a todas las instituciones del estado. En el fondo, no nos engañemos, es eso lo que se intenta cuestionar. 

“Todo cuanto el judío acaudille económicamente, es un problema moral, o mejor dicho inmoral”

Una democracia no puede admitir cualquier premisa ni mucho menos vulnerar la ley para comprobarla. Pocos de los que hoy día conducen un Ford a toda mecha sabrán que el padre de su vehículo, Henry Ford, escribió una obra furibundamente antisemita, racista, totalitaria, “El judío internacional” y que declaraba en entrevistas asumir el contenido de los llamados Protocolos de los sabios de Sión. Pero sí, el industrial daba pábulo a un libelo, utilizado al ritmo por Goebbels y de Hitler, que contenía el delirio de que los judíos llevaban a cabo sacrificios de bebés humanos. Ante tal cuestión ¿qué hacer sino masacrar a la raza infame?