La estrecha España de Álvarez de Toledo
Cayetana Álvarez de Toledo tiene clara cuál sería su primera medida política si llegan al Gobierno en unas semanas: retirar los pinganillos del Congreso de los Diputados. Según la diputada del PP, la traducción simultánea de las lenguas españolas es un “símbolo de separación entre los españoles”. Al menos eso fue lo dijo hace unos días en una entrevista en la COPE con la solemnidad de quien anuncia la caída del Muro de Berlín. ¡Hay que derribar muros, pinganillos y fronteras! A su lado, por cierto, estaba Borja Sémper, inmutable.
Esta polémica ya tuvo su momento de gloria, como los pantalones acampanados, y ahora regresa de la mano de una diputada con tres nacionalidades porque las polémicas políticas también son cíclicas. Cuando en 2023 se aprobó la reforma del Reglamento del Congreso para permitir el uso del catalán, el euskera y el gallego, Alberto Núñez Feijóo llegó a comparar el nuevo funcionamiento de la Cámara con un “karaoke”. Vox fue más lejos y, performance patriótica mediante, dejó sus auriculares en el escaño de Sánchez. Muchos diputados populares también rechazaron utilizar los auriculares en una escenificación que convirtió el pinganillo en una especie de amenaza contra la unidad nacional. Con el paso del tiempo, como sucede con tantas polémicas presentadas por la derecha como amenazas supra existenciales, llegó la normalidad y el Congreso continuó funcionando sin ningún problema. Ni siquiera se han resquebrajado mínimamente sus cimientos. Hasta los leones de la Carrera de San Jerónimo permanecen en su sitio.
Pero aquí estamos de nuevo. De paso, y ya que volvemos a meternos en el jardín lingüístico, convendría revisar esa manida fórmula de “el castellano y las otras lenguas cooficiales”, como si unas fueran inquilinas o subalternas de la otra. La Constitución dice en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado y que las demás lenguas españolas son también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Y añade que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Vamos, que las “lenguas cooficiales” no son un mero capricho propiedad de los partidos nacionalistas.
Se puede discutir si la traducción simultánea es un gasto innecesario, aunque será por gastos innecesarios de sus señorías, pero el argumento de Álvarez de Toledo va bastante más allá de la factura de los auriculares. Lo que plantea es que escuchar en el Parlamento lenguas reconocidas y protegidas por la Constitución constituye, en sí mismo, un símbolo de separación nacional. Y, mira, el gallego no va a sobrevivir porque un diputado lo hable diez minutos en el hemiciclo dos veces al mes, pero la responsabilidad de las instituciones no consiste únicamente en tolerar esas lenguas, sino más bien en reconocerlas como parte de lo que representan. Y, sobre todo, evitar que utilizarlas se convierta poco menos que en un acto de deslealtad nacional.
Al final la pregunta que subyace bajo este nuevo resurgir de la polémica lingüística es la de siempre: ¿Quieren unas instituciones que reflejen la España que existe o unas instituciones que solo representen la España que desearían que existiera? Me gustaría que se atreviesen a proponer que se retire el inglés de Bruselas para que Feijóo no se sienta excluido después del 29N —si es que llega a La Moncloa—, pero eso, por supuesto, no pasará.