Cuando el gasto militar fortalece a otro país

En medio de la intensa actualidad política ha pasado bastante desapercibido el sorprendente hecho de que el Partido Popular haya salido a defender públicamente los postulados de la empresa estadounidense General Dynamics. Como ya sabemos, los conservadores asumieron hace años una estrategia de acoso y derribo contra el gobierno de coalición; cualquier asunto, por grave que sea, parece hacer brillar los ojos de quienes ven en toda situación una oportunidad para desgastar al gobierno progresista. Pero este reciente caso, sin embargo, contiene algunos aspectos problemáticos incluso para los propios conservadores.

Como se sabe, el gobierno español está en plena expansión del gasto militar para alcanzar el 2% del PIB que exigía la OTAN —antes de que Donald Trump elevara esa cifra al 5%—. Por muy diferentes razones esta es una decisión controvertida en la izquierda, lo que ha llevado al gobierno a rechazar el nuevo techo de gasto impuesto por Estados Unidos, pero, también, a plantear claramente una estrategia de autonomía europea que busca reducir la dependencia con respecto a Estados Unidos. Al fin y al cabo, no se trata sólo de cuánto se gasta sino también de cómo y para qué se gasta. Aunque los discursos oficiales expresan todavía un complejo equilibrio, el objetivo real es lograr que el gasto en defensa de los países europeos no dependa de la industria militar estadounidense.

¿Por qué? A nadie se le escapa que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acertó hace unas semanas al constatar que en los últimos años se ha producido una ruptura en el orden internacional basado en normas. Lo vimos en Gaza, pero especialmente en las relaciones internacionales de Estados Unidos. En Davos, Carney expresó la obviedad de que, en un mundo sin reglas, las grandes potencias pueden actuar por sí solas, pero las medianas y pequeñas no tienen ese privilegio. Su propuesta fue la de ampliar la colaboración entre estas últimas, recordando que «un país que no puede garantizar su suministro alimentario, energético o su defensa tiene pocas opciones». Como he recordado en análisis anteriores, Canadá es uno de los países más afectados por el giro exterior de Estados Unidos hacia posiciones neomercantilistas y militaristas —por ejemplo, hasta la intervención en Venezuela, Canadá exportaba el petróleo pesado a su vecino—, pero los países europeos no lo son menos —como ha demostrado el caso de Groenlandia o las afectaciones de los aranceles—. En este contexto, ampliar el presupuesto de defensa sin previamente hacer cambios estructurales implica básicamente elevar la compra de bienes y servicios estadounidenses, lo que es un negocio redondo para los norteamericanos, pero también introduce elementos de vulnerabilidad bastante obvios.

Los nuevos tiempos han conducido también a una reinterpretación de la política industrial. Ya no somos sólo los economistas heterodoxos, y especialmente los que nos formamos en Economía del Desarrollo, los que defendemos la necesidad de políticas industriales fuertes y sostenidas; ahora todos los países entienden que la política industrial es una palanca de estímulo económico y también un elemento central de seguridad nacional. La pandemia dio buena muestra de ello, cuando países como España fuimos incapaces de producir con urgencia mascarillas propias con las que proteger a la ciudadanía porque habíamos externalizado esa capacidad a terceros países, particularmente China. La producción de prácticamente cualquier bien depende de una red de transacciones internacionales que tiene sus cuellos de botella y sus puntos críticos, como ocurre con los minerales críticos que son necesarios para la fabricación de productos electrónicos y tecnologías de transición ecológica. En un mundo “normal” uno parecía tener que preocuparse únicamente por los precios; pero en un mundo “neomercantilista” y en plena crisis ecosocial el abastecimiento no está necesariamente garantizado incluso aunque haya poder adquisitivo: ya lo sufrió Japón en el año 2010 cuando sus importaciones de tierras raras fueron paralizadas por una decisión política de China. Hoy una decisión política de las grandes potencias puede llevar al colapso a economías enteras.

La Unión Europea es un proyecto con muchos déficits institucionales, pero también con muchas vulnerabilidades estructurales. Hoy en día, la Unión Europea depende críticamente de los combustibles fósiles de Rusia y Estados Unidos, de la capacidad industrial de China y otros países asiáticos, y de la capacidad militar de Estados Unidos. La única forma en la que la Unión Europea puede tener un futuro lejos de la desmembración —objetivo que persiguen las extremas derechas europeas y el propio gobierno estadounidense, como ha dejado escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional—, es reducir al máximo posible esas tres dependencias. Y eso implica hablar, sobre todo, de política industrial.

Alineado con ese planteamiento, el gobierno de España tomó la decisión de que la inversión en defensa tenía que canalizarse a través de un “campeón nacional”, esto es, de una empresa semi-pública como es Indra —donde el Estado, a través de la SEPI, controla casi un tercio del capital social—. El mensaje es claro: aunque hubiera alternativas, éstas tienen que quedar subordinadas a una operación que prioriza la autonomía frente a terceros países. Y lógicamente ha habido agraviados.

En otro tiempo el Estado tenía también una empresa pública de Defensa —la Empresa Nacional Santa Bárbara— que había creado el Instituto Nacional de Industria en los años sesenta. Sin embargo, el gobierno de José María Aznar la privatizó en el año 2001 al venderla a la estadounidense General Dynamics —una operación muy criticada por el Tribunal de Cuentas al tener finalmente un sobrecoste de más de 200 millones de euros para el erario público—. Es esta empresa, ahora privada, la que se está revolviendo contra la estrategia de autonomía estratégica planteada por el gobierno de coalición; incluso llevándolo a los juzgados a fin de intentar paralizar el proceso —lo que podría afectar a la partida completa de 14.000 millones de euros—.

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ha anunciado que seguirá presionando al gobierno para que eleve su gasto militar al 5% y además también “mediará” en el conflicto con General Dynamics —lo que debemos interpretar como un intento de cortocircuitar la estrategia general de autonomía en defensa—. Es en este contexto donde debe entenderse la posición del Partido Popular, que ha decidido alinearse con los intereses de una empresa extranjera frente a una estrategia orientada a reforzar la base industrial nacional. El resultado es contribuir, voluntaria o involuntariamente, a mantener la dependencia estructural que el gobierno pretende reducir. 

En los últimos días el PP incluso han amenazado con tomar acciones legales contra el Gobierno. Quizás es su obsesión con aprovechar cualquier tema, desde una pandemia internacional hasta la legítima discrepancia política, para intentar desgastar al gobierno progresista. O quizás sea que, sencillamente, quieren ser más papistas que el papa y, por ende, más trumpistas que Trump. Sea como sea, la consecuencia es la misma: intentar descarrilar una estrategia que debería ser compartida por todos los partidos que ahora mismo representan a un país, como España, que se encuentra ante una creciente vulnerabilidad frente a decisiones adoptadas fuera de sus fronteras, particularmente en Washington —aunque no solo—.