Ley antiterrorista para magufos y conspiranoicos
En España hoy son un mayor riesgo para la vida de los españoles los mensajes conspiranoicos, anticientíficos y negaciones de personajes como Santiago Abascal en política y periodistas cazafantasmas en los medios que el terrorismo yihadista o el de ETA. El líder de Vox dijo estos días que Pedro Sánchez quería crear una nueva pandemia con el crucero con hantavirus para que no hablemos de los casos de corrupción. Y lo dejamos pasar porque estamos acostumbrados al delirio, pero estas declaraciones que afectan a la salud pública son peligrosas. Afectan a nuestra vida de manera concreta y tenemos que tomarlas como la amenaza seria para la convivencia que son.
El discurso negacionista, conspiranoico, antiintelectualista y anticientífico cuesta vidas. Es, de forma concreta, un relato criminal. Las pseudoterapias están causando cada año entre 1.210 y 1.460 muertes en España. No estamos hablando de una situación menor. Son más muertes en un año que las que el terrorismo de ETA causó en toda su historia. Se suele poner de ejemplo que en ciertos contextos un mensaje alarmista puede ser considerado un delito, como gritar fuego en una sala abarrotada de una discoteca y provocar así una estampida que provoque muertos por aplastamiento. El problema siempre está en establecer correlación en el hecho. Pero que sea difícil no implica que no se tenga que perseguir penalmente y renunciar a hacerlo.
Durante la pandemia vivimos multitud de mensajes instando a no vacunarse, persiguiendo a los científicos o amenazando a todos aquellos que en el debate público defendían la necesidad de la vacunación para salir de la crisis. Obviamente es difícil establecer una correlación directa entre esos mensajes y las personas que pudieron ser influidas para no vacunarse. Pero es una evidencia crítica que no había rechazo relevante a las vacunas en España antes de esos mensajes asociados a la pandemia del COVID. El Instituto de Salud Carlos III realizó una encuesta entre personas no vacunadas en 2021 (más de 4 millones de adultos) y el 60% aseguró que no se vacunaría nunca. El mensaje conspiranoico en política y medios tiene consecuencias funestas sobre la vida de los demás y es un peligro para la salud pública.
Los premios Herman Cain son un producto satírico de la red que otorga este trofeo a personas que han compartido publicación seudocientífica, falsa, negacionista o antivacunas sobre el covid y acabaron muriendo. El nombre se debe a un político republicano americano que se erigió en uno de los máximos exponentes de este discurso y acabó falleciendo por la enfermedad. No tendría nada contra quien muere fruto de sus propias decisiones si no tuvieran la capacidad para difundir ese mensaje influyendo a muchas otras personas. Por eso suicidarse no es delito pero sí lo es inducir al suicidio.
Un caso creciente es el de los padres que se niegan a que se les suministre a su bebé vitamina K en las primeras horas tras el nacimiento por el déficit que suelen tener al nacer. En el caso de no suministrarla pueden sufrir hemorragias en todos sus órganos causándoles daños cerebrales severos o la muerte, lo que se conoce como EHRN tardía o enfermedad hemorrágica del recién nacido. En EEUU el caso de negacionistas de los tratamientos ha aumentado de forma exponencial desde el año 2017 a 2024, se estima que de más de cinco millones de recién nacidos analizados en EEUU al menos 200.000 no recibieron la inyección por la negativa de sus padres. Lo que supone un incremento del 77% en menos de una década. La negativa produce al menos 400 casos anuales de bebés con EHRN tardía con una mortalidad entre el 14% y el 25%.
La negativa a inyectar vitamina K a los bebés nace de un bulo extendido en redes sociales que utiliza un estudio desmentido del año 1992 que asociaba la inyección de vitamina K a un aumento de leucemia infantil. No importa que aquel estudio fuera desmentido de manera rotunda por estudios científicos serios. El estudio falso se sigue difundiendo en redes sociales generando cada vez más familias que se niegan a aplicar la inyección a sus bebés. En ese caso ya no se trata de la vida del que toma la decisión, sino de un ser humano indefenso que depende de la ignorancia de sus padres. Las sociedades liberales tienen que perseguir con diligencia todos estos discursos que niegan la ciencia y afectan de manera dramática a la vida de los demás ya sea un troll, un presentador de televisión o el líder de un partido de extrema derecha. Todos los derechos están limitados por otros de igual cumplimiento, y no se puede apelar a la libertad de expresión cuando alguien con su altavoz provoca que haya muertos haciendo creer a muchas familias que su hijo tendrá cáncer por ponerse una inyección que puede salvarle la vida.