Luz y taquígrafos

Hace más o menos cien años, el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, popularizó la frase “yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos”. Seguro que a la ministra portavoz del Gobierno, conocedora de esa anécdota, le vendrían a las mientes las palabras del político conservador en medio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes cuando rodeada de taquígrafos, los periodistas, no tuvo más remedio que sortear como pudo las desagradables preguntas sobre el tema estrella, la luz. 

Pasado el brillo de la acción humanitaria de Afganistán, la tozuda realidad enfrenta al Gobierno con ese asunto estrella y aparece el peligro de resultar estrellado, y no contra la oposición, sino en el seno de la misma coalición. No hay forma de contener el desbocado precio de la luz, así que Pedro Sánchez lo contrarresta con el anuncio de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Pero hay una pega, los números. El salario mínimo afecta directamente a una parte, no tan grande de la población; de forma indirecta, a más. Pero la subida del precio de la luz, ese imparable aumento del precio de la energía, afecta a 29 millones de clientes, no a todos, pero sí a una inmensa mayoría.

La cosa está clara, el Gobierno se desgañita diciendo que la economía muestra brotes primaverales, que los datos económicos del segundo semestre van a ser espectaculares y que el futuro es promisor. Pero, esos 29 millones de clientes eléctricos reciben sacudida tras sacudida, mes viene y mes va.

Esta semana, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se enfrentaba a una rueda de prensa desagradable. La mitad de las preguntas fueron sobre la luz. ¿Qué les pasa a estos periodistas convertidos en los nuevos taquígrafos? ¿No tienen interés por ese futuro de dicha y alegría que se abre con la recuperación y los fondos europeos? ¿Sólo les interesa la puñetera luz?

En la comparecencia la acompañan el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el de Universidades, Manuel Castells, quien se refiere a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, y al final de su exposición, muy dispuesto, dice “aquí me tienen para contestar a todas y cada una de la preguntas y los detalles que quieran conocer”. Bueno, pues no hubo oportunidad. A Castells, no le preguntó ni Dios.

La portavoz del Gobierno, experta en la materia como anterior portavoz del gobierno de la Junta de Castilla La Mancha y también portavoz regional del PSOE en la región, utiliza el viejo recurso de llamar a los periodistas por su nombre. “Adelante, Almudena”. Pero Almudena, de TVE, vaya, no pregunta al ministro de Universidades, o al de la Presidencia, que la flanquean, no, lo hace directamente a la portavoz, y directamente por el temita. La luz.

Y vaya pregunta. ¿Qué le parece que Unidas Podemos haya pedido salir a la calle para movilizarse contra la subida del precio de la luz? La portavoz se remueve en su asiento. No le gusta ni el tema, ni la pregunta. Pero echa mano de oficio y dice que ella es portavoz del Gobierno, gobierno entero. No de un cacho, del cocido entero, con todos sus sacramentos. Así que recuerda lo que dijo el día anterior la ministra del ramo Teresa Ribera, y sale como puede. 

A renglón seguido explica lo del manual, que “los indicadores económicos positivos se traduzcan inmediatamente, como no puede ser menos en un gobierno progresista, en bienestar social, en cohesión social” y puntualiza: “Tenemos la pauta completa de vacunación al 70%, y eso nos permite pensar en las grandes acciones posteriores”.

Muy interesante. Pero, no. Que, no. Que a los periodistas no les interesan las grandes acciones posteriores. Que les interesa el precio de la luz de ahora, de mañana y del mes que viene. Qué manía la de estos periodistas de preocuparse por el hoy y no por el futuro promisor.

Luego vienen más preguntas, pero sigue ahí presente el tema de la luz y la comparecencia termina entre mohines de disgusto.

Este es el problema  de gobernar, que a veces te llegan asuntos agradables y manejables, y otras veces desagradables y complicados, o complicadísimos, de gestionar con eficacia y acierto.

Y el de la luz es uno de estos y afecta a una enorme mayoría de la población. Muchos de ellos, de escasos recursos, y preocupados porque el recibo de la energía que consumen no deja de crecer. Afecta, además, al IPC, que se desboca y, por supuesto, a la cesta básica de la compra, al cogollo de los sufridos ciudadanos y electores.

Es evidente que con la luz algo hay que hacer. Pero la solución parece difícil. El Gobierno mueve ficha con esa invitación a las empresas afectadas por el recorte a la energía hidroeléctrica para que renuncien a sus concesiones. Pero, este gobierno al que acusaban de comunista y de bolivariano, tiene las manos atadas en muchos aspectos como cualquier gobierno democrático y sujeto a la normativa europea. Y, sobre todo, se ve en la necesidad de manejar un sistema energético que en los últimos decenios, con políticas gubernamentales diferentes a las de ahora, ha variado de modo ostensible.

Endesa, que junto a Iberdrola y Naturgy controla el mercado eléctrico español, nació como Empresa Nacional de Electricidad en 1944, con una clara intención de tratar de controlar un sector estratégico decisivo, el de la energía. Entonces pertenecía al INI, al Estado, hoy su accionista principal es la italiana Enel, controlada en una cuarta parte por el Estado italiano.

En Francia, Électricité de France, EDF, fue creada en los mismos años que Endesa, en 1946, y es el mayor productor eléctrico de Francia, pero también de Europa. Allí, al contrario, el Estado francés domina EDF con más del 80% del capital social. 

La ministra Teresa Ribera, que pide “empatía social” a insensibles generadores de beneficios (Endesa logró un beneficio de 491 millones de euros en el primer trimestre de 2021), habla de la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose, tal como propone el socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos. Este “sistema de concesión” o “empresa pública” permitiría al Ejecutivo “intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”, ha precisado Ribera. Pero eso parece difícil de poner en marcha en cuatro días.

Cierto que el problema de la luz es un problema heredado, de aquellos polvos…, y tal y cual. Pero que algo habrá que hacer, resulta de una meridiana claridad. Hay asuntos estructurales, decisivos, y el de la energía y su incidencia en el bolsillo de los ciudadanos, futuros electores, no es baladí. 

Esta misma semana, el secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro,  precisaba que son necesarias “medidas valientes para combatir esta subida” y añadía que “el PSOE muestra falta de ambición” en este asunto. Item más, animaba a que la “ciudadanía se tiene que movilizar y tiene que advertir para que el Gobierno se mueva en esa dirección”.

Movilización, toma de calles, revolución. Parece que esté Rajoy al frente, pero no, está Sánchez, en coalición con Podemos. Asistimos atónitos al espíritu revolucionario que inflama la vida política, y ahí aparece el “aprovechategui” de turno que diría Rajoy, investido de revolucionario, Teodoro García Egea, quien desde el Partido Popular sentencia: “Vinieron a subir los impuestos a los ricos, y rico es ahora quien pueda pagar su factura de la luz”.