Es el momento de cerrar los CIE
En pleno barrio de Aluche, a tiro de piedra de una biblioteca pública, colindando con un parque y a un kilómetro de distancia de un instituto, se erige un imponente edificio. Lugar público como los anteriores, la diferencia reside en que ahí se encierra a personas contra su voluntad por una falta administrativa y se cometen atropellos a numerosos derechos y leyes. Es uno de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros, este a la vista de todos en el centro de Madrid que marca la M-40. En la noche del martes varios internos, con valentía y dignidad, decidieron visibilizar su situación y reivindicar sus derechos: exigir esa libertad inherente a la persona para leer en esa biblioteca, pasear por ese parque o llevar a sus hijos a aquel instituto.
Que un grupo de personas se suba a la azotea del CIE de Aluche no se ha debido a la llegada a Madrid de un equipo de fútbol con ultras violentos, ni a la supuesta falta de efectivos policiales en el lugar. Lo único que les ha impulsado ha sido la denuncia de su situación en un lugar de trato inhumano cuya propia existencia vulnera los derechos humanos.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros son solo la punta del iceberg, la cara más visible y amarga de un problema mucho más amplio que encadena una violación de derechos tras otra. Empieza cuando un agente de la Policía para a una persona basándose en el perfil étnico, sigue con el encierro en el CIE y puede terminar en una deportación al país de origen. En ocasiones, incluso se prescinde del paso intermedio del CIE, deportando en menos de 72 horas.
Quienes lo sufren son nuestros vecinos, personas como uno de los internos de Aluche, asmático, al que recientemente las autoridades quitaron el 'Ventolin' sin motivo y poniendo en grave riesgo su salud, como nos han contado a SOS Racismo en una de las últimas visitas al centro. O el caso de Juan Gabriel, 'Juanga', residente desde 2007 en España. Muy querido entre sus vecinos pero deportado a México en menos de tres días. El precontrato de trabajo que tenía firmado para ser empleado en unos días quedó en papel mojado.
Nadie se salva de culpa por imponer este sufrimiento gratuito sobre las personas. El Ministerio del Interior, amo y señor de la gestión de los CIEs, tiene un dedo acusador apuntado directamente al centro de su frente como mayor responsable de la situación. Los ayuntamientos que albergan los centros y no ejercen presión por su cierre son cómplices directos de los abusos que se cometen en su suelo. Las compañías de vuelo que pelean por contratos públicos para deportar a personas contra su voluntad no pueden tener la conciencia tranquila con esa división de pasajeros entre primera clase, turista y deportado.
La Policía que ejecuta sistemáticamente paradas, detenciones y abusos de manera sospechosamente arbitraria no debería poder dormir sabiendo que cada víctima suya preferirá ser cualquier cosa en la vida, pero nunca un agente de la Policía. Los medios, como los que tachan al CIE de centro de acogida o hablan de lo sucedido en la azotea como si de una crónica terrorista se tratase, merecen su propio editorial.
Punto por punto, ha llegado el momento de revertir la situación actual y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros. Alegar desconocimiento desde las aristas institucionales, políticas, sociales y mediáticas es encubrir y apoyar lo que ocurre entre las paredes de los CIE. Culpar a otros es escurrir un bulto por el que toca exigir responsabilidades. La valentía de ese grupo subido a la azotea, con todo y nada que perder, ha transmitido bien alto y claro que es el momento de cerrar los CIE.
